El órgano legislativo de China, la Asamblea Popular Nacional, aprobó este jueves una nueva ley de «unidad étnica» que formaliza políticas destinadas a promover el uso del mandarín como «lengua común nacional» en educación, asuntos oficiales y espacios públicos. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de marginar a los grupos minoritarios.

La ley, que fue aprobada por unanimidad, establece que el mandarín debe ser la lengua principal de instrucción en las escuelas y universidades, y que su uso debe ser promovido en todas las instituciones gubernamentales y empresas estatales. Además, se establece que los carteles y avisos públicos deben estar escritos principalmente en mandarín, aunque se permitirá el uso de lenguas minoritarias en algunas regiones específicas.

Esta nueva legislación es vista por el gobierno chino como un paso más hacia la unificación lingüística y cultural del país. Según las autoridades, el mandarín es una herramienta esencial para la cohesión nacional y el desarrollo económico. Sin embargo, los críticos argumentan que esta política podría llevar a la asimilación forzada de las minorías étnicas y la pérdida de sus lenguas y culturas.

Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han expresado su preocupación por las implicaciones de esta ley. En un comunicado conjunto, estas organizaciones afirmaron que «la imposición del mandarín como lengua principal en todos los aspectos de la vida pública podría tener efectos devastadores en las comunidades minoritarias, erosionando su identidad cultural y lingüística».

El impacto de esta ley podría ser particularmente significativo en regiones como Xinjiang, Tíbet y Mongolia Interior, donde las minorías étnicas han mantenido durante mucho tiempo sus propias lenguas y tradiciones. En estas áreas, la implementación de la nueva ley podría llevar a una mayor presión sobre las comunidades locales para que adopten el mandarín y abandonen sus lenguas nativas.

Los expertos en lingüística y antropología han advertido sobre los riesgos asociados con la pérdida de diversidad lingüística. Según la UNESCO, aproximadamente el 40% de las lenguas del mundo están en peligro de extinción, y políticas como la nueva ley china podrían acelerar este proceso.

El debate sobre el uso del mandarín y las lenguas minoritarias en China no es nuevo. Durante décadas, el gobierno ha promovido el mandarín como lengua nacional, pero esta nueva ley representa un paso más agresivo en esa dirección. Los defensores de la diversidad lingüística argumentan que el multilingüismo es una ventaja para cualquier sociedad, ya que permite la preservación de diferentes perspectivas culturales y promueve la creatividad y la innovación.

En el contexto global, esta medida de China también ha llamado la atención de otros países con minorías étnicas significativas. Algunos gobiernos han expresado su preocupación de que la política china pueda servir como modelo para otras naciones que buscan imponer una lengua dominante a expensas de las minorías.

La implementación de esta ley plantea desafíos prácticos significativos. Por ejemplo, en regiones donde el mandarín no es ampliamente hablado, será necesario capacitar a un gran número de profesores y funcionarios para que puedan impartir clases y realizar sus funciones en mandarín. Además, será necesario traducir una gran cantidad de materiales educativos y administrativos al mandarín, lo que requerirá una inversión considerable de recursos.

A pesar de estas preocupaciones, el gobierno chino ha defendido la ley como un paso necesario para el desarrollo del país. En un comunicado oficial, el Ministerio de Educación afirmó que «la promoción del mandarín como lengua común nacional es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos chinos y para facilitar la comunicación y el comercio en todo el país».

La aprobación de esta ley ocurre en un momento de creciente tensión entre China y varios países occidentales, especialmente en lo que respecta a cuestiones de derechos humanos. Algunos observadores internacionales han sugerido que la nueva ley podría ser utilizada como una herramienta más de control social por parte del gobierno chino.

A medida que se acerca la fecha de implementación de la ley, se espera que el debate sobre sus implicaciones continúe. Las organizaciones de derechos humanos y los defensores de la diversidad lingüística probablemente intensificarán sus esfuerzos para llamar la atención sobre los posibles efectos negativos de esta política. Mientras tanto, el gobierno chino parece decidido a seguir adelante con su plan de promoción del mandarín como lengua común nacional.

La aprobación de esta ley representa un hito significativo en la política lingüística de China y podría tener consecuencias de largo alcance para la diversidad cultural y lingüística del país. A medida que el mundo observa cómo se desarrolla esta situación, queda por ver si esta medida logrará sus objetivos declarados de promover la unidad nacional o si, por el contrario, profundizará las divisiones existentes y llevará a una mayor marginación de las minorías étnicas en China.

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