10 años del asesinato de Berta Cáceres: la lucha que no se apaga

La Esperanza, Honduras — La madrugada del 2 de marzo de 2016 quedó grabada en la memoria de Honduras. Dos hombres cruzaron el umbral de una casa en La Esperanza y dispararon. Diez años después, el eco de aquella detonación sigue resonando en un país donde defender el medio ambiente sigue siendo una sentencia de muerte.

La escena del crimen: huellas que no se borran

Cuatro impactos de bala en las paredes de la habitación recuerdan la pesadilla que vivió Berta Cáceres aquella noche. «Esta fue su casa durante los últimos días de su vida. Y fue aquí donde la asesinaron», dice Berta Zúniga Cáceres, hija de la activista, señalando los huecos en los muros. Una mancha de sangre en la pared es el recuerdo imborrable de que aquel atentado fue un aviso para quienes osaran plantar cara a grupos poderosos.

El inmueble, con paredes pintadas de verde —el color que domina los bosques y montañas que rodean a La Esperanza— guarda los últimos momentos de la lideresa lenca. «Aquí compartimos muchos momentos acogedores», rememora Zúniga mientras señala el espacio que también fue sala. La cocina, hoy vacía, será modificada como parte de un proyecto que busca honrar la memoria de la defensora lenca y la lucha de su pueblo.

En la parte trasera de la vivienda hay una puerta que no es la original. «Por aquí ingresaron los sicarios», explica Zúniga, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la organización que creó Cáceres. La puerta actual reemplaza a la que fue derribada de una patada aquella noche. La original permanece bajo custodia del Ministerio Público como parte de la evidencia del caso.

El único testigo: una historia de persecución

Gustavo Castro, activista mexicano y único sobreviviente del atentado, cuenta que al menos dos hombres armados entraron por esa puerta. Uno de ellos se dirigió a la habitación donde él dormía, que se hospedaba en el cuarto de una de las hijas de Cáceres. En una de las paredes aún se distingue la marca de un disparo. Fue la bala que lo alcanzó y de la que logró sobrevivir.

Recuerda que tras un largo día de trabajo impartiendo talleres junto a la ecologista, a quien no veía desde hacía cinco años, aquella noche fueron a cenar y luego condujeron en un Volkswagen gris al hogar de Cáceres, solitario esa noche. Conversaron un rato en el porche y, sobre las once, decidieron irse a dormir. Unos minutos después escucharon un estruendo y Berta Cáceres gritó: «¡Quién anda ahí!»

Uno de los matones entró al cuarto de la ambientalista, mientras otro se dirigió al del mexicano, sorprendido de que hubiera otra persona en aquella casa insegura, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Gobierno hondureño garantizar protección a Cáceres. El sicario le apuntó con el arma y disparó a matar. Castro sobrevivió al atentado con una herida leve en la oreja, pero fingió estar muerto. Después, escuchó varias detonaciones en la otra habitación. Cuando los asesinos se marcharon, corrió junto a su amiga, que le pidió que llamara a su exmarido. No hubo tiempo. La vida de Cáceres se apagó en sus brazos.

Una lucha que nació bajo un roble

Felipe Gómez, de 68 años, tiene toda una vida en la comunidad lenca de Río Blanco. De pie, frente a un roble frondoso, señala el árbol como si mostrara un monumento. «Este roble es un emblema para nosotros. Aquí nos apoyamos para hacer la lucha contra la empresa», dice. La empresa es Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), titular del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que pretendía represar el río Gualcarce, sagrado para el pueblo lenca.

La resistencia comenzó formalmente el 1 de abril de 2013, cuando la comunidad decidió en asamblea tomarse el paso que conducía al río, por donde debían ingresar las máquinas. Adolfo Gómez, de 41 años, recuerda también al pie del roble los detalles de aquel movimiento como si los estuviera viviendo otra vez. «Hicimos cuatro grupos. Doce horas un grupo, doce horas otro. En el día éramos 25 personas y en la noche otras 25».

La tensión escaló. Llegaron policías y militares. Les botaban la comida y el agua, pero los vecinos se reorganizaban. Delegados religiosos celebraban actos bajo el roble. El campamento se convirtió en un espacio de resistencia permanente. En julio de 2013, durante una manifestación en el campamento de la empresa, la represión dejó un muerto: Tomás García, líder comunitario.

La grieta en el muro de la impunidad

El crimen contra Cáceres se ha convertido en un símbolo internacional de la violencia contra defensores ambientales, pero la justicia en Honduras sigue incompleta. Camilo Bermúdez, integrante de la Comisión Ejecutiva del Copinh, sostiene que el proceso judicial representa un avance inédito en la región, pero aún insuficiente. «Existe impunidad, pero también es uno de los pocos casos en América Latina donde se ha logrado avanzar. El caso de Berta es una grieta en el muro de la impunidad», afirma.

