Haití vuelve al abismo político tras el fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición: las pandillas controlan el país y la élite política calla

El reloj marcó la medianoche del 7 de febrero de 2026 y, con ella, se agotó oficialmente el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT) en Haití. Lo que debía ser un puente hacia la estabilidad democrática se convirtió en un mero paréntesis en la profunda crisis que asola al país caribeño. Hoy, Haití vuelve a sumergirse en un limbo político que amenaza con profundizar aún más el control territorial y social que ejercen las bandas armadas sobre casi toda la nación.

Desde Puerto Príncipe hasta los municipios más recónditos, el vacío de poder es palpable. Las pandillas, que ya controlaban cerca del 80 % del territorio nacional según informes de la ONU, han aprovechado la incertidumbre institucional para reforzar su dominio. Barrios enteros viven bajo el yugo de líderes criminales que imponen sus propias reglas, cobran «impuestos de guerra» y deciden quién vive o muere. La violencia no cesa: asesinatos, secuestros, violaciones y desplazamientos forzados son moneda corriente en un escenario donde el Estado prácticamente ha desaparecido.

El CPT, instalado en abril de 2024 con el apoyo de la comunidad internacional, debía ser la solución a la crisis desatada tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por la inacción, las disputas internas y la falta de consenso. «El silencio de los miembros del consejo se debe a que vieron que no hicieron nada», afirma Aland Cadet, profesor universitario y reconocido analista político haitiano. «Se dieron cuenta de que no lograron construir un camino viable hacia la transición, y prefirieron no decir nada antes que admitir su fracaso», añade Cadet, quien ha seguido de cerca el devenir político del país.

La comunidad internacional, que en su momento respaldó la formación del CPT, ahora observa con preocupación el desenlace. La ONU, la OEA y países como Estados Unidos y Canadá han expresado su inquietud, pero sus llamados a la unidad y al diálogo parecen caer en saco roto. Mientras tanto, la población haitiana sufre las consecuencias de un liderazgo político ausente y una seguridad que se desmorona día a día.

La situación humanitaria es crítica. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), más de 5 millones de personas —casi la mitad de la población— necesitan asistencia urgente. El acceso a alimentos, agua potable, medicamentos y servicios básicos es cada vez más limitado. Los hospitales operan al límite de su capacidad, y en muchas zonas rurales la ayuda internacional no llega por el control de las bandas armadas.

El analista político Aland Cadet insiste en que el problema no es solo de seguridad, sino de legitimidad. «El CPT nunca tuvo el respaldo real de la gente. Fue una solución impuesta desde afuera, sin un verdadero consenso nacional. Cuando eso sucede, el fracaso es inevitable», explica. Para Cadet, el futuro inmediato de Haití depende de la capacidad de la sociedad civil y de las fuerzas vivas del país para articular una respuesta que supere los intereses partidistas y las lógicas clientelares que han caracterizado la política haitiana por décadas.

Mientras tanto, en las calles de Puerto Príncipe, el miedo se ha instalado como un huésped permanente. Los comerciantes cierran temprano, las escuelas funcionan de manera intermitente y el transporte público es un riesgo constante. La economía, ya de por sí frágil, se contrae aceleradamente. La inflación supera el 30 %, y el gourde, la moneda local, se devalúa sin tregua.

En este contexto, el silencio de los miembros del CPT es interpretado por muchos como una huida cobarde. «Se fueron sin dejar un plan, sin dejar esperanza. Nos abandonaron en el momento más difícil», dice Marie Michèle, una residente del barrio de Cité Soleil, uno de los más afectados por la violencia de las pandillas. «Nos sentimos solos, abandonados por todos», añade entre lágrimas.

La pregunta que se hacen ahora haitianos y observadores internacionales es: ¿qué sigue? ¿Habrá nuevas elecciones? ¿Se formará otro gobierno interino? ¿O Haití seguirá a la deriva hasta que una fuerza externa intervenga? Por ahora, las respuestas brillan por su ausencia.

Lo cierto es que el país necesita más que nunca un liderazgo que una, que reconstruya la confianza y que enfrente de frente el desafío de las pandillas. Pero para lograrlo, se requiere primero un mínimo de estabilidad política y legitimidad. Sin eso, cualquier esfuerzo estará condenado al fracaso.

Mientras el mundo observa con creciente preocupación, Haití se debate entre la desesperanza y la resistencia. La historia del país caribeño está marcada por la resiliencia de su pueblo, pero también por la tragedia recurrente de una élite política incapaz de poner los intereses nacionales por encima de sus propias ambiciones.

El fin del CPT no es solo el cierre de un capítulo; es el inicio de un período de incertidumbre que podría ser el más peligroso de los últimos años. La comunidad internacional, los actores políticos internos y la sociedad civil tienen la responsabilidad de no permitir que Haití caiga en un abismo del que ya no pueda salir.

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