SCJN se prepara para definir si ministra Ríos González puede votar sobre prisión preventiva oficiosa

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, presentará este miércoles un proyecto en el que propone que la ministra María Estela Ríos González participe en la discusión sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, pese a las solicitudes de impedimento en su contra.

La propuesta de Aguilar Ortiz se da en el marco de la resolución que la Corte debe emitir sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó al Estado mexicano por violaciones a derechos humanos en los casos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz.

En 2022, cuando Ríos González era consejera jurídica del Poder Ejecutivo, firmó junto con el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, un comunicado en el que solicitaba a la SCJN mantener la prisión preventiva oficiosa. Este antecedente motivó a García y Alpízar a pedir que la ministra se declarara impedida, argumentando un posible conflicto de intereses.

Aguilar Ortiz, sin embargo, considera que no existen elementos suficientes para apartar a Ríos González del caso. En su proyecto, el ministro presidente señala que el hecho de que el nombre de la togada aparezca en un comunicado oficial no implica un interés personal, ya que el posicionamiento se emitió en el ejercicio de sus funciones como consejera jurídica y no a título personal.

Además, Aguilar destaca que los asuntos mencionados en el comunicado no están directamente vinculados con el análisis de la constitucionalidad o convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. El ministro subraya que la pérdida de imparcialidad no puede presumirse, sino que debe acreditarse a través de elementos concretos y objetivos.

La Corte IDH declaró responsable al Estado mexicano por la violación a los derechos humanos de libertad e integridad personal, presunción de inocencia, derecho a ser juzgado en un plazo razonable, derecho a excluir la prueba obtenida mediante tortura y a investigar con debida diligencia, en los casos de García Rodríguez y Alpízar Ortiz, quienes fueron acusados del homicidio de María de los Ángeles Tamés, regidora del municipio de Atizapán de Zaragoza, crimen cometido el 5 de septiembre de 2001.

Daniel García fue señalado como el «autor intelectual» del homicidio y ha manifestado ser inocente, acusando al entonces gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, de fabricación de delitos. Actualmente, enfrenta su proceso en libertad, mientras la SCJN tiene pendiente por resolver un amparo con el cual pretende tumbar la condena dictada por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el 17 de marzo de 2023.

En tanto, Reyes Alpízar fue absuelto, al no existir alguna sola prueba en su contra.

La decisión de la SCJN sobre la participación de la ministra Ríos González en la discusión de la prisión preventiva oficiosa será clave para el futuro de este mecanismo en México y para el cumplimiento de las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.

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