Isabel Díaz Ayuso reivindica a su ‘número tres’ mientras PSOE y Más Madrid anuncian recurso contra la decisión judicial

MADRID, 19 de marzo de 2026. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido este miércoles al paso de la polémica generada en torno a la designación de su asesor más próximo como «número tres» del Ejecutivo regional, una decisión que ha sido respaldada por la justicia pero que ha desatado una oleada de críticas por parte de la oposición.

En una rueda de prensa improvisada en la sede de la Consejería de Presidencia, Ayuso ha defendido la legalidad y la conveniencia de la medida, asegurando que su colaborador «cuenta con la experiencia, la confianza y la capacidad de gestión necesarias para asumir este rol estratégico». La mandataria ha insistido en que la resolución judicial, que avala la nomenclatura y las competencias otorgadas, es «clara y definitiva», y ha acusado a sus adversarios políticos de «politizar un asunto meramente administrativo».

La decisión, tomada en el marco de una reorganización interna del Gobierno regional, ha sido cuestionada por el Grupo Parlamentario Socialista y por Más Madrid, que han anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Según fuentes de ambos grupos, la designación vulnera principios de transparencia y podría suponer una «acumulación irregular de poder» en manos de un cargo no electo.

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Enrique Fernández, ha declarado que «no se trata de una cuestión personal, sino de respetar los cauces democráticos y evitar que se configure una estructura paralela de influencia dentro del Gobierno». Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha ido más allá y ha advertido de que la medida podría ser «un paso hacia la concentración de decisiones sin rendición de cuentas».

En la sentencia conocida este martes, el juzgado de lo contencioso-administrativo desestima el recurso presentado por un grupo de diputados de la oposición y considera que la figura del «número tres» no contraviene la normativa vigente, siempre que se ajuste a las funciones establecidas y no implique una alteración del orden constitucional de la Comunidad.

No obstante, el fallo no ha apaciguado las críticas. Varios expertos en derecho administrativo han señalado que, aunque la decisión sea legal, la opacidad en el proceso de designación y la falta de un perfil público previo del cargo designado alimentan la desconfianza ciudadana. «La legalidad no siempre coincide con la legitimidad política», ha afirmado el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Gómez de la Cruz.

La polémica ha trascendido el ámbito institucional y se ha instalado en las redes sociales, donde hashtags como #AyusoNumeroTres, #GobiernoEnLaSombra y #RecursoJuzgado se han situado entre los temas más comentados en cuestión de horas. Algunos usuarios han compartido memes comparando la estructura madrileña con «entramados de poder opacos», mientras que otros han defendido a la presidenta acusando a la oposición de «obstruccionismo sistemático».

En el interior del PP madrileño, la decisión ha sido recibida con discreción. Fuentes cercanas a la dirección del partido han asegurado que «se trata de una reestructuración interna que no debería trascender más allá de lo estrictamente necesario», aunque reconocen que la polémica ha generado un clima de tensión innecesaria en vísperas de la campaña para las elecciones municipales y autonómicas del próximo año.

Mientras tanto, el sector más crítico dentro de Más Madrid y el PSOE prepara una estrategia conjunta para mantener la presión sobre el Ejecutivo regional. Fuentes parlamentarias apuntan a que se solicitará la comparecencia de Ayuso en la Asamblea para que explique con detalle en qué consistirá el rol de su «número tres» y qué competencias se le atribuyen formalmente.

La presidenta, por su parte, ha reiterado que no dará un paso atrás y ha emplazado a la oposición a «dejar de especular y centrarse en propuestas concretas para los madrileños». «Esto no es más que una cortina de humo para ocultar su incapacidad de ofrecer alternativas», ha concluido.

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