DHS Critica a Juez Federal por Liberar a Presunto Miembro de MS-13: “Es una Imprudencia Inexcusable”

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó una fuerte crítica este martes contra la decisión de un juez federal que ordenó la liberación de Carlos Antonio Flores-Miguel, un inmigrante indocumentado acusado de pertenecer a la peligrosa pandilla MS-13 y que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, calificó al juez de “activista” y recordó que fue designado durante la administración de Barack Obama. Aunque el comunicado oficial no especificó el motivo exacto de la orden judicial, Bis fue contundente en su condena: “Este pandillero ya había sido LIBERADO por la administración Biden en 2022. Liberar a delincuentes violentos es una imprudencia inexcusable, y ahora este criminal podrá perpetrar más crímenes contra ciudadanos estadounidenses inocentes”.

Según el DHS, Flores-Miguel fue arrestado el 20 de enero de 2026 en Minnesota durante una operación especial del ICE. El comunicado detalla que durante su detención el sospechoso se resistió activamente, golpeando y pateando a los agentes, e incluso arrebató la funda del arma de un oficial. Estos hechos, según la agencia, demuestran la peligrosidad del individuo y justifican su detención.

El historial migratorio de Flores-Miguel revela un patrón de entradas y salidas irregulares. El DHS informó que ingresó a Estados Unidos en septiembre de 2016, fue deportado en octubre del mismo año, reingresó y fue deportado nuevamente en marzo de 2017. En octubre de 2021 habría ingresado por tercera vez y fue liberado en junio de 2022. Un juez de inmigración emitió posteriormente una orden final de deportación, determinando que podía ser removido a cualquier país excepto El Salvador.

“El presidente Trump está haciendo cumplir la ley y arrestando a inmigrantes indocumentados que no tienen derecho a estar en nuestro país. Estamos aplicando la ley tal como está escrita. Si un juez de inmigración determina que un inmigrante indocumentado no tiene derecho a estar en este país, lo deportaremos. Punto”, declaró Bis.

El DHS también detalló los antecedentes penales de Flores-Miguel, que incluyen presuntos delitos como violación, resistencia a la autoridad y reingreso ilegal, además de un arresto previo en El Salvador por robo. La agencia sostiene que este caso ejemplifica la importancia de las deportaciones a terceros países para ejecutar órdenes finales cuando no es posible la remoción al país de origen.

En un contexto legal más amplio, un tribunal federal de apelaciones autorizó recientemente a la administración Trump a continuar deportando inmigrantes a países distintos de sus países de origen, lo que podría facilitar casos como el de Flores-Miguel.

Este incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad nacional, la inmigración ilegal y el papel de los jueces federales en la aplicación de las leyes migratorias. Mientras el DHS defiende una postura de mano dura contra los criminales indocumentados, grupos defensores de los derechos humanos advierten sobre el riesgo de generalizar y criminalizar a toda una comunidad migrante.

La liberación de Flores-Miguel ha generado reacciones encontradas: por un lado, sectores conservadores y agencias de seguridad ven la decisión como una amenaza para la seguridad pública; por otro, activistas migratorios critican lo que consideran una narrativa alarmista que estigmatiza a los inmigrantes. La tensión entre el cumplimiento estricto de la ley y el respeto a los derechos individuales sigue siendo un punto de conflicto en el debate migratorio estadounidense.

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