Escándalo en Sendaviva: La ‘auditoría’ que no lo es y la investigación que avanza

PAMPLONA. – El pasado mes de julio, el parque temático Sendaviva saltó a la palestra tras una denuncia de Vox que apuntaba a presuntas irregularidades en sus obras, especialmente después de los devastadores incendios de 2022. La gestora Parquenasa anunció entonces una «auditoría externa» que hoy ha sido presentada en el Parlamento de Navarra por la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola. Sin embargo, lo que se ha revelado no es una auditoría al uso, sino un informe que ni confirma ni descarta el fraccionamiento de contratos, manteniendo abierta la investigación tanto de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) como del Juzgado de Instrucción nº5 de Pamplona.

La ‘auditoría’ que no lo es

Lo primero que salta a la vista es que el informe de la consultora PKF Attest, presentado como auditoría, no lo es en realidad. El propio documento advierte que su descripción de los procedimientos «no constituye una auditoría» y que no expresan «una opinión o conclusión» sobre la información contenida en las mencionadas adjudicaciones. Esta aclaración desmonta de raíz la defensa que Esnaola ha esgrimido hoy en sede parlamentaria.

El informe analiza cuatro contratos adjudicados a finales de 2023 a Adentro S.L, la misma empresa encargada de las reformas en la sede socialista de Pamplona y la casa de Ramón Alzórriz, ex portavoz del PSN. Estos contratos, que suman alrededor de 800.000 euros, siempre quedaban por debajo del límite de 200.000 euros que establece la Ley Foral de Contratos Públicos (LFCP) para que el procedimiento sea de tipo simplificado y no abierto.

Las coincidencias con la OANA

Lo más revelador es que el informe de PKF coincide en varios puntos con las conclusiones de la OANA, que ya en enero había reclamado documentación a la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo tras una denuncia de Unión del Pueblo Navarro (UPN). La OANA concluyó que los contratos a Adentro SL «que se tramitaron simultánea o consecutivamente, tenían por objeto diversas prestaciones que, consideradas en su conjunto, formarían una unidad operativa o funcional, lo cual es un indicio de que se pudo fraccionar el contrato indebidamente».

Esta es precisamente la cuestión que el informe de PKF no resuelve de forma clara. En el análisis de dos de los expedientes, la consultora recuerda que, de acuerdo con lo dispuesto en la LFCP, «no se permite dividir un contrato en varios con el fin de reducir su cuantía y eludir los requisitos de publicidad o el procedimiento de adjudicación que corresponda».

La explicación del Project Manager

Uno de los casos más controvertidos es el del contrato para la construcción del «nuevo edificio de acceso a Sendaviva», que contemplaba una explanada sobre la cual se construiría después el propio inmueble. Esta segunda actuación estaba circunscrita a un segundo contrato, lo que levantó sospechas de fraccionamiento.

El informe de PKF plantea que ambas actuaciones sí se considerarían proyectos «autónomos», pero no sin antes señalar que «según puede deducirse de dicho proyecto, la explanada constituía una condición necesaria para la edificación, estando ambas vinculadas, ya que ésta debía asentarse sobre una superficie completamente plana, lo cual supondría un incumplimiento del mencionado artículo».

La clave está en un informe remitido por el Project Manager del proyecto (Aamutilva Arquitectos Asociados S.LP.), que explica que la superficie ya presentaba una configuración plana, no siendo necesaria una excavación de acondicionamiento previa, y que la referencia incluida en la memoria del proyecto «puede considerarse una errata». En base a esta puntualización, PKF plantea que ambas actuaciones sí se considerarían proyectos «autónomos».

Las modificaciones sospechosas

Otra de las cuestiones que aborda el informe son las modificaciones de los contratos. La OANA ya había señalado que se trataban de «trabajos fuera de presupuesto», de entre 16.000 y 19.000 euros para cada contrato, «que de haberse incluido en el proyecto original no habría podido licitarse por el procedimiento simplificado (al superar los 200.000 euros que fija la LFCP), y habría que haber acudido al procedimiento abierto».

El informe de PKF también recuerda esta cuestión, pero acaba por apoyarse de nuevo en una justificación complementaria del Project Manager para afirmar que eran «indispensables» para garantizar «la correcta ejecución y funcionalidad de las obras». Estas modificaciones fueron incorporadas tras la adjudicación del contrato por el propio Project Manager, que fue contratado por Parquenasa por 1.750.000 euros para la ejecución de las obras.

El caso Adentro S.L

Lo que hace este caso aún más complejo es que Adentro S.L no es una empresa cualquiera. Además de ser la adjudicataria de los contratos en Sendaviva, es la misma empresa encargada de las reformas en la sede socialista de Pamplona y la casa de Ramón Alzórriz, portavoz del PSN hasta junio, cuando trascendió que su pareja trabajó en Servinabar.

Como ya informó este periódico, hay al menos otros 54 contratos «a dedo» de organismos dependientes del Gobierno navarro con la empresa de Carlos Vidaurre, que elevan esta cantidad hasta los 1,7 millones de euros. Esta red de contratos es precisamente lo que está investigando el Juzgado de Instrucción nº5 de Pamplona, que ya ha requerido al Ejecutivo los expedientes de los cuatro contratos en Sendaviva.

La intención del Gobierno

En medio de este escenario, Esnaola ha anunciado que el Gobierno pretende adquirir todas las acciones de la sociedad para que sea 100% pública (ahora tiene el 45% y el resto lo comparten tres socios privados). Sin embargo, este anuncio no resuelve las dudas sobre la gestión de los contratos y la posible existencia de fraccionamiento.

La consejera ha defendido que las actuaciones se trataban de «unidades funcionales independientes», pero el informe de PKF no llega a confirmar esta afirmación de forma rotunda. De hecho, el documento advierte que su análisis no constituye una auditoría y que no expresan una opinión o conclusión sobre la información contenida en las mencionadas adjudicaciones.

El futuro de la investigación

Lo que está claro es que la investigación sigue su curso. Tanto la OANA como el Juzgado de Instrucción nº5 de Pamplona continúan con sus pesquisas, y el Ejecutivo ha sido requerido para que entregue los expedientes completos de los contratos. Mientras tanto, la defensa del Gobierno se basa en un informe que, por sus propias palabras, no es una auditoría y que no resuelve de forma concluyente las dudas sobre el fraccionamiento de contratos.

En un contexto donde la transparencia y la lucha contra la corrupción son demandas ciudadanas cada vez más urgentes, el caso Sendaviva se ha convertido en un símbolo de las prácticas que muchos consideran inadecuadas en la gestión pública. La lentitud con la que avanza la investigación y las explicaciones que se dan desde el Gobierno no hacen sino alimentar las sospechas y la desconfianza.

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