Huelga masiva en Cataluña: Casi el 44% del profesorado público se suma a la protesta contra el Govern

La última jornada de huelga convocada por los sindicatos mayoritarios de la educación en Cataluña ha dejado una contundente respuesta: el 43,7% del profesorado de centros públicos secundó la convocatoria, una cifra que supera con creces el 33% de seguimiento que obtuvo el conseller de Educación, Josep Gonzàlez Cambray, en su última comparecencia.

La escalada de la protesta ha sido constante durante toda la semana, con porcentajes de paro que oscilaron entre el 32% y el 38% en las jornadas anteriores. La jornada de ayer, sin embargo, ha sido la más contundente, con la participación de Ustec, Professors de Secundària, CGT e Intersindical en una huelga que se ha prolongado durante cinco días consecutivos.

Manifestación multitudinaria que colapsa Barcelona

El desenlace de la huelga se ha traducido en una manifestación masiva que ha inundado las calles de Barcelona. La Guardia Urbana estimó la participación en 35.000 personas, aunque los convocantes elevaron la cifra hasta los 100.000 asistentes. La «marea amarilla», como se ha bautizado a los manifestantes por sus camisetas de ese color, ha recorrido las principales avenidas de la ciudad, provocando cortes de tráfico importantes en el acceso a la capital catalana.

Lo que ha llamado especialmente la atención es que la protesta no se ha limitado al profesorado. El colectivo ha sido acompañado por personal de guarderías, centros de educación especial, administrativos y monitores de ocio, evidenciando una contestación transversal al sector educativo. Incluso la escuela concertada se ha sumado a la protesta, ampliando el impacto de la movilización.

El Govern mantiene su postura: «No hay más dinero»

A pesar de la contundencia de la respuesta sindical, el Govern no ha mostrado signos de ceder en sus posiciones. El Departament d’Educació ha defendido el acuerdo alcanzado con UGT y CC.OO., que supone un incremento de 2.000 millones de euros, como un avance sustancial que no tiene precedentes en la historia reciente de la educación catalana.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterado su defensa del pacto, subrayando que «hemos dado pasos para mejorar» y que «¿hay que dar más pasos? Por descontado que sí. ¿El Govern los dará? Por descontado que sí». Sin embargo, la ambigüedad de estas declaraciones no ha satisfecho a los sindicatos, que exigen respuestas concretas y un compromiso claro de reapertura de la mesa sectorial.

Sindicatos exigen reunión urgente con la cúpula del Govern

La portavoz de Ustec, Iolanda Segura, ha sido contundente en sus exigencias: una reunión con el president Illa y el conseller de Presidència, Albert Dalmau, el «próximo martes a las 10 de la mañana» en la Universitat de Barcelona, como «espacio neutral». Esta petición refleja la tensión existente y la necesidad de diálogo directo que demandan los sindicatos.

Los representantes sindicales han mantenido encuentros con los partidos políticos independentistas (ERC, Junts y la CUP), además de con los Comuns, buscando su apoyo para presionar al Govern. Esta estrategia evidenciaría una politización de la protesta, buscando alianzas parlamentarias para forzar una negociación más favorable.

Un contexto de reivindicaciones históricas

El Govern argumenta que comprende las reivindicaciones tanto salariales como de escuela inclusiva, pero insiste en que el marco actual no permite más inversiones. Recuerdan que el complemento autonómico no se había tocado en 25 años y que el acuerdo plantea una subida del 30% con recursos extraordinarios.

UGT y CC.OO., que firmaron el acuerdo del 11% de subida salarial de los funcionarios con el Gobierno español, consideraron que el pacto catalán era razonable, especialmente al dejar libre la negociación para el tercer y cuarto año. Sin embargo, esta posición les ha valido críticas duras por parte de otros sindicatos, que les acusan de claudicar ante el Govern.

El curso escolar en peligro y la presión aumenta

Los sindicatos han lanzado una advertencia clara: «el curso no acabará con normalidad». Cientos de asambleas de trabajadores se han organizado para las últimas protestas de febrero y marzo, en un proceso de coordinación autónoma similar al que vertebró el referéndum por la independencia. Esta organización descentralizada y horizontal podría complicar aún más la gestión de la crisis por parte del Govern.

Los centros educativos, que hasta ahora han recibido el apoyo de las familias, están organizando nuevas formas de protesta. Entre las acciones previstas figuran la supresión de colonias, la entrega de notas sin comentarios personalizados o acudir al departamento por cualquier nimiedad. Estas medidas, aparentemente inocuas, podrían generar un impacto acumulativo significativo en el funcionamiento del sistema educativo.

Un sector fracturado y elecciones sindicales a la vista

La huelga ha dejado heridas profundas en la convivencia de muchos claustros, divididos entre profesores con y sin camisetas amarillas. Las direcciones de los centros se han encontrado en situaciones incómodas, con posicionamientos a favor y en contra de la protesta que han generado tensiones internas.

Especialmente crítico ha sido el trato recibido por los enlaces sindicales de UGT y CC.OO., que han sido objeto de desprecio hasta el punto de que la Administración ha tenido que pedir a las direcciones que velen por la seguridad y el respeto de los profesionales. «Ninguna persona debería sentirse insegura o menospreciada por su opinión», señala la carta enviada por el Departament d’Educació.

Además, el próximo año hay elecciones sindicales, y los sindicatos quieren combatir la desmovilización de 2024, cuando la participación se desplomó. Este factor electoral podría estar alimentando la intensidad de la protesta actual.

El Govern confía en los presupuestos

El Govern confía en que la aprobación de los presupuestos para 2026, que contempla mejoras en el personal (más profesores y personal de atención) y un aumento del presupuesto a la conselleria del 24% (8.356 millones), pueda atenuar las tensiones. Sin embargo, los sindicatos consideran que estas mejoras son insuficientes y exigen que en la renegociación política de los presupuestos la partida de educación se acerque al 6% del PIB.

La crisis en el sector educativo catalán parece lejos de resolverse. Con una movilización sindical en aumento, un Govern que mantiene su postura y un sistema educativo que podría entrar en una espiral de protestas continuadas, el curso escolar 2025-2026 se presenta como uno de los más convulsos de la historia reciente de Cataluña.

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