Airbnb afronta la segunda mayor multa de Consumo en España: 64 millones por anunciar pisos turísticos sin licencia

La plataforma de alquiler vacacional Airbnb se enfrenta a una sanción de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, lo que la convierte en la segunda multa más alta de la historia de este departamento, solo superada por los 108 millones impuestos a Ryanair por prácticas abusivas en el cobro del equipaje de mano.

La sanción, notificada en diciembre, se basa en la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin la licencia correspondiente, una práctica que el Gobierno considera una amenaza directa al derecho constitucional a la vivienda. La medida se enmarca en la ofensiva del Ejecutivo contra el turismo masivo y la especulación inmobiliaria, que ha provocado una reducción histórica del 12,4% en el número de pisos turísticos en España durante el último año, situándose por debajo de los 330.000 alojamientos por primera vez en tres años.

Airbnb confía en revertir la sanción

En su informe anual remitido a la SEC, la Comisión del Mercado de Valores estadounidense, Airbnb se muestra optimista sobre el desenlace del litigio. La compañía, con sede en California, asegura que «ha cuestionado la multa y la aplicabilidad de estas normas a los anuncios de corta duración, y cualquier pérdida potencial no es probable ni estimable en este momento».

Fuentes de la empresa, que ya anunció su intención de recurrir la sanción, argumentan que la medida es «contraria al marco legal español y europeo». Desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre alquileres de corta duración el 1 de julio, Airbnb afirma haber colaborado activamente con el Ministerio de Vivienda, logrando que más de 70.000 anuncios añadieran un número de registro y, por tanto, sigan disponibles para reservar en la plataforma.

La defensa de Airbnb se apoya en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de septiembre de 2023, que, según la compañía, deja sin base legal las acciones del Ministerio de Consumo. «No existían obligaciones para las plataformas de mostrar el número de registro turístico hasta el 1 de julio de 2025, esto es, un año más tarde del requerimiento de Consumo», argumentan. Además, subrayan que «la obligación de las plataformas de garantizar que los anuncios muestran el número de registro se incorporó en esta nueva normativa, por lo que no era aplicable cuando se inició esta contienda en 2024, un año antes de la entrada en vigor de las mencionadas obligaciones a plataformas».

El Gobierno defiende su cruzada contra el turismo descontrolado

Desde el Ministerio de Consumo, la postura es diametralmente opuesta. El departamento de Bustinduy justifica la sanción en su «voluntad de salvaguardar y proteger el derecho constitucional a la vivienda, erradicando las prácticas especulativas y lesivas que están asfixiando a las familias trabajadoras en España». El ministro recordó recientemente el requerimiento hecho a Airbnb para que retirara hasta 65.000 anuncios de pisos turísticos, celebrando al mismo tiempo la caída récord del parque de viviendas dedicadas al alquiler vacacional.

La multa se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y las plataformas digitales, que el Ejecutivo acusa de contribuir a la especulación inmobiliaria y la gentrificación de zonas turísticas. La medida ha sido aplaudida por colectivos vecinales y partidos de izquierda, pero criticada por el sector turístico, que alerta sobre el impacto en la economía y el empleo.

Airbnb mantiene su fortaleza financiera pese a la amenaza

A pesar de la gravedad de la sanción, Airbnb proyecta ningún impacto significativo sobre sus cuentas. La compañía cerró 2023 con unos beneficios de 2.511 millones de dólares (2.117 millones de euros), un 5% menos que el año anterior, pero impulsó su facturación un 10% hasta los 12.241 millones de dólares (10.320 millones de euros). Para 2024, la empresa espera mantener el ritmo de crecimiento con un aumento de ingresos de al menos dos dígitos.

El pulso entre el gigante tecnológico y el Gobierno español se presenta como un caso testigo para el futuro de la regulación del turismo y el alquiler vacacional en Europa. Mientras Airbnb prepara su recurso, el Ministerio de Consumo reafirma su compromiso de «proteger el derecho a la vivienda» y anuncia nuevas medidas para frenar la conversión de pisos de alquiler tradicional en alojamientos turísticos.

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