La patronal catalana se ha lanzado a una cruzada contra el absentismo laboral que, lejos de ser una mera preocupación por la productividad, esconde un peligroso plan para privatizar el control de la salud de los trabajadores. Con datos sesgados y un discurso alarmista, el llamado «coste insostenible» del absentismo se convierte en el caballo de Troya para cuestionar derechos fundamentales y desviar la atención de las verdaderas causas de la enfermedad: la degradación de las condiciones laborales y el colapso del sistema sanitario público.

El absentismo como cortina de humo

El primer engaño de la patronal es expandir la definición de «absentismo» hasta incluir cualquier ausencia del trabajo, incluso aquellas amparadas por la ley: permisos sindicales, por defunción, maternidad o vacaciones. Pero la realidad es implacable: el absentismo sin cobertura legal apenas representa el 1% del total. El grueso de las ausencias se debe a incapacidades temporales prescritas por médicos, es decir, a situaciones en las que el trabajador está enfermo y tiene derecho a recuperarse. Presentar esto como un problema de «abuso» es una manipulación interesada que ataca directamente el derecho a la salud y al descanso.

Presentismo forzado: el reverso oscuro de la moneda

La patronal insiste en que las bajas aumentan cuando la economía va bien, insinuando que los trabajadores «se aprovechan». La lectura sindical es radicalmente distinta: no es capricho, es presentismo. En épocas de crisis, el miedo a perder el empleo obliga a miles de personas a acudir a trabajar enfermas. La Encuesta de Calidad y Condiciones de Trabajo revela que el 51,3% de los trabajadores ha ido a trabajar al menos un día estando enfermo. Esta asistencia forzada no solo empeora la salud individual, sino que cronifica patologías, aumenta el riesgo de contagios y multiplica los accidentes laborales. La enfermedad no es un lujo, es una consecuencia de la precariedad.

La trampa de los costes y la demora sanitaria

Otro argumento estrella es el aumento de la duración y los costes de las bajas. Aquí conviene recordar que, en los primeros días de baja, el coste lo asume casi íntegramente el trabajador, que no cobra prestación. Cataluña, con una de las incidencias de baja más altas de España, paradójicamente registra una duración media inferior a la nacional. Esto sugiere que muchos trabajadores se reincorporan sin estar plenamente recuperados, lo que provoca recaídas y alarga el problema. El cuello de botella está en la sanidad pública: a finales de 2025, más de 93.000 personas esperaban una visita de traumatología, con una media de espera de 178 días. Culpar al paciente de la ineficiencia del sistema por falta de inversión es, cuando menos, cinismo.

El peligro de privatizar el alta médica

La «solución» que propone la patronal es aún más preocupante: otorgar a las mutuas —asociaciones privadas de empresarios— el poder de dar el alta médica por contingencias comunes. Es como poner al zorro a vigilar el gallinero. La experiencia demuestra que las mutuas actúan con criterios economicistas, forzando altas prematuras, derivando enfermedades de origen laboral al sistema público y poniendo en riesgo la salud para reducir costes empresariales. La salud no puede quedar en manos de quienes tienen como prioridad el beneficio económico.

La responsabilidad empresarial silenciada

Mientras la patronal llora por los costes del absentismo, calla ante su responsabilidad en las enfermedades. Las patologías osteomusculares y mentales —causas principales de baja— están directamente relacionadas con la organización del trabajo y el envejecimiento de las plantillas. Sin embargo, la inversión en prevención es mínima: solo el 19,86% de las empresas tienen una evaluación ergonómica específica, y solo el 5,55% han evaluado los riesgos psicosociales. La prevención no es un gasto, es una inversión en salud y productividad.

Un sistema de salud en jaque

La deriva del Departament de Salut de la Generalitat es grave. Debe decidir si está del lado de la salud pública o si prefiere actuar como capataz de la patronal, aplicando una medicina que trata al paciente como sospechoso. En CCOO lo tienen claro: con la salud ni se juega ni se mercadea.

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