El caso residencias sigue su curso en Madrid con nuevas sesiones judiciales que no arrojan avances significativos. Este jueves, la investigación se trasladó a Getafe, donde comparecieron dos de los cuatro ex responsables del Gobierno regional imputados por supuesta discriminación en el acceso a la sanidad pública durante la crisis del COVID-19. La audiencia giró en torno a la muerte de Petra Gadea, fallecida el 12 de abril de 2020 tras ser rechazada por el Hospital de Getafe, y contó con la presencia de familiares y manifestantes que reclaman justicia.

Pablo Busca, ex jefe de las ambulancias del Summa 112, se acogió a su derecho a guardar silencio durante la declaración, mientras que Javier Peromingo, redactor de los protocolos de triaje, reiteró su postura de que consideró discriminatorias las primeras versiones de estos documentos. Peromingo ya había expresado esta posición en otras vistas judiciales, manteniendo su versión ante la jueza instructora.

El caso residencias, que investiga la gestión de la pandemia en residencias de mayores, cumple seis años sin resolución definitiva. Las familias afectadas y la Fiscalía solicitan la unificación de los procedimientos en una macrocausa, argumentando que los hechos y los imputados coinciden en los distintos procesos. Sin embargo, algunos imputados, como Carlos Mur, defienden la fragmentación, alegando que cada muerte se produjo en circunstancias distintas.

La decisión sobre si se crea o no la macrocausa está pendiente y se conocerá el 16 de abril, cuando tres magistrados de la Audiencia Provincial se reúnan para deliberar. Esta resolución podría marcar un punto de inflexión en la investigación, ya que determinará si todos los procedimientos quedan en manos de una sola jueza de Plaza de Castilla o si continúan dispersos por distintos juzgados.

Mientras tanto, las familias se preparan para conmemorar el sexto aniversario de los hechos con actos de homenaje, entre ellos la lectura dramatizada de una obra teatral y una exposición en la Fundación Anselmo Lorenzo. La comunidad mantiene viva la memoria de las víctimas y reclama responsabilidades políticas y sanitarias por lo ocurrido durante la pandemia.

El caso residencias sigue generando debate y tensión en la sociedad madrileña, con manifestaciones periódicas a las puertas de los juzgados y un seguimiento mediático constante. La resolución del 16 de abril será clave para determinar el futuro de la investigación y, posiblemente, para cerrar un capítulo doloroso en la historia reciente de la región.,