Cae el último prófugo del secuestro más sanguinario a un magnate de las criptomonedas: 48 horas de terror, dedos cortados y una persecución de 1.000 kilómetros por España

El pasado viernes 13 de marzo, en plena Costa del Sol, un helicóptero de la Guardia Civil sobrevoló Benalmáena y decenas de agentes rodearon los juzgados de Torremolinos. El operativo no era para una operación antidroga ni un golpe contra el crimen organizado local: era para capturar al último prófugo de un secuestro que conmocionó Francia. Se trata de un hombre tunecino de 24 años, cuya identidad no ha trascendido, y que se convirtió en la última pieza que la justicia francesa necesitaba para cerrar un caso que combinó extorsión millonaria, violencia extrema y el mundo opaco de las criptomonedas.

La historia comienza el 21 de enero de 2025 en Vierzon, una tranquila localidad a 200 kilómetros al sur de París. David Balland, empresario de 38 años especializado en criptoactivos, salió de su casa junto a su esposa para llevar a sus hijos al colegio. Tres encapuchados armados irrumpieron en su domicilio, los retuvieron y, en cuestión de minutos, los separaron. Los secuestradores exigieron 10 millones de euros por liberarlos con vida.

La brutalidad del método sorprendió incluso a las fuerzas de seguridad. Durante las casi 48 horas de cautiverio, los criminales cortaron dos dedos a Balland y enviaron un vídeo a Eric Larchevêque, socio del empresario, para demostrar que iban en serio. El mensaje era claro: o pagaban, o la violencia aumentaría. El secuestro se convirtió en un caso emblemático dentro de una ola de ataques similares contra inversores de criptomonedas en Francia, un sector que, pese a su crecimiento, opera con un alto grado de anonimato y por tanto atrae a redes criminales.

El operativo de rescate movilizó a más de 230 agentes y acabó con la liberación de la pareja y la detención de 11 personas. Pero uno de los implicados logró escapar y emprendió una huida que lo llevó a cruzar España de punta a punta. Durante casi un año y medio, vivió en la clandestinidad, cambiando constantemente de ubicación y manteniendo un perfil bajo para no levantar sospechas.

La Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), inició el rastreo en Valencia, donde el fugitivo fue detectado junto a su novia, una mujer francesa, y un amigo también tunecino. Se alojaban en apartamentos turísticos alquilados por internet y pagaban sus gastos diarios con una tarjeta bancaria de un tercero, una práctica que les ayudó a no dejar rastro financiero.

De Valencia se trasladaron a Sevilla, donde se refugiaron temporalmente en casa de familiares. Después, el grupo se movió a la provincia de Cádiz y finalmente a Benalmádena, en la Costa del Sol. Allí, el prófugo llevaba una vida discreta, residiendo en una zona cercana a la avenida Bonanza. Los agentes, tras identificar a uno de sus acompañantes, establecieron un dispositivo de vigilancia que culminó con su arresto.

La detención requirió un operativo de seguridad elevado debido a la naturaleza violenta de los delitos que se le imputan: secuestro, extorsión, blanqueo de capitales y receptación. El prófugo fue trasladado a la Audiencia Nacional, donde se tramita su extradición a Francia.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en el sector de las criptomonedas. Las autoridades francesas, conscientes del auge de estos ataques, se reunieron con representantes del sector para impulsar medidas que mejoren la protección de inversores y familiares. La rapidez y el anonimato de las transacciones digitales, aunque son ventajas para los usuarios, también facilitan la acción de grupos criminales organizados.

Ahora, con el arresto del último implicado, la justicia francesa cierra un capítulo que expuso las vulnerabilidades de un mercado financiero en auge y los extremos a los que puede llegar el crimen organizado cuando se cruza con el dinero digital. La historia de este tunecino de 24 años, que huyó más de 1.000 kilómetros por España para escapar de la justicia, es el desenlace de un secuestro que dejó una huella imborrable en el país vecino.

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