Hasta ahora, ocho personas han sido condenadas, entre ellas los autores materiales y el presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), David Castillo. Sin embargo, para el Copinh, los máximos responsables —los autores intelectuales— siguen sin enfrentar la justicia.

La utopía hecha realidad

Catalina Hernández, responsable de la coordinación organizativa del Copinh, recibe en las instalaciones de Utopía, el proyecto comunitario que salió a luz con el impulso de Cáceres. Es un amplio terreno localizado a unos 10 minutos en coche desde La Esperanza. Aquí hay huertos, salones para capacitar a los campesinos, barracas nuevas donde estos descansan cuando participan en las reuniones en las que se toman las decisiones sobre el trabajo de Copinh.

Hernández recorre más de tres décadas de lucha del pueblo lenca. Desde la defensa del bosque en los años noventa hasta el asesinato de Berta Cáceres, su relato es también la historia de una organización que nació en medio de la persecución y la guerra. «El Copinh surge en 1993, cuando en Intibucá, el departamento que es territorio lenca, había muchos aserraderos que estaban devastando el bosque. Las comunidades no sabíamos qué hacer», recuerda.

Una saga de mujeres luchadoras

María Austra Bertha Flores López se llama y nació en 1933 en La Esperanza, cuando en Honduras las mujeres no votaban y la política era territorio exclusivo de hombres. Décadas después, se convirtió en la primera mujer en dirigir una alcaldía en el país. «Creían que solo servíamos para parir hijos y cocinar», recuerda. «Demostramos que sí podíamos».

Estamos en su casa en La Esperanza, una construcción que hace esquina y que está custodiada por policías. Las autoridades, de hecho, ordenaron construir una caseta para los oficiales frente a la casa. Ahí nos recibe la oficial de guardia, que sonriente y amable abre la puerta que da un porche con jardín lleno de flores. Dentro, espera María Austria, sonriente, dispuesta a contar la historia de una saga de mujeres luchadoras.

Ella organizó un frente femenino en tiempos en que la participación política de las mujeres era vista como una transgresión. Recorrió comunidades, convocó a otras compañeras y, junto a un grupo de seis o siete mujeres, logró ganar la alcaldía municipal de La Esperanza. Repitió mandato y luego fue electa diputada al Congreso Nacional. Su liderazgo no nació en los salones políticos, sino en el trabajo comunitario. Fue enfermera y partera, la primera de la provincia. Dice que acompañó más de 6.000 partos.

Epílogo: la lucha sigue viva

Diez años después del asesinato de Cáceres, la figura de la lideresa lenca se ha convertido en símbolo global de la defensa ambiental y de los derechos indígenas. Pero en la casa materna la memoria es menos abstracta. «Para mí, Berta no murió. Berta se multiplicó», afirma Flores. «Ella defendía la Madre Tierra y los ríos, especialmente el Gualcarque, que es sagrado para nuestro pueblo».

Hay un lugar en esta casa donde, sin embargo, Flores no quiere entrar: al otro lado de un hermoso jardín interior está la que fue la habitación de la activista, que su madre no visita desde el día del crimen. «No puedo entrar ahí», dice con la voz cortada. Quien si entra es el hermano de Berta, Gustavo, quien abre para este periódico las puertas de la habitación no sin antes persignarse por la memoria de su hermana. Adentro hay pocos muebles, un ropero donde Cáceres guardaba la ropa de sus hijas cuando eran niñas. Y sobre una pequeña cómoda un documento escrito a mano. «Es la letra de mi hermana», dice Gustavo emocionado.

Escrito con una hermosa caligrafía en cursiva se lee en el encabezado: «Análisis de la coyntura». El texto analiza las acciones de parte del Gobierno hondureño contra los movimientos sociales y expone propuestas en la estrategia de la lucha lenca.

«Es inconcebible que los que prepararon ese asesinato no estén presos», sostiene Flores. «Solo están los que ejecutaron el crimen». Para María Austra, la mayor victoria fue que su hija ayudara a organizar comunidades indígenas aisladas, a que reconocieran sus derechos sobre la tierra, el agua y la educación. «No eran bestias de carga. Tenían derechos», dice.

La historia de ambas mujeres recorre casi un siglo de luchas: de la exclusión política femenina a la defensa territorial indígena; de la primera alcaldesa en un país conservador a la activista que enfrentó a empresarios y militares. «Lo importante», insiste la madre, «es que la lucha sigue».

En Intibucá, donde María Austra rompió el primer techo de cristal municipal y Berta desafió un modelo extractivo nacional, la herencia no es solo familiar. Es política. Y, diez años después del asesinato, esa llama no se extingue. Berta Zúniga, hija y nieta, la mantiene viva. «Para nosotras, este crimen representa la persecución y la violencia que enfrentan quienes defienden los territorios y los ríos, especialmente los pueblos indígenas en un país donde el racismo y la discriminación están profundamente arraigados», afirma.

«Si no hay sanción, incluso en un crimen tan emblemático, las estructuras criminales continúan operando», sostiene.

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