Exfiscales federales exigen al DOJ permitir investigaciones locales sobre asesinatos de ciudadanos estadounidenses por agentes federales

Más de 300 exfiscales federales y expertos en derechos civiles han lanzado un llamado urgente al Departamento de Justicia para que permita a las autoridades estatales y locales investigar las muertes de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota, Renee Good y Alex Pretti, abatidos por agentes federales durante operativos migratorios.

El conflicto constitucional que sacude a Minnesota

La carta abierta, coordinada por la Alianza de Fiscales y el Instituto Vera de Justicia, representa una de las mayores movilizaciones de exfuncionarios del sistema de justicia en la historia reciente de Estados Unidos. Entre los firmantes figuran casi dos docenas de exfiscales estadounidenses que advierten sobre una «grave desviación de las normas establecidas» por el Departamento de Justicia.

«El Departamento de Justicia desempeña un papel crucial para garantizar que el pueblo estadounidense pueda confiar en que el sistema de justicia preservará nuestros valores fundamentales de vida y libertad», afirma la misiva, que ha generado un debate constitucional sobre la jurisdicción entre autoridades federales y estatales.

La situación se ha tornado particularmente tensa desde que las autoridades de Minnesota acusaron a los agentes federales de obstruir activamente sus investigaciones. La Oficina del Fiscal del Condado de Hennepin ha presentado cartas tanto al Departamento de Justicia como al Departamento de Seguridad Nacional exigiendo información sobre la muerte de Renee Good antes del 17 de febrero, mientras que el fiscal del condado, Mary Moriarty, declaró tajantemente: «El gobierno federal ha sido claro al afirmar que no está llevando a cabo una investigación sobre la muerte de Renee Good. Pero nosotros sí lo estamos haciendo».

Dos muertes, dos investigaciones federales diferentes

El Departamento de Justicia ha abierto una investigación de derechos civiles sobre el tiroteo mortal de Alex Pretti a manos de agentes federales de inmigración. Sin embargo, la administración republicana ha declarado categóricamente que no es necesaria una investigación similar sobre el asesinato de Renee Good, una decisión que ha sido calificada por expertos como «selectiva y políticamente motivada».

La discrepancia en el trato de ambos casos ha generado una creciente desconfianza pública. Un reciente sondeo de la Universidad de Quinnipiac, que consultó a 1,191 personas, reveló que el 80% de los electores encuestados considera que debería haber una investigación independiente sobre ambos tiroteos. Sorprendentemente, la mayoría de los republicanos (56%) estuvo de acuerdo con esta postura, lo que sugiere un amplio consenso bipartidista sobre la necesidad de transparencia.

La versión oficial versus la evidencia visual

La narrativa oficial presentada por funcionarios federales ha sido duramente cuestionada tras el análisis de videos que contradicen las declaraciones iniciales. La secretaria del DHS, Kristi Noem, y otros funcionarios federales denominaron a los estadounidenses disparados mortalmente como «terroristas internos» y difundieron afirmaciones que han sido desmentidas por análisis de videos independientes.

En el caso de Renee Good, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que ella había «utilizado su vehículo como arma», lo que «obligó» al oficial a temer «por su vida» y por ende, dispararle en la cabeza, el pecho y el hombro. Sin embargo, testigos presenciales y material audiovisual han puesto en duda esta versión oficial.

Días después del asesinato de Pretti, Noem declaró ante Sean Hannity, de Fox News, que ella y otros funcionarios de la administración de Trump estaban transmitiendo la «mejor información que teníamos en ese momento» sobre la balacera. «Seguiremos de cerca la investigación que lleva a cabo el FBI», agregó, aunque críticos señalan que esta declaración llegó después de que la narrativa inicial fuera desmentida.

El aparato federal responde con investigaciones internas

Un representante del DHS confirmó a Axios que una agencia dentro del DHS está respaldando la investigación del FBI sobre la muerte de Pretti, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) también está efectuando una investigación interna separada. Sin embargo, la falta de transparencia y la negativa a permitir la participación de autoridades locales ha generado crecientes críticas.

La situación se ha complicado aún más con la revelación de que el FBI, tradicionalmente visto como una agencia imparcial, está llevando a cabo investigaciones que muchos consideran insuficientes. La decisión de la administración de Trump de limitar las investigaciones estatales ha sido interpretada por expertos legales como un intento de controlar la narrativa y evitar posibles responsabilidades penales.

El impacto político y la reacción ciudadana

El caso ha tenido repercusiones políticas significativas. El presidente Donald Trump, en un intento por apaciguar las tensiones, declaró recientemente que «quizás podamos usar un toque un poco más suave», reconociendo implícitamente que la estrategia agresiva podría haber sido contraproducente.

Mientras tanto, miembros de seis caucus en el Congreso han presentado peticiones exigiendo acabar con el «reino del terror» de Kristi Noem en el DHS, acusándola de politizar las agencias de seguridad nacional y utilizarlas como herramientas de represión política.

En un movimiento que muchos interpretan como una concesión parcial, Tom Homan, zar de la inmigración, anunció que retirarán a 700 agentes de Minnesota, aunque críticos señalan que esta decisión llega demasiado tarde y no aborda las preocupaciones fundamentales sobre la rendición de cuentas y la transparencia.

El futuro de las relaciones entre autoridades federales y locales

Este conflicto representa un punto de inflexión en las relaciones entre autoridades federales y locales en Estados Unidos. Los expertos legales advierten que si el Departamento de Justicia mantiene su posición actual, podría sentar un precedente peligroso que debilite la capacidad de los estados para investigar violaciones de derechos civiles, independientemente de quién sea el perpetrador.

La carta de los exfiscales federales no solo cuestiona la decisión específica de bloquear las investigaciones en Minnesota, sino que también plantea preocupaciones más amplias sobre la independencia del sistema de justicia y la capacidad de las autoridades locales para proteger a sus ciudadanos. Como uno de los firmantes declaró bajo condición de anonimato: «Si permitimos que el gobierno federal se exima de la supervisión local cuando mata a ciudadanos estadounidenses, ¿qué impide que esto se convierta en la norma en futuras administraciones?»

La resolución de este conflicto tendrá implicaciones duraderas para el equilibrio de poder entre el gobierno federal y los estados, así como para la confianza pública en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en Estados Unidos.

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