Trump acelera despojo de ciudadanía: 100-200 casos mensuales y $40M en deportaciones a terceros países
NUEVA YORK—La Administración Trump está implementando un agresivo plan para expandir la revocación de la ciudadanía estadounidense a personas nacidas en el extranjero, con el objetivo de procesar entre 100 y 200 casos mensuales, según reveló NBC News esta semana.
El presidente Donald Trump y su equipo buscan despojar de ese derecho a cientos de personas por mes, en línea con su agenda antimigratoria. En los últimos meses, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) habría estado enviando a expertos a sus oficinas en todo el país o reasignando personal para examinar los casos de ciudadanos que pudieran ser desnaturalizados bajo la referida categoría, confirmaron dos fuentes al medio.
Según el informe, la cuota impuesta por el Gobierno sería de entre 100 y 200 posibles casos al mes. Casos en los que se revoca la ciudadanía a nacidos en el extranjero son poco frecuentes y principalmente implican a quienes ocultaron antecedentes penales o violaciones previas de derechos humanos durante sus procesos de solicitud.
La reseña de NBC añade, citando datos del Departamento de Justicia, que durante el primer cuatrienio del republicano, las autoridades migratorias presentaron 102 casos de este tipo.
Más allá de la desnaturalización: $40 millones en deportaciones a terceros países
Además de los esfuerzos para revocar ciudadanías, la Administración Trump ha intentado sacar del país o evitar la entrada de migrantes mediante la revocación de distintas visas. En enero pasado, el Gobierno informó que, a partir del 21 de ese mes, suspendería temporalmente el procesamiento de visas de migrantes para nacionales de 75 países con base en argumentos de «carga pública».
En el primer año de su segundo mandato (2025), Trump revocó más de 85,000 visas de todas las categorías. Ese número, según el reporte de CNN que cita a un funcionario del Departamento de Estado, representa más del doble que el año previo.
Este viernes, trascendió el contenido de un informe publicado por los demócratas que integran el comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. que reveló que el gobierno federal bajo Trump ha gastado $40 millones de dólares en deportar a 300 inmigrantes a terceros países en el último año.
¿Quiénes son los «nacidos en el extranjero» que podrían perder su ciudadanía?
Los ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero son hijos de al menos un progenitor que es ciudadano estadounidense (por nacimiento o naturalización) que cumplen con requisitos específicos de presencia física en EE. UU. para transmitir la ciudadanía.
Una entrada en el sitio web de USCIS explica que la ley vigente al momento del nacimiento determina si una persona nacida fuera de EE. UU. de un padre ciudadano (o padres) estadounidense, es ciudadano estadounidense al momento del nacimiento. «En general, estas leyes requieren que al menos uno de los padres sea ciudadano estadounidense, y que la madre o padre ciudadano estadounidense haya vivido en Estados Unidos por un período de tiempo», especifica la información.
La estrategia detrás de la desnaturalización
En diciembre pasado, el New York Times adelantó el plan de Trump en un artículo que señalaba que las autoridades intensificarían los esfuerzos para despojar a algunos estadounidenses de su ciudadanía. El reporte hizo referencia a una guía interna de USCIS a la que tuvo acceso el NYT.
El documento solicita que se «suministren a la Oficina de Litigios de Inmigración entre 100 y 200 casos de desnaturalización al mes» durante el año fiscal 2026.
Un portavoz del USCIS, Matthew Tragesser, declaró a NBC que revisan los casos de ciudadanos naturalizados cuando existe evidencia creíble de que la ciudadanía se obtuvo mediante fraude o tergiversación. «Mantenemos una política de tolerancia cero ante el fraude en el proceso de naturalización e iniciaremos procedimientos de desnaturalización para cualquier persona que haya mentido o tergiversado su identidad», declaró el vocero.
El Departamento de Justicia instruyó a sus abogados a que se centren en los casos de «personas que representan un riesgo para la seguridad nacional», hayan participado en crímenes de guerra o tortura o cometido fraude a Medicaid o Medicare, por ejemplo. Otra disposición general se refiere a «cualquier otro caso… que la división considere lo suficientemente importante como para investigarlo».
La batalla legal por la ciudadanía por nacimiento
Cabe señalar que, en diciembre pasado, la Corte Suprema de EE. UU. acordó revisar la legalidad de una orden ejecutiva firmada por Trump bajo la que se busca restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento establecida en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución federal. La intención del decreto es denegar la ciudadanía automática a los niños que nazcan en EE. UU. de padres indocumentados o que no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales. La Corte examinará la cláusula de «sujeto a su jurisdicción» de la enmienda constitucional para tomar una decisión.
En abril próximo, se espera que se presenten los argumentos orales en el caso. La sentencia definitiva se espera que se emita este año.
En junio pasado, una decisión de la Corte Suprema favoreció al Gobierno de Trump al devolver los casos que impugnan la orden ejecutiva de ciudadanía por derecho de nacimiento a tribunales inferiores. Sin embargo, la decisión no entró en los méritos o en la constitucionalidad de la orden ejecutiva.
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