Eugenio Domínguez y su jefa imputados por autorizar un parque solar de Iberdrola en Alcántara pese a informes que lo declaran «manifiestamente contrario a la normativa»

Un escándalo medioambiental y político se ha desatado en Extremadura tras conocerse que Eugenio Domínguez, exdirector general de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, y su entonces superiora, la consejera regional, han sido imputados por permitir la instalación de un parque solar de Iberdrola en el municipio de Alcántara, pese a que la Fiscalía de Medio Ambiente certificó que el proyecto era «manifiestamente contrario a la normativa vigente».

La investigación, que ha sido revelada por El Mundo, señala que la autorización se concedió a pesar de informes técnicos contundentes que alertaban sobre la incompatibilidad del proyecto con la legislación ambiental regional y nacional. El parque solar, promovido por la multinacional energética Iberdrola, fue aprobado en una época en la que la presión por impulsar energías renovables chocaba con la necesidad de preservar espacios naturales protegidos.

Según fuentes judiciales, el juez instructor del caso ha imputado a ambos cargos por presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra el ordenamiento del territorio. La decisión del magistrado se basa en la existencia de documentación oficial que demuestra que tanto Domínguez como su jefa conocían las advertencias de la Fiscalía, pero decidieron ignorarlas para dar luz verde al proyecto.

Lo más llamativo del caso es que, pese a la gravedad de los hechos, el fiscal encargado del caso no se personó en la declaración de los imputados, lo que ha generado críticas y sospechas sobre la celeridad y transparencia de la investigación. Este hecho ha alimentado las especulaciones sobre posibles presiones políticas o intereses económicos detrás de la autorización.

El parque solar de Alcántara, que ya está en funcionamiento, ha sido objeto de numerosas quejas por parte de colectivos ecologistas y vecinos de la zona, quienes denuncian que su construcción causó un grave impacto en el ecosistema local y en el paisaje protegido de la región. Ahora, con la imputación de los responsables políticos, el caso ha tomado un giro judicial que podría tener consecuencias legales y políticas de gran envergadura.

La Fiscalía de Medio Ambiente, en su informe, señaló que el proyecto no cumplía con los requisitos mínimos de protección ambiental y que su ubicación en una zona de alto valor ecológico lo convertía en una amenaza para la biodiversidad local. Sin embargo, la Junta de Extremadura, liderada por la consejera implicada, decidió ignorar estas advertencias y autorizar la instalación, argumentando la necesidad de impulsar la transición energética.

Este caso ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre el desarrollo de energías renovables y la protección del medio ambiente, así como sobre la responsabilidad de los cargos públicos en la toma de decisiones que afectan al patrimonio natural. Mientras tanto, la imputación de Eugenio Domínguez y su jefa ha puesto en el centro de la polémica a la administración regional y a Iberdrola, que se ha mantenido al margen de las acusaciones.

La sociedad extremeña, por su parte, espera que la justicia esclarezca los hechos y determine si hubo negligencia, prevaricación o incluso corrupción en la autorización de este polémico parque solar. Lo que está claro es que este caso ha dejado al descubierto las tensiones entre el desarrollo económico, la protección ambiental y la integridad de la administración pública.

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