El régimen cubano intensifica la represión: más de 390 acciones contra activistas en enero, según el OCDH

La escalada de violencia institucional en la isla no cede. Según el último informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el mes de enero de 2025 cerró con al menos 390 acciones represivas documentadas, un número que evidencia la creciente inquietud del gobierno ante el riesgo de nuevas manifestaciones populares. Entre los casos registrados se cuentan detenciones arbitrarias, hostigamientos domiciliarios, amenazas verbales, interrogatorios sin orden judicial y agresiones físicas contra opositores, periodistas independientes y familiares de presos políticos.

El informe, elaborado a partir de testimonios directos y cruce de fuentes dentro y fuera de la isla, revela que la mayoría de las intervenciones se concentraron en La Habana, Santiago de Cuba y Holguín, aunque se reportaron episodios en al menos 12 provincias. En varios casos, las fuerzas de seguridad emplearon «operativos de cerco» para impedir que activistas abandonaran sus hogares y participaran en marchas o concentraciones. El OCDH destacó además que, en enero, aumentó el uso de ataques cibernéticos contra plataformas digitales de la disidencia, incluyendo el bloqueo temporal de cuentas en redes sociales y la interrupción de señales de internet móvil durante protestas.

Uno de los casos más emblemáticos documentados fue el del activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Palma Soriano, detenido durante más de 48 horas sin acceso a abogado y liberado sin cargos formales, una práctica conocida como «detención exprés» que busca amedrentar sin dejar rastro judicial. Otro episodio grave ocurrió en Centro Habana, donde un grupo de mujeres vinculadas a la campaña «Las Damas de Blanco» denunció haber sido interceptadas por agentes vestidos de civil, golpeadas y trasladadas a una unidad policial bajo cargos falsos de «desorden público».

El OCDH advierte que este aumento en la represión no es casual: el régimen percibe un clima de descontento creciente alimentado por la crisis económica, los apagones eléctricos recurrentes y la escasez de alimentos y medicinas. Fuentes internas citadas por el observatorio señalan que, en los últimos días de enero, las autoridades reforzaron el despliegue de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y de las Brigadas de Respuesta Rápida en zonas consideradas sensibles, como universidades y barrios con historial de protestas.

En paralelo, el gobierno mantiene un discurso oficial que vincula a la disidencia con «planes desestabilizadores» financiados desde el exterior, una narrativa repetida en los medios estatales para justificar la represión. Sin embargo, el OCDH rechaza este argumento y recalca que las movilizaciones son espontáneas y responden a demandas legítimas de libertad y mejores condiciones de vida.

Internacionalmente, la situación ha generado condenas de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que urgen a la comunidad internacional a mantener presión sobre La Habana. La Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos han expresado su «profunda preocupación» y reclamado la liberación inmediata de presos políticos, aunque por ahora no se han anunciado nuevas medidas concretas.

Para el OCDH, el dato más preocupante es que enero de 2025 registra el mayor número de acciones represivas para un primer mes del año desde 2021, cuando estallaron las históricas protestas del 11J. Esa coincidencia temporal no pasa desapercibida: el régimen parece empeñado en impedir a toda costa la repetición de un escenario que lo tomó por sorpresa hace cuatro años.

El observatorio concluye su informe con un llamado a la solidaridad global y a la documentación rigurosa de cada violación, subrayando que la visibilidad internacional sigue siendo una de las pocas herramientas con que cuentan los cubanos para contrarrestar la impunidad.

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