LUMA Energy celebra orden del Negociado para reactivar proyectos de FEMA por $402 millones
En un giro inesperado que ha encendido las redes sociales y generado debate político en Puerto Rico, LUMA Energy celebró este viernes la decisión del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) reactivar cientos de millones en fondos federales para reconstruir la maltrecha red eléctrica de la isla.
El conflicto que paralizó $402 millones en proyectos críticos
La polémica se desató cuando LUMA Energy acusó a la AEE de haber «unilateralmente» detenido 289 proyectos el año pasado, dejando en el limbo aproximadamente $402 millones en fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Según la empresa, más de $119 millones ya habían sido invertidos antes de la paralización.
«Nos complace recibir la notificación del Negociado de Energía de Puerto Rico ordenando a la Autoridad de Energía Eléctrica a reactivar los proyectos de FEMA para la reconstrucción de la red eléctrica«, declaró LUMA en un comunicado que rápidamente se volvió viral en las redes sociales puertorriqueñas.
Proyectos detenidos incluían infraestructura crítica
Los proyectos afectados abarcaban desde despeje de vegetación hasta líneas de transmisión, almacenamiento de energía, luminarias y mejoras a subestaciones. 63 de estos proyectos contaban con fondos de la ley federal Stafford para reconstruir daños causados por los huracanes del 2017, mientras que 11 proyectos de mitigación buscaban prevenir daños futuros.
«Esta decisión reafirma que nuestra propuesta añade valor a nuestros clientes y estamos enfocados en reiniciar los trabajos, tras casi un año de paralización», enfatizó la empresa, que actualmente enfrenta un pleito judicial con la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón para anular su contrato de operación.
La Resolución del Negociado: plazos y exigencias
La Resolución y Orden del Negociado, emitida el jueves, establece un plazo de 15 días calendario para que LUMA presente un plan de implementación detallado. Este plan debe identificar la cantidad específica de fondos que la empresa propone conciliar, así como ajustes relacionados con la Sección 406 de Mitigación de Peligros (HM) de la Ley Stafford bajo el Programa Asistencia Pública de FEMA (PA).
La orden también emplaza a Genera PR, la empresa privada encargada de la generación eléctrica en la isla, a presentar planes similares. En el caso de la AEE, el Negociado le solicitó modificar su lista de Proyectos Consolidados para incluir aquellos que cumplan con los criterios de reactivación.
El Negociado defiende su decisión: «Proteger a los consumidores es nuestra prioridad»
El NEPR justificó su intervención argumentando que la información solicitada es necesaria para evaluar la viabilidad de los proyectos y establecer cronogramas realistas. «Esta evaluación es necesaria para garantizar que los proyectos inactivos prioritarios que abordan los daños documentados en el marco de la asignación de fondos de FEMA puedan incorporarse de manera que se maximice el uso de los fondos federales disponibles«, explica el documento oficial.
El Negociado enfatizó que su responsabilidad incluye evaluar las implicaciones en el sistema de las estrategias de reconstrucción y modernización, determinando si las iniciativas se ejecutan de manera coherente con el Plan Integrado de Recursos (IRP) y el Plan de Acción Modificado.
«No abordar de manera adecuada el asunto puede aumentar los riesgos operativos y generar futuros gastos que, en última instancia, pagarían los consumidores», advirtió la oficina reguladora.
El programa FAAST y la controversia de la asignación de fondos
La decisión del Negociado se centra específicamente en los fondos bajo el programa FAAST (FEMA Accelerated Obligation Strategy), una iniciativa desarrollada por FEMA junto a COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia) diseñada para acelerar la obligación de fondos bajo la Sección 428 de Stafford para reconstrucción de infraestructura crítica tras los huracanes.
En el 2020, FEMA asignó aproximadamente $10,700 millones bajo el programa FAAST, considerando activos como transmisión, distribución, edificios, subestaciones, telecomunicaciones, generación e infraestructura hídrica. Sin embargo, la cartera de proyectos de LUMA se vio particularmente afectada, reduciendo el número de proyectos de Transmisión y Distribución (T&D) activos de 571 a 282, dejando 289 proyectos como inactivos.
Reacciones políticas y virales en redes sociales
La noticia se volvió tendencia inmediatamente en Twitter y otras plataformas, con hashtags como #LUMA, #PuertoRico, #FEMA, #RedElectrica, #CrisisEnergetica y #NEPR dominando las conversaciones. Usuarios expresaron opiniones divididas:
- «Finalmente alguien pone orden en este desastre eléctrico #LUMA #PuertoRico»
- «La gobernadora contra LUMA: ¿quién ganará esta batalla legal? #PolíticaPR»
- «¿$402 millones detenidos? ¡Esto es inaceptable! #CrisisEnergetica»
- «La red eléctrica de Puerto Rico no puede seguir siendo rehén de intereses privados #AEE»
Contexto: La batalla legal entre LUMA y el gobierno
Esta decisión del Negociado llega en medio de una intensa batalla legal entre LUMA Energy y la administración de Jenniffer González Colón. La empresa enfrenta una demanda para anular su contrato de operación y mantenimiento (OMA), mientras que simultáneamente celebra esta victoria regulatoria.
La controversia refleja las profundas divisiones en torno a la privatización de la energía en Puerto Rico, un tema que ha generado protestas masivas y debates acalorados sobre el futuro del servicio eléctrico en la isla.
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