El Congreso salvadoreño aprueba reforma constitucional impulsada por Bukele que permite la cadena perpetua

El Pleno Legislativo de El Salvador aprobó este miércoles una reforma constitucional que elimina el límite de 30 años de prisión para ciertos delitos graves, abriendo la puerta a la cadena perpetua en el país centroamericano. La iniciativa, impulsada por el presidente Nayib Bukele y parte de su política de «mano dura» contra el crimen organizado, fue aprobada con 70 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, tras una sesión que se extendió por más de seis horas.

La reforma modifica el artículo 27 de la Constitución, que hasta ahora establecía que ninguna pena de prisión podía exceder los 30 años. Con el cambio, delitos como el homicidio agravado, la violación agravada, el feminicidio y la trata de personas podrán ser castigados con penas de hasta 50 o 60 años, dependiendo de la gravedad y reincidencia. La propuesta también contempla que, en casos excepcionales, se pueda imponer una condena sin límite temporal, lo que en la práctica equivaldría a la cadena perpetua.

La iniciativa fue defendida por diputados oficialistas como «un mensaje contundente contra la impunidad» y «un instrumento legal para garantizar que los criminales más peligrosos nunca vuelvan a las calles». El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, argumentó que la medida busca «proteger a las víctimas y evitar que asesinos y violadores recuperen su libertad tras cumplir una condena simbólica».

Sin embargo, la reforma ha generado un fuerte debate en la sociedad salvadoreña y en la comunidad internacional. Organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, han criticado la medida, advirtiendo que viola principios del derecho internacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe las penas de prisión perpetua. Expertos legales también han señalado que la reforma podría generar problemas de constitucionalidad y aumentar la sobrepoblación carcelaria en un país donde las cárceles ya operan al 300% de su capacidad.

El presidente Bukele, que ha concentrado un amplio apoyo popular gracias a su estrategia de seguridad, defendió la reforma a través de sus redes sociales, afirmando que «los criminales que atacan a los más vulnerables no merecen una segunda oportunidad». Su posición ha sido respaldada por una mayoría de la población, según encuestas recientes, que aprueban su gestión en materia de seguridad, a pesar de las críticas por el impacto en las libertades civiles.

La reforma aún debe ser ratificada en una segunda votación, prevista para el próximo mes de abril, y luego ser sometida a referéndum popular. Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos sigue abierto en El Salvador, un país que en los últimos años ha logrado reducir significativamente los índices de violencia, pero a costa de un endurecimiento sin precedentes de su sistema penal.

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