La batalla interna del Gobierno por el control horario: Trabajo acusa a Economía de boicotear el reglamento

El Ministerio de Trabajo, liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha vuelto a sacudir los cimientos del Ejecutivo en coalición en las últimas horas. Después del tenso episodio de la semana pasada, cuando Sumar se ausentó del Consejo de Ministros para presionar por medidas sobre vivienda, este martes la cartera social ha abierto un nuevo frente de conflicto contra el Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo.

El detonante ha sido el informe desfavorable emitido por el Consejo de Estado sobre el reglamento del registro horario, la única vía que le queda a Trabajo para materializar parte de la reforma de la reducción de jornada laboral que quedó bloqueada en el Congreso el pasado septiembre. Fuentes de Trabajo acusan directamente a Economía de querer torpedear una medida que figura en el acuerdo de gobierno de 2023 entre PSOE y Sumar, y advierten de que el reglamento seguirá adelante pese a las críticas, ya que el dictamen del Consejo de Estado no es vinculante.

El Consejo de Estado arremete contra el reglamento

El informe conocido este lunes, de 50 páginas, reconoce el objetivo loable de la norma —evitar las horas extra impagadas mediante un sistema digital interoperable— pero lo cuestiona en aspectos clave. Entre ellos, la falta de un análisis riguroso de su impacto económico, la supuesta invasión de terreno legislativo por parte de un mero reglamento, la falta de adaptación a las particularidades sectoriales y las dudas sobre la protección de datos de los trabajadores.

Trabajo considera el dictamen «demoledorde y extravagante», y lo achaca a una campaña de lobbies empresariales y a informes previos de Economía, Función Pública y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que, a su juicio, parten de prejuicios propios del siglo XX. Aunque Trabajo admite que introducirá matizaciones para reforzar garantías, como en materia de protección de datos, asegura que no cambiará el fondo de la norma.

Díaz apunta directamente a Cuerpo y a la «doctrina ortodoxa»

En una entrevista en la Cadena SER, Yolanda Díaz fue contundente al señalar a Carlos Cuerpo como responsable de «suscribir» informes que se posicionan «no contra el registro horario, sino contra la reducción de jornada». «En un país en el que se realizan 2,5 millones de horas sin pagar, que el Ministerio de Economía se coloque del lado de las patronales es inaudito», denunció.

Díaz también cargó contra la «doctrina ortodoxa» que impera en los ministerios de Economía y recordó que Cuerpo fue «el número dos» de la exvicepresidenta Nadia Calviño, con quien siempre mantuvo profundas discrepancias. «Los ministerios de Economía están conformados en una doctrina ortodoxa», subrayó.

Economía defiende una «implantación equilibrada»

Por su parte, Carlos Cuerpo evitó entrar en el choque directo con Díaz tras el Consejo de Ministros. «Estamos convencidos y compartimos la importancia del objetivo que persigue esta medida», afirmó, antes de recalcar la necesidad de una «implantación equilibrada» que garantice la adopción de la regulación, «en particular para nuestras pymes».

Fuentes de Trabajo interpretan las críticas de Economía y Función Pública como la expresión de una oposición frontal de un sector del PSOE a la reducción de jornada. Aseguran que esa batalla interna ya se libró en su día en el seno del Gobierno, y que el presidente Pedro Sánchez se posicionó a favor de cumplir el pacto de coalición. «Ya fue una batalla campal antes de llegar al Consejo de Ministros», reconoció Díaz en la SER, antes de afirmar que Sánchez la zanjó «y se comprometió con su país».

Una medida estrella que se resiste a morir

Sumar apostó toda esta legislatura por la reducción de la jornada laboral. Era la medida estrella de su programa electoral en las generales de julio de 2023 y fue incorporada al acuerdo de coalición tras intensas negociaciones. Aunque las derechas de PP, Vox, Junts y UPN tumbaron su aprobación en el Congreso en septiembre pasado, Trabajo anunció entonces que aprobaría el registro del control horario por vía reglamentaria, sin necesidad de convalidación parlamentaria.

La patronal CEOE inició entonces una campaña para denunciar que esa regulación invade el terreno legislativo. Ahora, con el informe desfavorable del Consejo de Estado, Trabajo anticipa una batalla legal en los tribunales. La aprobación del reglamento, previsible en las próximas semanas, podría ser la vigésimo quinta norma de Trabajo esta legislatura, pero también el inicio de un contencioso que enfrentará al Gobierno con el poder empresarial y una parte de sus propios socios.

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