Rusia demanda a la UE por inmovilizar 210.000 millones de euros en activos soberanos

El Banco Central de la Federación Rusa ha presentado una demanda ante el Tribunal General de la Unión Europea en Luxemburgo contra la decisión del bloque de inmovilizar indefinidamente sus activos soberanos, valorados en aproximadamente 210.000 millones de euros, en un movimiento que intensifica la batalla legal y financiera entre Moscú y Bruselas.

El conflicto legal que sacude las relaciones internacionales

La acción legal, presentada el 27 de febrero de 2026, se hizo pública este martes 3 de marzo mediante un breve comunicado de prensa del banco central ruso. La demanda cuestiona la legalidad de la inmovilización a largo plazo aprobada por los Estados miembros de la UE en diciembre de 2025, como parte de un paquete más amplio de medidas destinadas a reforzar la posición negociadora de Ucrania en las conversaciones para poner fin a la guerra que comenzó con la invasión rusa en febrero de 2022.

Los activos en cuestión, de los cuales 185.000 millones de euros están depositados en Euroclear, el depositario con sede en Bruselas, ya fueron objeto de una demanda previa presentada por Moscú contra esta institución financiera. La nueva acción legal amplía el alcance de la disputa al desafiar directamente la decisión política de la Unión Europea.

La justificación de Moscú: violación de derechos fundamentales

En su comunicado, el Banco Central de Rusia argumenta que la inmovilización viola «los derechos básicos e inalienables de acceso a la justicia, la inviolabilidad de la propiedad y el principio de inmunidad soberana de los Estados y sus bancos centrales, garantizados por los tratados internacionales y el Derecho de la Unión Europea». Según la institución financiera rusa, esta medida «contradice los fundamentos del Estado de Derecho y no puede considerarse compatible con el principio de supremacía de la ley».

El banco central ruso sostiene que la decisión de la UE representa una violación sin precedentes de la inmunidad soberana, un principio fundamental del derecho internacional que tradicionalmente protege los activos estatales de embargos y confiscaciones. Esta argumentación sitúa el caso en el centro de un debate más amplio sobre los límites del derecho internacional en tiempos de conflicto armado y las medidas coercitivas que las potencias occidentales pueden adoptar contra naciones agresoras.

El marco legal: artículo 122 y mayorías cualificadas

La inmovilización se basa en el artículo 122 de los Tratados de la Unión Europea, que permite a la Comisión Europea adoptar medidas apropiadas en caso de graves dificultades económicas o amenazas graves para el funcionamiento del mercado único. Esta disposición se ha utilizado previamente en situaciones de emergencia, como durante la pandemia de COVID-19 y la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania.

La Comisión Europea justificó su aplicación argumentando que las consecuencias económicas de la guerra de Rusia han causado un «grave impacto económico» para toda la UE, incluyendo «graves interrupciones del suministro, mayor incertidumbre, aumento de las primas de riesgo, disminución de la inversión y del gasto de los consumidores», además de ataques híbridos en forma de incursiones de drones, sabotajes y campañas de desinformación.

El banco central ruso alega que Bruselas «cometió graves violaciones de procedimiento» al utilizar la mayoría cualificada del artículo 122 en lugar de la unanimidad que rige la política exterior. Esta crítica fue compartida por Hungría, que se opone a la ayuda a Ucrania y expresó quejas similares cuando se aprobó la medida en diciembre de 2025.

Las condiciones para la liberación: un escenario improbable

Según el reglamento impugnado, los 210.000 millones de euros solo se liberarán cuando Rusia cumpla tres condiciones estrictas: que cese su guerra de agresión contra Ucrania, ofrezca reparaciones a Kiev y deje de suponer un «grave riesgo» para la economía europea. Dado que Moscú ha descartado categóricamente compensar a Ucrania por los daños causados por la invasión, es poco probable que el dinero llegue a liberarse en el futuro previsible.

Esta estructura de condiciones crea un escenario de bloqueo permanente, donde los activos permanecen congelados mientras continúe el conflicto y Rusia mantenga su postura actual. La medida representa, por tanto, no solo una sanción económica inmediata, sino también una herramienta de presión a largo plazo diseñada para influir en el comportamiento estratégico de Moscú.

La respuesta de la Comisión Europea y la estrategia de comunicación

Tras la aprobación de la medida en diciembre de 2025, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró: «Estamos enviando una señal clara a Rusia de que mientras continúe esta brutal guerra de agresión, los costes de Rusia seguirán aumentando». Von der Leyen enfatizó que esta era «un poderoso mensaje para Ucrania: queremos asegurarnos de que nuestro valiente vecino se hace aún más fuerte en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones».

La Comisión Europea aún no ha respondido a la nueva demanda presentada por el Banco Central de Rusia. Sin embargo, después de que Moscú demandara a Euroclear, la Comisión desestimó la acción legal calificándola de «especulativa» e infundada. El reglamento actualmente en vigor prohíbe el reconocimiento y la ejecución dentro del bloque de cualquier reclamación efectuada «en relación» con la inmovilización de los activos rusos, lo que complica aún más cualquier intento de impugnar la medida en los tribunales europeos.

Implicaciones geopolíticas y precedentes legales

Esta disputa legal representa un punto crítico en las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, elevando el conflicto más allá del ámbito militar y diplomático hacia el terreno de la jurisprudencia internacional y la regulación financiera. El caso podría establecer precedentes significativos sobre la capacidad de los bloques regionales para imponer sanciones económicas colectivas que afecten activos soberanos y la medida en que tales acciones pueden justificarse bajo el derecho internacional.

Para la UE, la inmovilización de los activos rusos representa una herramienta poderosa para mantener la presión sobre Moscú mientras demuestra solidaridad con Ucrania. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la estabilidad del sistema financiero internacional y los riesgos que enfrentan los inversores cuando los activos soberanos pueden quedar atrapados en disputas geopolíticas.

Para Rusia, la demanda ante el Tribunal General de la UE es un intento de desafiar la legitimidad de estas medidas y potencialmente recuperar el acceso a recursos financieros críticos. El resultado de este caso podría tener implicaciones profundas para futuros conflictos internacionales y la forma en que las potencias económicas utilizan su influencia financiera como instrumento de política exterior.

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