Nueva York se blinda contra contratos millonarios sin control tras escándalos por COVID-19 y crisis migratoria

La Ciudad de Nueva York dio un paso histórico para poner fin a la era de los contratos de emergencia sin supervisión, tras los escándalos multimillonarios que marcaron las gestiones de las crisis del COVID-19 y la avalancha migratoria. Este martes, el Concejo Municipal avanzó en la discusión de una legislación que limitará drásticamente la capacidad del Ejecutivo de firmar acuerdos millonarios sin filtros, estableciendo por primera vez un tope de 90 días para este tipo de contrataciones y exigiendo aprobación previa por escrito del Contralor para extensiones.

El escándalo de los 5,7 mil millones sin control

Solo entre 2023 y 2024, la Contraloría Municipal cuestionó cómo se asignaron al menos 5,7 mil millones de dólares para atender a los solicitantes de asilo, cubriendo alimentos, hospedajes y servicios básicos a la masa de recién llegados que cruzaron la frontera con México. Según un informe del Departamento de Investigación (DOI), la mayoría de las irregularidades provienen de los servicios de albergues para personas sin hogar, donde supuestamente organizaciones sin fines de lucro dedicadas a ofrecer ayuda humanitaria estarían involucradas en prácticas opacas.

«No más cheques en blanco»: la ley que entierra la discrecionalidad

La presidenta del Concejo, Julie Menin, presentó el proyecto que cambiará para siempre la norma vigente, que hasta ahora no establecía límites de tiempo para este tipo de contrataciones, permitiendo que se extendieran por meses o incluso años. La nueva norma exigirá que los contratos de emergencia se presenten al Contralor y al abogado de la Ciudad para su auditoría dentro de los 15 días posteriores a su ejecución.

«Estamos restaurando la rendición de cuentas y estableciendo barreras reales para que el gasto en crisis sea transparente, justificado y fiscalmente responsable. Los neoyorquinos merecen una supervisión inteligente, no cheques en blanco», declaró Menin.

Lincoln Restler, líder del Comité de Contratos de la cámara municipal, reforzó el mensaje: «Este tipo de contrataciones han aumentado de manera considerable en los últimos años, sin un control adecuado. Estamos seguros que estamos dando un paso que ahorrará mucho dinero a los contribuyentes».

Los escándalos que obligaron a actuar

El COVID-19 y la crisis migratoria, las dos grandes eventualidades de salud pública y humanitarias enfrentadas por Nueva York en los últimos cinco años, implicaron el desembolso de miles de millones de dólares de los contribuyentes para cubrir servicios sanitarios, hospedajes, hoteles y alimentación. Todo sucedió durante las administraciones de Bill de Blasio y Eric Adams, lo cual dejó muchas interrogantes por parte de la contraloría municipal.

Según varios informes compartidos por el Concejo, varias denuncias y escándalos judiciales claramente registrados revelan que algunos de los contratos multimillonarios asignados en medio de estas contingencias supuestamente escondían muchas irregularidades: sobreprecios, empresas dudosas y en consecuencia la calidad de los servicios.

El desperdicio de 7 mil millones en contratos COVID

Durante la pandemia, la Ciudad gastó casi 7 mil millones de dólares en contratos de emergencia registrados bajo la Orden Ejecutiva de Emergencia 101, que suspendió la supervisión normal de las adquisiciones por parte de la Contraloría, lo cual provocó un desperdicio de fondos significativos.

En el caso de la crisis migratoria, una auditoría de la Contraloría reveló que para noviembre de 2023, la Ciudad había comprometido aproximadamente 5,7 mil millones de dólares en 340 contratos de emergencia relacionados con servicios para hacer frente a la crisis que trajo a la ciudad a más de 120,000 inmigrantes.

«La falta de coordinación entre estos contratos dio lugar a que las agencias pagaran tarifas muy dispares por servicios comparables, con compensaciones por hora para puestos equivalentes que oscilaban entre 58 y 201 dólares en diferentes contratos», concluye el informe.

El escándalo DocGo: 432 millones rechazados

En septiembre de 2023, el entonces Contralor Brad Lander denegó la aprobación de un contrato de emergencia sin licitación de 432 millones de dólares con la empresa DocGo, una empresa de servicios médicos sin experiencia en viviendas de emergencia, alegando preocupaciones sobre la responsabilidad del proveedor, su capacidad fiscal y el proceso de selección de subcontratistas.

«La administración Adams procedió con el contrato a pesar de las objeciones. Una auditoría posterior reveló millones de dólares desperdiciados en habitaciones de hotel sin usar, subcontratistas no autorizados y condiciones peligrosas, como moho, y la falta de personal para puestos críticos de trabajadores sociales», precisó un documento divulgado por el Concejo.

El contrato fantasma de 14 millones

Durante la Administración De Blasio, el Departamento de Saneamiento otorgó un contrato de distribución de alimentos de emergencia por 14 millones de dólares a Cariati Developers Inc., un proveedor cuyo propietario había sido condenado por problemas con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), tan solo un mes antes de la adjudicación del contrato, y que además no tenía experiencia previa en la obtención, la preparación y la distribución de alimentos.

El contrato se rescindió después de solo tres semanas, pero no antes de que la Ciudad pagara a Cariati casi $1,5 millones por servicios calificados por la contraloría como «inadecuados».

La red de corrupción en refugios

Un informe del Departamento de Investigación (DOI) divulgado en 2024 examinó a 51 proveedores de refugios sin fines de lucro y encontró cientos de problemas de cumplimiento. Asimismo, se detectó que aparentemente los ejecutivos de organizaciones sin fines de lucro tenían intereses financieros en subcontratistas que proporcionaban alimentos, seguridad y otros servicios en los refugios que administraban.

El dato clave

85% de los contratos de emergencia en la Ciudad se han presentado más de 30 días después de la fecha de inicio del contrato, lo que dificulta significativamente la capacidad de la Contraloría y del Departamento de Investigación para identificar problemas y proteger el dinero de los contribuyentes, de acuerdo con un reporte de la oficina del Contralor Municipal.

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