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El Salvador aprueba penas perpetuas para «homicidas, violadores y terroristas» en reforma constitucional impulsada por Bukele

El presidente Nayib Bukele ha logrado una victoria legislativa clave este martes, al aprobar una reforma constitucional que permite por primera vez en la historia de El Salvador las penas de prisión perpetua para delitos considerados graves. La Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, dio luz verde a la modificación del artículo 27 de la Constitución, que hasta ahora prohibía expresamente este tipo de condenas.

La medida, anunciada por el propio Bukele en tono desafiante, llega en un momento de máxima tensión para el mandatario. Un informe elaborado por un grupo de expertos juristas internacionales acaba de acusar a su Gobierno de cometer crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción que rige en el país desde hace cuatro años, incluyendo asesinatos, torturas y desapariciones forzadas. La reforma constitucional, que establece que «la pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas», fue aprobada sin debate previo por 59 diputados oficialistas y sus aliados, incluyendo a dos legisladores de la oposición.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, fue el encargado de presentar la iniciativa en el Parlamento. Su intervención estuvo marcada por un discurso agresivo contra las organizaciones de derechos humanos, a las que acusó de defender a criminales violentos en detrimento de las víctimas. «Ahora vamos a ver a esas organizaciones defendiendo, como siempre, a criminales violentos, a violadores, asesinos de hombres, mujeres, terroristas», afirmó Villatoro, añadiendo que «el voto de ustedes no cuenta porque no tienen ninguna legitimidad soberana sobre este país».

La Constitución salvadoreña, reformada en este punto clave, establecía hasta ahora que el sistema penitenciario tiene como objetivo «corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos». La jurisprudencia del país ya fijaba un límite máximo de 60 años de prisión para cualquier condenado, aunque en diciembre de 2025 la Fiscalía logró imponer penas de hasta mil años de cárcel a un grupo de pandilleros, en un gesto simbólico que ahora queda legalizado por la reforma.

La aprobación de la medida se produce en un contexto de fuerte polarización. El informe que acusa a Bukele de crímenes de lesa humanidad ha provocado una reacción airada del mandatario, que en los últimos días ha emprendido una campaña en redes sociales para desacreditar a las organizaciones firmantes y a los medios que han difundido sus conclusiones. «Estas organizaciones de ‘defensa de los derechos humanos’… están exigiendo que el Estado de El Salvador libere al 100% de los pandilleros capturados desde el inicio del Régimen de Excepción», escribió Bukele en su cuenta de X, cuestionando la cobertura informativa de medios como The Guardian, France 24, EL PAÍS y otros.

La reforma, que requiere ahora de una segunda votación para ser ratificada definitivamente, ha sido criticada por la oposición y por organizaciones nacionales e internacionales, que advierten sobre el riesgo de endurecer un sistema penitenciario ya cuestionado por graves violaciones a los derechos humanos. Para el Gobierno de Bukele, sin embargo, la medida es un paso más en su política de «mano dura» contra el crimen organizado, que ha sido el eje central de su gestión y el principal argumento de su popularidad.

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