La revelación de secretos en Madrid desata un debate sobre la doble moral en la política

La Comunidad de Madrid ha desatado una tormenta política y mediática tras divulgar datos privados de una exconcejal de Móstoles que denunció a su alcalde por acoso sexual. La revelación de esta información sensible ha puesto en evidencia, una vez más, la profunda polarización que atraviesa el panorama político español y cómo ciertos comportamientos son juzgados de manera diametralmente opuesta según la ideología o el partido implicado.

El caso recuerda al del Fiscal General del Estado, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelar datos personales del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Ahora, sin embargo, el silencio de las asociaciones que suelen defender la legalidad y la ética política es ensordecedor. ¿Dónde están las denuncias de Manos Limpias o del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid? La pregunta retórica parece responderse sola: la justicia y la transparencia solo parecen aplicarse cuando el afectado es un rival político.

El periodista y escritor Francisco Peregil, en un artículo para El País, describe este fenómeno como la «polarización y la política de garrotazos» que Goya inmortalizó en sus Pinturas negras. En este contexto, las denuncias por acoso sexual, las revelaciones de secretos y las danas judiciales adquieren un color distinto según provengan de la izquierda o de la derecha. Las mujeres, especialmente, parecen ser las grandes perjudicadas: siempre «molestando», siempre cuestionadas, siempre solas frente al sistema.

El Partido Popular, que suele erigirse como defensor de las víctimas cuando los acusados son políticos socialistas o de Sumar, ha mostrado un rostro muy distinto en este caso. Cuando dos trabajadoras de Moncloa denunciaron a Francisco Salazar o cuando Elisa Mouliá acusó a Íñigo Errejón, el presidente Alberto Núñez Feijóo pronunció un discurso ejemplar: «Permitidme que haga una mención a las mujeres víctimas de acoso y agresiones sexuales. Merecen sentirse arropadas y les transmitimos nuestro apoyo». Impecable, sin duda.

Sin embargo, esa misma mano tendida no se ha extendido hacia la exconcejal de Móstoles. Al contrario: Feijóo ha optado por arropar al alcalde acusado y, de paso, responsabilizar a la víctima del «deber» de acudir a los tribunales. Además, el PP ha engañado al afirmar que no halló indicios de acoso, cuando en realidad los responsables del partido archivaron la denuncia sin siquiera convocar a la víctima ni llamar a los testigos. Como resume Peregil, «la verdad —queda confirmado una vez más— ha muerto».

El PSOE tampoco sale bien parado de esta historia. Francisco Salazar, hombre de Pedro Sánchez, abandonó la ejecutiva en julio, cuando se conoció la denuncia de dos empleadas, pero el partido reconoció en diciembre que «la investigación debida no se llevó a cabo». Cinco meses sin hablar con el acusado, sin profundizar en los hechos, sin ofrecer garantías a las víctimas. Otra muestra de que la hipocresía no es patrimonio exclusivo de un bando.

Lo más triste, quizá, es que esta toxicidad resida en los propios partidos que rigen nuestros asuntos públicos tras recibir nuestro voto. Las mujeres víctimas no solo deben enfrentarse a su acosador, sino también a la maquinaria de su propio partido, a la negación de un entorno intoxicado y a la indiferencia o el hostigamiento de amplios sectores de la sociedad. No habrá perdón para ellos, concluye Peregil, y quizá esa sea la única certeza en un escenario tan convulso.

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Nota: El artículo original incluye una imagen que ilustra la situación y una referencia a la obra de Francisco de Goya, subrayando la metáfora visual de la polarización política actual.

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