Escándalo en Tenerife: Menores tuteladas desaparecen en el Carnaval y podrían haber sufrido abusos sexuales

En un caso que ha sacudido al archipiélago canario y que amenaza con desencadenar una crisis institucional sin precedentes, los padres de una menor tutelada junto a los colectivos Gaveta 20A y Arcan (Asamblea Reivindicativa Canaria) han presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife que podría poner contra las cuerdas al sistema de protección de menores del Gobierno de Canarias.

El horror desatado en el corazón del Carnaval

Los hechos, que parecen sacados de una pesadilla, ocurrieron el 16 de febrero durante la noche más emblemática del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Tres menores tuteladas por el Gobierno de Canarias, con edades comprendidas entre 14 y 15 años, fueron autorizadas para asistir a los actos nocturnos del festival más importante de Canarias, una decisión que ya de por sí genera cuestionamientos dada la naturaleza adulta y multitudinaria del evento.

Lo que debía ser una salida supervisada se convirtió en una tragedia anunciada. Durante la noche, las menores lograron evadir la supervisión del centro de protección gestionado por Aldeas Infantiles en Tenerife y desaparecieron durante dos días completos. Cuando finalmente aparecieron, la pesadilla apenas comenzaba.

El silencio cómplice de las instituciones

Según los denunciantes, durante el tiempo que permanecieron desaparecidas, las menores habrían mantenido relaciones sexuales con hombres cuya edad y circunstancias se desconocen. Sin embargo, lo más escandaloso no es solo lo ocurrido durante su desaparición, sino lo que sucedió después.

«Cuando aparecieron, lo primero que debía haberse hecho era activar inmediatamente los protocolos médicos y de protección. Eso no ocurrió», denuncian con contundencia los padres y representantes de los colectivos.

En España, la ley es clara: el consentimiento no es suficiente cuando se trata de menores de 16 años. Sin embargo, según los denunciantes, no se produjo un traslado inmediato a un centro sanitario ni se recogieron posibles pruebas biológicas que pudieran haber sido fundamentales para esclarecer lo sucedido. Esta aparente omisión podría haber supuesto la pérdida irreversible de evidencias cruciales.

Un sistema de protección en entredicho

El caso ha destapado lo que los denunciantes califican como «graves irregularidades» en la actuación de las administraciones responsables de la tutela de estas menores. La denuncia no solo apunta a los posibles hechos de carácter sexual ocurridos durante la desaparición, sino que cuestiona toda la cadena de decisiones que condujeron a esta situación.

Entre las irregularidades denunciadas se encuentran:

• La decisión de permitir que menores tuteladas asistieran a un evento nocturno multitudinario de carácter adulto, donde la supervisión se vuelve extremadamente compleja.
• La pérdida de supervisión que permitió su desaparición durante dos días completos, sin que las autoridades activaran protocolos de búsqueda inmediatos.
• La negación de derechos que asisten a las menores, incluyendo la atención médica y psicológica inmediata.
• La aparente ausencia de activación inmediata de los protocolos médicos y de protección tras su aparición.

La llamada a comparecer ante el Parlamento

Además de la denuncia ante la Fiscalía, los denunciantes han exigido que la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y todas las personas responsables del sistema de protección de menores del Ejecutivo autonómico, del Cabildo de Tenerife y de la entidad gestora del centro donde residían las menores, comparezcan ante el Parlamento de Canarias.

«Lo que está en juego no es solo este caso concreto, sino el funcionamiento del sistema de protección de menores en Canarias. Si una menor tutelada puede desaparecer dos días y después no se activan los protocolos básicos de protección, estamos ante un problema institucional muy grave», señalan con preocupación.

El impacto en la sociedad canaria

El caso ha generado una profunda conmoción en la sociedad canaria, donde el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife no solo es una fiesta popular, sino un símbolo cultural de la isla. La combinación de menores tuteladas, desaparición, posibles abusos sexuales y negligencia institucional ha creado una tormenta perfecta que amenaza con sacudir los cimientos del sistema de protección infantil en la región.

Expertos en protección de menores consultados por este medio han señalado que el caso revela «fallas sistémicas» en el sistema canario. «No se trata solo de errores individuales, sino de una cadena de decisiones que demuestran una falta de protocolos adecuados y una cultura institucional que prioriza la burocracia sobre la protección efectiva de los menores más vulnerables», afirma una fuente que prefirió mantenerse en el anonimato.

La investigación en marcha

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado la recepción de la denuncia y ha anunciado que abrirá una investigación para esclarecer los hechos. Fuentes judiciales consultadas indican que el caso podría derivar en la imputación de varios responsables, tanto por los posibles delitos sexuales contra las menores como por la negligencia en la activación de los protocolos de protección.

Mientras tanto, Aldeas Infantiles, la entidad gestora del centro donde residían las menores, ha declinado realizar declaraciones hasta que concluya la investigación judicial. El Gobierno de Canarias, por su parte, ha anunciado que colaborará plenamente con la Fiscalía y ha abierto una investigación interna paralela.

El drama de las víctimas

Más allá de las implicaciones institucionales y legales, el caso pone de relieve el drama personal de las menores involucradas. Estas son niñas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, bajo tutela del sistema público precisamente porque sus familias de origen no podían garantizar su protección.

Ahora, habiendo sufrido potencialmente abusos sexuales y habiendo sido abandonadas por el sistema que debía protegerlas, su situación se ha vuelto aún más crítica. Fuentes cercanas al caso indican que las menores están recibiendo atención psicológica, aunque se desconoce si han sido sometidas a los exámenes médicos forenses que deberían haberse realizado de inmediato tras su aparición.

Un llamado a la reflexión

Este caso ha abierto un intenso debate sobre la protección de menores tutelados en España. ¿Cómo es posible que niñas de 14 y 15 años bajo tutela pública puedan desaparecer durante dos días en una fiesta multitudinaria? ¿Por qué no se activaron los protocolos de protección de inmediato? ¿Qué fallas sistémicas permitieron que esto ocurriera?

Mientras la investigación judicial avanza, la sociedad canaria y española en general se enfrenta a una dolorosa reflexión sobre cómo protegemos a nuestros menores más vulnerables. El caso de Tenerife podría convertirse en un antes y un después en la forma en que se gestiona la protección de menores tutelados en España.

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