China aprueba una nueva ley para asimilar a las minorías étnicas bajo la identidad nacional

Pekín – En un movimiento que ha generado controversia internacional, el Parlamento chino aprobó este jueves una ley que busca redefinir la política étnica del país, en un contexto de creciente centralización de la identidad nacional bajo el liderazgo de Xi Jinping.

La denominada Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos fue aprobada durante las Dos Sesiones, el pleno anual de la Asamblea Nacional Popular y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. La norma, que según el discurso oficial «reforzará las bases legales para avanzar en el desarrollo de alta calidad y la prosperidad común entre los 56 grupos étnicos», ha sido calificada por sus críticos como un paso más hacia la asimilación cultural.

La gran familia china en el escaparate

Mientras se debatía la ley, el Gran Salón del Pueblo de Pekín se convirtió en un desfile de diversidad controlada. Delegados de minorías étnicas desfilaron con sus trajes tradicionales: telas brillantes, bordados geométricos y tocados monumentales salpicados de pompones, cuentas y plata. Esta escenografía cuidadosamente coreografiada contrasta con el contenido de la nueva legislación.

De los 1.400 millones de habitantes de China, alrededor de 1.280 millones son han. El resto -algo menos del 9% de la población- se reparte entre 55 minorías étnicas oficialmente reconocidas, con comunidades que varían de varios miles a varios millones de personas. En la narrativa oficial, todas forman parte de la «gran familia de la nación china».

Un cambio de paradigma bajo Xi Jinping

Desde que Xi Jinping llegó al poder en 2012, la política hacia las minorías ha experimentado un giro significativo. Lo que antes era una celebración de la diversidad étnica se ha transformado en un énfasis en la unidad nacional. La nueva ley consagra como eje la necesidad de «forjar una fuerte conciencia de la comunidad de la nación china».

Entre las medidas más controvertidas, la ley establece el idioma nacional común (putonghua o mandarín) como lengua principal en educación, administración y espacios públicos, dando «prominencia» al mandarín «en posición y orden» cuando se emplea junto a lenguas minoritarias.

Control ideológico y asimilación cultural

La norma exige que las instituciones educativas y de formación utilicen materiales que refuercen el sentimiento de pertenencia a China y fomenten la identificación con «la gran patria, la cultura china, el Partido Comunista y el socialismo con características chinas».

En el ámbito religioso, insta a «mantener la orientación de la sinización de la religión» y que las prácticas religiosas se adapten «a la sociedad socialista». En el entorno familiar, pide que los tutores asuman su responsabilidad de guiar a los menores para que «amen» al «Partido Comunista, la patria, el pueblo y la nación china», y prohíbe inculcarles ideas consideradas «perjudiciales para la unidad étnica».

Zonas estratégicas y tensiones históricas

Cinco de las minorías étnicas (Xinjiang, Tíbet, Mongolia Interior, Guangxi y Ningxia) se organizan en regiones autónomas, un sistema creado en la década de 1950 que concede cierto autogobierno. Sin embargo, el margen de autonomía real es limitado. Para las autoridades comunistas, algunas de estas vastas regiones, muy ricas en recursos naturales, concentran desafíos políticos especialmente sensibles.

En las últimas décadas, Xinjiang y Tíbet han registrado episodios de protestas y violencia ligados a tensiones identitarias y religiosas. Las autoridades chinas han respondido con medidas de control cada vez más estrictas, incluyendo la detención masiva de más de un millón de uigures y otros musulmanes en centros que Pekín describe como instalaciones «de formación y reeducación».

Críticas internacionales y defensa oficial

Organizaciones de derechos humanos y expertos de Naciones Unidas han denunciado estas prácticas como posibles crímenes contra la humanidad. «La nueva ley intensifica aún más el control ideológico existente y la asimilación de poblaciones con identidad, cultura, religión y lengua propias», expone el doctor Yalkun Uluyol, investigador especializado en China de Human Rights Watch.

Sin embargo, defensores de la ley como Su Haizhen, de etnia jing y miembro de la Conferencia Consultiva, la ven con buenos ojos: «Antes hablábamos de reforzar la conciencia de la comunidad de la nación china a nivel discursivo; ahora se ha convertido en voluntad de Estado».

Un futuro incierto para la diversidad étnica

La nueva ley también aumenta el control sobre los contenidos que se difunden en internet, obligando a los operadores de red a conservar registros e informar cuando detecten mensajes contrarios a la unidad nacional. Prevé sanciones penales para conductas «terroristas, separatistas o extremistas religiosas».

«Va más allá de ajustar las prácticas del islam, el budismo o el cristianismo para que tengan características chinas. Puede significar reconocer el papel dirigente del Partido Comunista y apoyar sus políticas», considera Barry Sautman, profesor emérito de Ciencias Sociales en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong.

Mientras los delegados de minorías abandonan el Gran Salón del Pueblo engalanados con sus trajes tradicionales, la pregunta que se plantea es cuánto tiempo más podrán exhibir estas identidades culturales en una China donde la diversidad parece cada vez más confinada al ámbito folclórico y turístico.

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