Estafa de tiempo compartido en Puerto Vallarta deja pérdidas millonarias a pareja de estadounidenses

Puerto Vallarta, Jalisco — Lo que comenzó como una oferta por correo electrónico para rentar un tiempo compartido en este destino turístico de la costa del Pacífico mexicano se convirtió en una pesadilla financiera que le costó a una pareja de adultos mayores más de 800,000 dólares.

El caso de Alberto y Luisa, cuyos nombres se mantienen en reserva por seguridad, ejemplifica una modalidad delictiva que ha alcanzado proporciones alarmantes en los últimos años. Según el Buró Federal de Investigaciones (FBI), entre 2019 y 2023, más de 6,000 víctimas en Estados Unidos reportaron pérdidas por casi 300 millones de dólares debido a fraudes relacionados con tiempos compartidos. Solo en 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI recibió 900 quejas, con pérdidas que superan los 50 millones de dólares.

El modus operandi de los estafadores

El abogado Roberto Keoseyan, quien ha representado a varias víctimas y compartió los detalles con Aristegui Noticias, explicó que el esquema fraudulento ha alcanzado un nivel de sofisticación preocupante. Los delincuentes, a menudo con profundo conocimiento del sistema financiero estadounidense, se hacen pasar por brokers especializados y prometen el pago de impuestos y la transferencia de grandes sumas.

Para «liberar» el dinero de la supuesta venta, exigen a las víctimas el pago de cantidades cada vez mayores. La organización es tal que, según Keoseyan, los estafadores falsifican documentos gubernamentales, membretes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), e incluso suplantan la voz de funcionarios, como la del entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.

Empresas legítimas afectadas por suplantación

La cadena hotelera Vidanta se ha visto gravemente afectada por la suplantación de su identidad. La compañía ha presentado 16 denuncias penales desde 2019 contra personas físicas y morales por estos delitos. Vidanta detalló que los defraudadores utilizan indebidamente sus logotipos y nombres comerciales para contactar a clientes, haciéndoles creer que existe una relación directa con el grupo.

Aunque Vidanta asegura mantener una estrategia de comunicación preventiva desde 2014 y ha colaborado en el desmantelamiento de call centers apócrifos en Puerto Vallarta, Keoseyan señaló que la filtración de datos de clientes apunta a que «alguien está vendiendo la información».

La mecánica del engaño

La estafa suele dirigirse principalmente a adultos mayores. Los estafadores contactan a las víctimas haciéndose pasar por corredores inmobiliarios, abogados o representantes de ventas. En la modalidad de venta o renta, exigen pagos anticipados por conceptos como «cuotas de uso», «impuestos sobre ganancias de capital» o «certificados», como ocurrió con Alberto y Luisa, quienes realizaron transferencias a entidades como Title Works Services o Logística AIC SAS de CV entre septiembre y diciembre de 2024, todas ellas con sede en Jalisco.

En la compra, el fraude ocurre durante presentaciones de venta de alta presión en destinos turísticos, donde se firman contratos con cláusulas que luego dificultan cualquier cancelación, a pesar de que la ley mexicana contempla un periodo para hacerlo.

La revictimización

Las autoridades advierten que la estafa no termina con la pérdida inicial. Una segunda fase, conocida como revictimización, ocurre cuando falsos abogados o funcionarios prometen recuperar el dinero perdido a cambio de un nuevo pago inicial.

El diario Debate señala que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) solo puede mediar en disputas si el contrato es legítimo; si es inexistente, el caso debe pasar a la fiscalía estatal. Las recomendaciones de las autoridades de ambos países son claras: no transferir dinero antes de recibir un pago, verificar la identidad de los intermediarios y realizar cualquier operación ante notario.

El vínculo con el crimen organizado

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), vinculó directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con estas operaciones fraudulentas en Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas. El Departamento del Tesoro señaló que, desde 2012, el CJNG tomó el control de estas estafas, utilizando los datos de propietarios obtenidos mediante cómplices en complejos turísticos para fortalecer sus finanzas y generar devastación económica y emocional, principalmente entre retirados estadounidenses.


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