Girona: La polémica política de padrón de la CUP deja sin derechos a 150 personas vulnerables

El Ayuntamiento de Girona, gobernado por la CUP desde las elecciones municipales de 2023, ha desatado una tormenta política y social al endurecer los requisitos para acceder al padrón municipal, dejando a más de 150 personas en situación de vulnerabilidad sin acceso a derechos fundamentales como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

El cambio de criterio que genera controversia

La defensora de ciudadanía de Girona, Marta Alsina, ha recibido 42 quejas formales sobre el nuevo procedimiento, que ha afectado a 1.350 expedientes pendientes de resolución. El consistorio ha dejado de aceptar empadronamientos en direcciones alternativas como el centro social «La Sopa», un espacio que ofrecía servicios a personas sin hogar y en riesgo de exclusión.

«El padrón no puede servir para obstaculizar derechos fundamentales», ha declarado Alsina, mientras que las entidades sociales alertan de que esta política está dejando «desamparada a mucha gente», con riesgo de vulnerar derechos constitucionales.

Los colectivos más afectados

Según las denuncias recopiladas, los casos más problemáticos afectan principalmente a:

  • Personas que ocupan viviendas: el consistorio envía servicios sociales o policía para verificar la residencia efectiva
  • Personas sin hogar: se ha dejado de empadronar a quienes no son usuarias del centro La Sopa y no pueden acreditar domicilio fijo
  • Personas que realquilan habitaciones: aunque no se les permite empadronar allí, si la policía confirma que viven en el lugar, se procede al empadronamiento

Las entidades sociales denuncian que esta política está provocando que «gente desesperada esté pagando hasta 900 euros a quien les facilite poder empadronarse», lo que estaría beneficiando precisamente a las mafias que el consistorio dice combatir.

La respuesta del consistorio

La concejala de Atención a la Ciudadanía, Queralt Vila, niega que se hayan endurecido los criterios, aunque admite que «quizás en los casos de mayor vulnerabilidad se les debe saber acompañar mejor». Atribuye la lentitud en la tramitación a bajas laborales sobrevenidas y asegura que se están «extremando las precauciones y comprobaciones para evitar casos de fraude».

Vila insiste en que «intentamos ser más garantistas para que todo aquel que viva en Girona se pueda empadronar y quede reflejado en el padrón, viva donde viva, en una habitación o bajo un puente, pero que no haya lugar para las mafias».

El impacto en derechos fundamentales

El nuevo procedimiento ha generado demoras que, según las entidades sociales, perjudican el derecho a la educación, el acceso a la sanidad pública, las regularizaciones, los reagrupamientos familiares y la obtención de permisos de residencia. Aunque el Ayuntamiento asegura que los casos urgentes se resuelven en días, la demora promedio ha aumentado significativamente.

«Quedarán sin padrón a pesar de vivir en Girona sin domicilio fijo y tendrán problemas en el futuro para acreditar su arraigo», advierte Núria Palomar, portavoz de la Coordinadora de ONG solidarias.

La polémica política tras la medida

El cambio de política coincide con la llegada de la CUP al gobierno municipal, tras un pacto independentista que desbancó al PSC en junio de 2023. Las entidades sociales critican que Junts esté usando el padrón «como arma electoral» y mantienen que el consistorio «no miente, solo dice verdades parciales».

La defensora Alsina pide una «rectificación inmediata» y que se busquen soluciones a las distintas casuísticas detectadas, mientras que las entidades lamentan que se esté focalizando el control «en determinados colectivos».

Datos alarmantes

Según estimaciones municipales, aproximadamente 20.000 personas vivían en Girona en 2023 sin estar empadronadas. Esta cifra podría aumentar significativamente si la política actual se mantiene, afectando a miles de personas que podrían quedarse sin acceso a servicios básicos y derechos fundamentales.

La controversia ha generado un debate sobre el equilibrio entre la lucha contra el fraude y la garantía de derechos fundamentales, con organizaciones sociales, partidos de oposición y la propia defensora de ciudadanía exigiendo al consistorio que reconsidere su enfoque antes de que más personas vulnerables queden excluidas del sistema.


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