Haití: Más de 1.200 muertos por ataques con drones en un año; ONG denuncia masacre de niños

En un informe que sacude las conciencias internacionales, la organización Human Rights Watch (HRW) reveló este martes que los ataques con drones explosivos contra bandas criminales en Haití provocaron al menos 1.243 muertes entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026. La cifra incluye a 43 civiles sin vínculo con grupos criminales y al menos 17 niños, en lo que la ONG califica como una escalada alarmante de la violencia estatal y una violación flagrante de los derechos humanos.

El informe, titulado «Drones of Death: The Hidden War in Haiti», documenta 141 operaciones aéreas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del gobierno provisional del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, que asumió el poder en febrero de 2025 con el respaldo de Estados Unidos. Según HRW, estos ataques forman parte de una estrategia para restablecer el orden público en un país sumido en el caos, donde las pandillas controlan gran parte de Puerto Príncipe y cometen diariamente robos, violaciones y saqueos.

La masacre de Simon Pelé: el ataque que conmocionó al mundo

Uno de los episodios más brutales documentados por HRW ocurrió el 20 de septiembre de 2025 en el barrio de Simon Pelé, uno de los más empobrecidos de la capital. Una banda del mismo nombre había convocado a niños y adultos para una distribución de regalos en un recinto deportivo. En plena actividad, un dron explosivo impactó en el lugar, causando la muerte de nueve niños de entre tres y doce años, además de diez adultos sin relación aparente con el grupo criminal.

HRW entrevistó a víctimas, familiares de fallecidos, médicos, activistas comunitarios y testigos presenciales. Las declaraciones recogidas pintan un panorama desolador: «Fue como una pesadilla. Los niños jugaban, reían, y de repente todo explotó. No hubo advertencia, no hubo tiempo para reaccionar», relató una madre que perdió a dos de sus hijos en el ataque.

Drones privados con autorización de EE.UU.

El informe revela que los drones utilizados en estas operaciones fueron proporcionados por Vectus Global, una empresa privada que obtuvo una autorización especial del Departamento de Estado estadounidense. Esta revelación ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de las empresas privadas en conflictos armados y el papel de Estados Unidos en la crisis haitiana.

«Decenas de personas, incluidos muchos niños, han sido asesinadas y heridas en letales operaciones con drones», declaró Juanita Goebertus, directora de la División Américas de HRW. «Las autoridades haitiana deberían urgentemente supervisar a las fuerzas de seguridad y a los proveedores privados que trabajan para ellas, antes de que mueran más niños», exigió.

Un país sin elecciones y bajo dominio de las pandillas

Haití, el país más pobre de América, no celebra elecciones desde 2016. El gobierno de transición, que debe organizar comicios legislativos y presidenciales en los próximos meses, no ha logrado frenar la violencia armada. Dieciocho países, liderados por Estados Unidos, acordaron reemplazar la misión multinacional de la ONU con tropas y agentes policiales, pero la situación se ha deteriorado aún más.

Desde principios de 2025, las operaciones antipandillas han aumentado en ritmo y capacidad. Según HRW, los ataques se duplicaron entre noviembre de 2025 y el 21 de enero de 2026, contabilizando al menos 57 incidentes. Cada ataque con dron provoca un promedio de ocho muertos, y el más mortífero causó 57 víctimas fatales en una sola operación.

La comunidad internacional reacciona con preocupación

La noticia ha generado reacciones en la comunidad internacional. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos de varios países han exigido una investigación independiente sobre el uso de drones en Haití. La Unión Europea emitió un comunicado expresando su «profunda preocupación» por las cifras presentadas por HRW y llamando a las autoridades haitianas a «respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario».

Amnistía Internacional también se pronunció, acusando al gobierno haitiano de «crímenes de guerra» y exigiendo la suspensión inmediata de los ataques con drones. «No se puede luchar contra la criminalidad violando los derechos humanos. La muerte de civiles, especialmente de niños, es inaceptable en cualquier circunstancia», afirmó un portavoz de la organización.

El gobierno haitiano defiende su estrategia

El gobierno haitiano ha defendido su estrategia, argumentando que los ataques con drones son necesarios para combatir a las poderosas bandas criminales que han tomado el control de gran parte del territorio nacional. «Estamos en una guerra contra el crimen organizado. Lamentamos las pérdidas civiles, pero nuestra prioridad es restablecer el orden y la seguridad para todos los haitianos», declaró un portavoz del primer ministro Fils-Aimé.

Sin embargo, expertos en derecho internacional han cuestionado la legalidad de estos ataques. «El uso de la fuerza letal debe ser proporcional y discriminada. Matar a nueve niños en un ataque contra una banda criminal es una clara violación del derecho internacional humanitario», afirmó un profesor de derecho internacional consultado por DW.

Un país al borde del abismo

La situación en Haití se ha vuelto cada vez más volátil. La pobreza extrema, la falta de servicios básicos, la corrupción y la violencia han creado un caldo de cultivo perfecto para el surgimiento y fortalecimiento de las pandillas. Estas organizaciones criminales controlan rutas de contrabando, extorsionan a comerciantes y empresarios, y han convertido grandes zonas de Puerto Príncipe en territorios de nadie.

La comunidad internacional teme que, sin una intervención más decidida y coordinada, Haití pueda caer en un estado de anarquía total. Algunos analistas advierten que la situación actual podría desembocar en un conflicto civil de grandes proporciones, con consecuencias impredecibles para la estabilidad de toda la región del Caribe.

¿Qué sigue ahora?

El informe de HRW llega en un momento crítico para Haití. El gobierno de transición enfrenta crecientes presiones internas y externas para demostrar que puede gobernar eficazmente y restaurar el orden. Sin embargo, las revelaciones sobre los ataques con drones amenazan con socavar aún más su legitimidad y complicar cualquier intento de negociación con las pandillas.

La comunidad internacional, por su parte, enfrenta un dilema moral y estratégico. ¿Cómo apoyar a un gobierno que combate la criminalidad pero que, al parecer, está cometiendo graves violaciones de derechos humanos? ¿Cómo equilibrar la necesidad de restablecer el orden con el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional?

Mientras tanto, en las calles de Puerto Príncipe, la vida continúa bajo la sombra de la violencia. Los haitianos, acostumbrados a vivir en medio del caos, se preguntan cuánto tiempo más podrán soportar esta pesadilla. Y mientras el mundo debate sobre ética y estrategia, los niños siguen muriendo en ataques que, según HRW, podrían haberse evitado.

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