San Salvador, El Salvador – En un giro que ha sacudido al continente americano, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles una reforma constitucional impulsada por el presidente Nayib Bukele que establece la cadena perpetua para «homicidas, violadores y terroristas», profundizando aún más el modelo penal más represivo de la región.

La iniciativa, bautizada como «Ley de Prisión Perpetua Revocable», fue aprobada con 67 votos a favor, 16 en contra y 21 abstenciones. El texto modifica 11 artículos de la Constitución de la República y endurece las penas para delitos considerados de alta gravedad, incluyendo la posibilidad de mantener a los condenados en prisión de por vida, sin posibilidad de libertad condicional.

La reforma también amplía la definición de terrorismo y crea nuevas figuras delictivas vinculadas a la delincuencia organizada, lo que, según expertos, podría incluir a activistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales críticos del régimen.

Para el representante del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, Samuel Ramírez, la aprobación de la reforma es un paso peligroso: «Esto abre la puerta para que puedan incluirse trabajadores de derechos humanos y líderes sociales. No se trata solo de criminales, se trata de criminalizar la protesta y la disidencia».

La reforma se aprueba en un contexto de creciente represión en El Salvador, donde desde marzo de 2022 rige un régimen de excepción que ha permitido la detención de más de 75.000 personas sin orden judicial, según datos oficiales. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas bajo este régimen.

El presidente Bukele, reelecto en febrero con más del 80% de los votos en un proceso cuestionado por la oposición y observadores internacionales, defendió la medida en sus redes sociales: «La seguridad de los salvadoreños es lo primero. Los criminales no tendrán piedad, ni compasión. El que la hace, la paga».

La aprobación de la reforma ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores conservadores y familias de víctimas del crimen la celebran como un triunfo contra la inseguridad, activistas y expertos en derechos humanos la califican como un retroceso democrático y una amenaza a las libertades civiles.

«Esto no es justicia, es venganza institucionalizada», dijo la abogada defensora de derechos humanos, Marta Elena Rodríguez. «El Estado no puede convertirse en verdugo. La cadena perpetua es una pena inhumana que viola tratados internacionales de los que El Salvador es signatario».

La reforma aún debe ser ratificada en una segunda votación dentro de un año para entrar en vigor. Mientras tanto, organizaciones civiles y partidos de oposición anunciaron que impugnarán la medida ante la Corte Suprema de Justicia y organismos internacionales.

El debate sobre la reforma también ha llegado a las redes sociales, donde hashtags como #BukeleDictador, #ElSalvadorSeguro y #CadenaPerpetua se han vuelto tendencia, reflejando la polarización del país.

Con esta decisión, El Salvador se une a un grupo reducido de naciones que mantienen la cadena perpetua como pena legal, entre ellas Estados Unidos, China y Corea del Norte. La medida, sin embargo, ha sido criticada por la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consideran que viola el derecho a la rehabilitación y la reinserción social.

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