Impactante revelación: Testigos y pruebas exponen supuesta agresión sexual por parte del exjefe de la Policía Nacional

La trama de corrupción y abuso de poder que sacude los cimientos de la Policía Nacional ha tomado un giro dramático esta semana, con el anuncio de que la agente que denunció al exdirector adjunto operativo, José Ángel González, conocido como «Jota» en el cuerpo, presentará este viernes pruebas irrefutables que podrían confirmar las acusaciones de agresión sexual y coacciones posteriores.

Pruebas contundentes que sacudirán el caso

En una declaración exclusiva a Efe, el abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, ha confirmado que entregará de forma telemática al juzgado tres grabaciones de audio, entre ellas una captada en el momento preciso de la supuesta violación, además de listados detallados de llamadas y conversaciones que, según el letrado, demuestran fehacientemente tanto la agresión como las maniobras de intimidación posteriores.

«Presentaremos toda la prueba que mencionamos en la querella y que el juez nos ha requerido», ha afirmado Piedrafita con contundencia. «Estamos convencidos de que con estas evidencias se podrá avanzar significativamente en la investigación no solo contra González, sino contra cualquier persona implicada por acción u omisión, incluyendo a quienes hayan intentado encubrir estos hechos. Se actuará contra todos, caiga quien caiga».

Un caso que estalló en el corazón del Ministerio del Interior

La existencia de la querella contra el que fuera máximo responsable operativo de la Policía Nacional salió a la luz el pasado martes, apenas media hora después de que el Ministerio del Interior tuviera conocimiento de la misma. La repercusión fue inmediata y fulminante: ese mismo día, González presentó su dimisión, dejando vacante el cargo más importante de la institución policial.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido una postura defensiva, insistiendo en que no tuvo conocimiento previo de los hechos denunciados. El Gobierno, liderado por el presidente Pedro Sánchez, ha respaldado la gestión del ministerio y ha subrayado que se ha actuado con «empatía» hacia la víctima. Sin embargo, la oposición no ha tardado en reaccionar: el Partido Popular ha exigido la dimisión de Marlaska, quien ha respondido con una condición clara: solo dimitirá si la denunciante no se ha sentido protegida.

Nuevos nombres salen a la luz

La querella admitida a trámite en un juzgado madrileño detalla conversaciones que ahora serán incorporadas al procedimiento. Según el abogado, en una de las grabaciones participa el comisario Óscar San Juan, hombre de confianza de González, quien también ha sido relevado de su puesto por presuntamente coaccionar a la víctima.

En declaraciones a La Sexta, Piedrafita ha reaccionado a las afirmaciones de González en OkDiario, donde el exjefe de la Policía se declaró «inocente». El letrado se ha limitado a señalar que su cliente «ejerce el derecho a mentir que tiene todo investigado». Sobre las grabaciones, ha sido categórico: «Están protegidas. Y en los audios queda claro que no hubo consentimiento: el ‘no’ es nítido y claro».

La denunciante, bajo protección y en el ojo del huracán

El abogado ha revelado que la víctima se reunió el jueves con la comisaria principal Gemma Barroso, quien asumió el cargo de jefa de la Policía en funciones tras la dimisión de González. Además, ha confirmado que la agente ya cuenta con protección de escoltas 24 horas, una medida que considera absolutamente necesaria tras la filtración de su identidad.

«Se ha filtrado su identidad y ella quiere proteger su integridad y la de su familia», ha explicado Piedrafita. La denunciante, según el letrado, se encuentra «destrozada» por el bombardeo de mensajes y ataques personales que ha recibido tras la querella. El letrado ha denunciado una «cacería para hacerle daño y desacreditarla», con publicaciones sobre su vida personal que, según defiende, son en su mayoría «falsedades o medias verdades».

¿Más víctimas en la sombra?

Quizás lo más escalofriante de las declaraciones de Piedrafita es su sospecha de que pueda haber más mujeres en situaciones similares. «El modus operandi estaba muy estudiado, engrasado para ejecutarlo», ha afirmado el abogado, añadiendo que es algo que se comenta en los mentideros policiales. Ante esta posibilidad, el letrado anima a cualquier perjudicada a denunciar para «acabar con la impunidad».

El caso ha abierto una caja de Pandora dentro de la Policía Nacional, cuestionando no solo la conducta de sus máximos responsables, sino también los mecanismos internos de denuncia y protección a víctimas. Mientras la investigación avanza, la sociedad española observa con estupor cómo uno de sus cuerpos de seguridad más emblemáticos se ve sacudido por acusaciones que, de confirmarse, representarían una de las mayores crisis institucionales de los últimos años.

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