El Gobierno argentino difundió este 24 de marzo un video institucional con motivo del aniversario del golpe militar de 1976, en el que cuestiona las políticas de memoria y reivindica una «historia completa». El material audiovisual, publicado en las redes sociales oficiales, busca poner en debate la narrativa tradicional sobre la última dictadura cívico-militar y sus consecuencias, en un contexto marcado por las movilizaciones masivas por la memoria, la verdad y la justicia.

El video, titulado «24 de marzo: Hacia una historia completa», comienza con imágenes de archivo de la época de la dictadura y de los años posteriores, alternadas con testimonios de personas que vivieron esos años desde distintas perspectivas. Entre ellas, se incluyen familiares de desaparecidos, ex militares, y representantes de organizaciones políticas y sociales. La voz en off invita a «reflexionar sobre todos los hechos» y a «evitar la simplificación de la historia».

«Es necesario reconocer la complejidad de los hechos y evitar la polarización», afirma el relato. «La historia no se construye solo desde un lado. El dolor de unos no puede ser la excusa para negar el dolor de otros». Esta frase ha generado controversia, ya que muchos sectores de derechos humanos la interpretan como una equiparación entre las víctimas de la dictadura y los miembros de las fuerzas de seguridad o militares que participaron en la represión ilegal.

El video también hace referencia a la «violencia política» previa al golpe, aludiendo a acciones de grupos armados de izquierda durante los años 70. Sin embargo, no menciona explícitamente el terrorismo de Estado, la existencia de centros clandestinos de detención, ni la sistematicidad de los crímenes cometidos por el aparato represivo. En cambio, destaca la necesidad de «superar los odios» y «construir un futuro en común».

La difusión del video coincidió con las tradicionales movilizaciones por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que este año volvieron a convocar a cientos de miles de personas en todo el país. En Buenos Aires, la Plaza de Mayo y sus alrededores se llenaron de manifestantes que portaban pañuelos blancos y pancartas reclamando «30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre».

Organizaciones de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, y organismos como el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), rechazaron de inmediato el mensaje oficial. «Es un intento de relativizar los crímenes de lesa humanidad y de instalar una falsa equidistancia», señaló una vocera de Madres de Plaza de Mayo. «No puede haber dos verdades cuando se trata de delitos de lesa humanidad. Hubo víctimas y victimarios. Punto».

Desde el oficialismo, se defendió la difusión del video como un gesto de «reconciliación nacional». «No se trata de negar lo que pasó, sino de entender que la historia es compleja y que todos tenemos algo que aportar», declaró un vocero presidencial. «Queremos cerrar heridas, no abrirlas».

El debate sobre la narrativa de la dictadura no es nuevo en Argentina. Desde hace años, sectores conservadores y revisionistas históricos cuestionan la cifra de 30.000 desaparecidos, promueven la teoría de los «dos demonios» y reclaman la «paz» para los represores. El actual Gobierno, liderado por Javier Milei, ha mantenido un perfil ambiguo sobre estos temas, criticando el «indulgentismo judicial» y defendiendo la «revisión de condenas».

En el ámbito académico, historiadores y cientistas sociales advirtieron sobre los riesgos de relativizar el pasado. «La dictadura no fue un conflicto entre dos bandos violentos, sino un proceso de exterminio planificado por el Estado», afirmó la historiadora Claudia Feld. «Introducir dudas sobre la verdad histórica es un retroceso en materia de derechos humanos».

El video institucional, que ya superó las 200.000 reproducciones en YouTube y se volvió viral en redes sociales, generó reacciones polarizadas. Mientras algunos usuarios lo elogiaron como un «gesto valiente», otros lo acusaron de «negacionismo encubierto». El debate se trasladó también a los medios de comunicación, donde columnistas y editorialistas se pronunciaron a favor y en contra de la iniciativa oficial.

En paralelo, las movilizaciones por la memoria continuaron desarrollándose con normalidad. En cada ciudad, los manifestantes reclamaron justicia por los crímenes de la dictadura, repudiaron el intento de «reescribir la historia» y reafirmaron el compromiso con los derechos humanos. «No nos callan más», fue una de las consignas más coreadas.

El 24 de marzo de 2025 quedará marcado por esta tensión entre el mensaje oficial y la respuesta de la sociedad civil. Mientras el Gobierno busca instalar una nueva narrativa sobre el pasado reciente, las organizaciones de derechos humanos y amplios sectores de la población se mantienen firmes en la defensa de la verdad histórica y la memoria colectiva.

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