BBVA y Francisco González, acusados de espionaje masivo y cohecho: la Fiscalía pide 173 años de cárcel y 184 millones de euros en multas

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este miércoles su escrito de acusación en el denominado «caso Villarejo», en el que el expresidente de BBVA Francisco González se enfrenta a 173 años de prisión por los delitos de cohecho activo y revelación de secretos. La petición se suma a los 216 años de cárcel que el ministerio público solicita para el excomisario José Manuel Villarejo y los 243 años para Julio Corrochano, exjefe de Seguridad del banco.

La acusación también reclama multas millonarias para la entidad bancaria, que ascienden a 184,3 millones de euros, por los pagos realizados a la empresa Cenyt, vinculada a Villarejo, entre 2004 y 2016. Según la Fiscalía, estos contratos se formalizaron «con pleno conocimiento» de la cúpula directiva del BBVA, encabezada por González, y sin que existiera un programa de prevención de delitos que contemplara la comisión de ilícitos por parte de la presidencia.

Un sistema de espionaje ilegal que vulneró la normativa interna

El escrito de acusación, de 184 páginas y firmado por la fiscal Elisa Lamela, detalla cómo el BBVA contrató a Cenyt y otras empresas vinculadas a Villarejo para realizar labores de espionaje y obtención ilegal de información. Entre los objetivos se encontraban empresarios, políticos y personalidades como el exministro de Industria Miguel Sebastián y el empresario Juan Abelló.

La Fiscalía sostiene que estas contrataciones «incumplían todas las normas internas de procedimiento» del banco, tanto en la formalización de servicios como en la tramitación y abono de facturas. Sin embargo, los empleados que participaron en su tramitación aprobaron estas operaciones por la «convicción firme y arraigada» de que debían acatar las instrucciones procedentes de la presidencia, independientemente de su conformidad con la normativa interna.

Los acusados y las peticiones de la Fiscalía

Además de Francisco González, José Manuel Villarejo y Julio Corrochano, la acusación incluye a Rafael Redondo (socio de Villarejo), Eduardo Arbizu (exdirector de los servicios jurídicos del banco) y Antonio Béjar (exdirector de Riesgos del BBVA).

Sin embargo, la Fiscalía solicita el sobreseimiento de la causa contra Ángel Cano (exconsejero delegado de BBVA) y Joaquín Gortari (exdirector del gabinete de presidencia de la entidad), que sí fueron procesados por el juez instructor.

En cuanto a las indemnizaciones, Anticorrupción pide que se resarza con 20.000 euros a cada una de las 43 personas que fueron objeto de las labores de espionaje.

El contexto del caso y la confirmación del procesamiento

Este caso salió a la luz en 2020, cuando se destaparon los pagos del BBVA a empresas de Villarejo para obtener información sobre posibles compradores de la entidad. La Audiencia Nacional confirmó el 20 de febrero el procesamiento del BBVA y de González por estos hechos, rechazando todos los recursos presentados.

La investigación reveló que el banco contrató a Cenyt para realizar diversos encargos, entre ellos la obtención de información sobre posibles fusiones, la vigilancia de directivos y la investigación de clientes. Estas actividades, según la Fiscalía, se llevaron a cabo sin el conocimiento de los afectados y violando su derecho a la intimidad.

La defensa y las reacciones

Por el momento, ni Francisco González ni el BBVA han emitido declaraciones oficiales sobre el escrito de acusación. Fuentes cercanas a la defensa del expresidente han adelantado que recurrirán las peticiones de la Fiscalía, argumentando que los contratos con Cenyt se realizaron dentro de los márgenes legales y con el objetivo de proteger los intereses del banco.

El caso ha generado un gran impacto en el sector financiero español, poniendo de manifiesto las prácticas opacas que pueden darse en el ámbito corporativo y la necesidad de fortalecer los controles internos y los programas de prevención de delitos en las grandes empresas.

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