Patxi Jagoba Bengoa Lapatza Kortazar consigue plaza de funcionario con euskera como único requisito obligatorio tras recurso del PP contra cesión de Sánchez al PNV

La Oficina de Gestión de Concursos de Acceso a la Función Pública del País Vasco ha concedido este viernes una plaza de carácter «habilitación nacional» a Patxi Jagoba Bengoa Lapatza Kortazar, un candidato que ha superado todas las pruebas selectivas de un proceso convocado por el Departamento de Educación del Gobierno vasco. Lo que convierte esta noticia en un suceso de especial relevancia no es solo el nombramiento en sí, sino el contexto lingüístico y político que rodea al proceso: el euskera ha sido el único filtro obligatorio, y el nivel exigido corresponde al máximo certificado oficial, el C1.

El anuncio llega apenas semanas después de que el Partido Popular presentara un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la cesión de competencias lingüísticas acordada en 2024 entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PNV. En aquel pacto, el Ejecutivo central se comprometía a permitir que las administraciones vascas pudieran exigir el dominio del euskera como requisito para el acceso a determinados empleos públicos, siempre que se tratara de puestos en los que el conocimiento de la lengua resultara esencial para el desempeño de las funciones.

El caso de Bengoa Lapatza Kortazar es, por tanto, una demostración práctica de cómo esa cesión ya está operando sobre el terreno. El aspirante, nacido en el municipio de Tolosa y licenciado en Filología Vasca por la Universidad del País Vasco, presentó su solicitud en el marco de una convocatoria específica para cubrir plazas docentes en ikastolas (colegios en euskera) y centros bilingües. La prueba de idioma consistió en un examen oral y escrito de comprensión y expresión, evaluado por un tribunal de tres expertos lingüistas. Solo quienes alcanzaban el nivel C1 eran admitidos a la fase de oposición, que valoraba méritos académicos y experiencia previa.

El proceso selectivo ha sido supervisado por la Dirección de Política Lingüística, dependiente del Ejecutivo vasco, que ha defendido que la medida responde a la «necesidad de garantizar la supervivencia y normalización del euskera en espacios educativos y administrativos». Fuentes del departamento han recordado que el euskera es cooficial en el País Vasco junto al castellano, y que su protección está amparada por el Estatuto de Gernika y por la Ley de Normalización Lingüística.

Sin embargo, el recurso del PP ante el Constitucional cuestiona la legalidad de la cesión, argumentando que imponer el euskera como único requisito obligatorio vulnera el principio de igualdad y el derecho constitucional a la no discriminación por razón de lengua. El partido alega que, si bien el euskera goza de reconocimiento oficial, su imposición como barrera de entrada a la función pública podría excluir a ciudadanos de otras comunidades autónomas o de origen no vasco, afectando a la libre circulación de trabajadores.

En el bando contrario, el PNV y otros partidos nacionalistas vascos han defendido que la medida es «proporcional y necesaria» para la preservación de la lengua minorizada, y han recordado que el euskera lleva siglos en riesgo de desaparición por la presión del castellano. Además, han subrayado que la exigencia del C1 no es un capricho burocrático, sino el nivel mínimo para impartir docencia en euskera de forma fluida y comprensible.

El nombramiento de Bengoa Lapatza Kortazar, que ahora deberá prestar juramento de acatamiento a la Constitución y a los estatutos vascos, ha sido celebrado por asociaciones de defensa del euskera, que lo consideran «un paso más hacia la normalización lingüística». Sin embargo, también ha generado críticas entre colectivos que ven en la medida una «barrera lingüística» que podría profundizar la división entre vascoparlantes y no vascoparlantes.

Mientras el Constitucional estudia el recurso del PP, el Departamento de Educación ha anunciado que mantendrá abiertas nuevas convocatorias bajo el mismo criterio lingüístico, lo que anticipa que casos como el de Bengoa Lapatza Kortazar se multiplicarán en los próximos meses. El debate sobre el papel del euskera en la función pública sigue, por tanto, abierto, y su desenlace podría tener repercusiones en otras comunidades con lenguas cooficiales, como Cataluña o Galicia.

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