Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves el decreto 5.248 mediante el cual derogó de forma inmediata siete instituciones creadas durante la era chavista, cuatro de ellas bajo el mandato de Nicolás Maduro. La medida, que fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 7.385, marca un giro abrupto en la estructura del Despacho de la Presidencia y desmonta parte del aparato de programas sociales y organismos de seguridad que habían sido pilares del modelo de gestión del gobierno anterior.

Entre las instituciones eliminadas se encuentran la Misión Alimentación, la Gran Misión Abastecimiento Soberano, la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CIC), organismo ligado a la inteligencia gubernamental. También fueron suprimidas la Misión Alma Mater, encargada de la formación universitaria de militares, y el Instituto Nacional de Tierras (INTI), que administraba la política agraria del país. Según el texto oficial, la decisión busca «optimizar recursos, eliminar duplicidades y reorientar funciones hacia áreas prioritarias de gestión».

El decreto ha generado reacciones inmediatas en la sociedad venezolana. Mientras sectores opositores lo celebran como un paso hacia la «normalización institucional», organizaciones sociales y movimientos populares advierten que el cierre de las misiones podría dejar sin apoyo a miles de familias que dependían de estos programas para su subsistencia. «No es solo papel oficial, detrás de cada misión hay personas que recibían comida, techo y educación. Esto no puede ser un simple trámite administrativo», declaró una dirigente comunitaria en Caracas.

Por otra parte, la organización no gubernamental Foro Penal informó que, desde el pasado 8 de enero —fecha en que comenzaron las liberaciones de presos políticos—, el número de excarcelados asciende a 444. El recuento incluye a dirigentes, estudiantes, militares y civiles que cumplían condena o estaban procesados por causas relacionadas con manifestaciones, presunta conspiración o declaraciones consideradas «desestabilizadoras» por el gobierno anterior. La ONG destacó que, aunque el ritmo de liberaciones se ha mantenido, aún hay al menos 200 casos pendientes de revisión.

Analistas políticos consideran que la derogación de estas instituciones y el avance en las excarcelaciones forman parte de una estrategia para «limpiar» la imagen institucional del país y enviar señales al exterior de un cambio de rumbo. Sin embargo, advierten que el impacto real dependerá de las alternativas que se implementen para reemplazar los programas sociales y de la independencia real del sistema judicial para garantizar que las liberaciones no sean reversibles.

La medida también coincide con la designación de nuevos funcionarios en el gabinete ejecutivo, con perfiles técnicos y con experiencia en gestión pública, en un intento por dar una imagen de eficiencia y transparencia. No obstante, la oposición radical ha exigido mayor celeridad en la restitución de instituciones democráticas y la realización de elecciones generales.

En las calles, la ciudadanía permanece expectante. Muchos recuerdan que, en gobiernos anteriores, la eliminación de misiones terminó traduciéndose en el recorte de beneficios concretos. «Hay que ver qué viene después, porque aquí lo que importa es que la gente pueda comer y tener salud», comentó un habitante de Petare, una de las zonas populares más grandes de Latinoamérica.

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