Casi una cuarta parte de los ciudadanos de la UE han sido sometidos a prácticas de conversión, revela impactante informe

La comunidad LGBTQ+ en Europa sigue enfrentando una realidad alarmante: casi un 25% de los ciudadanos de la Unión Europea han sido objeto de prácticas de conversión, según el último informe de ILGA Europe. Este estudio pionero, basado en datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, revela una problemática extendida que afecta desproporcionadamente a las personas trans, no binarias e intersexuales.

Grecia encabeza la lista de países con mayor exposición

Los ciudadanos griegos reportan la mayor exposición a estas prácticas en toda la UE, con un preocupante 38%. En el extremo opuesto, franceses, italianos y holandeses presentan los porcentajes más bajos, todos ellos con un 18%. Esta disparidad geográfica sugiere diferencias significativas en las actitudes sociales y legales hacia la diversidad sexual y de género en el continente.

Las prácticas de conversión, también conocidas como «terapias de conversión», afirman falsamente poder cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Expertos médicos y psicológicos de todo el mundo han denunciado consistentemente estas prácticas como perjudiciales, ineficaces y carentes de base científica.

Múltiples formas de violencia y coacción

Lo que hace particularmente preocupante este informe es la diversidad de formas que pueden adoptar estas prácticas. Desde la intervención de familiares y rituales religiosos hasta asesoramiento, tratamiento psiquiátrico, medicación, y en los casos más extremos, violencia física y sexual, abuso verbal y humillación.

Las personas trans, no binarias e intersexuales experimentaron una mayor exposición que los encuestados cisgénero, lo que evidencia cómo ciertos grupos dentro de la comunidad LGBTQ+ enfrentan riesgos desproporcionados. Este dato es especialmente relevante considerando que se trata del primer estudio de la nueva serie ‘Informes Intersecciones’ de ILGA Europa.

El devastador impacto psicológico

Casi todos los encuestados que habían experimentado prácticas de conversión en forma de abusos físicos, sexuales o verbales evitaban determinados lugares por miedo a ser agredidos, amenazados o acosados por ser LGBTQ+. Este comportamiento de evitación tiene consecuencias profundas en la calidad de vida, limitando el acceso a espacios públicos, oportunidades laborales y relaciones sociales.

El informe también revela cómo factores socioeconómicos influyen en la vulnerabilidad a estas prácticas. Más de una cuarta parte de los hombres trans encuestados que tenían dificultades económicas para llegar a fin de mes habían dado previamente su consentimiento a prácticas de conversión debido a presiones o amenazas. Mientras tanto, el 22% de las mujeres trans de entre 40 y 54 años han consentido libremente a estas prácticas en algún momento, lo que sugiere dinámicas complejas de poder, educación y acceso a información.

El coste económico de la discriminación

La discriminación por orientación sexual tiene un impacto económico tangible en la UE. Según un informe de la OCDE, el continente pierde hasta 89 millones de euros anuales en PIB debido a esta discriminación. Esta pérdida se atribuye a la menor productividad en el lugar de trabajo, menores ingresos y barreras al empleo para personas LGBTQ+.

Este dato es crucial porque demuestra que la discriminación no solo es una cuestión de derechos humanos, sino también un problema económico que afecta el crecimiento y la competitividad de la Unión Europea en su conjunto.

Acciones internacionales y europeas

A finales de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una resolución histórica instando a los países a prohibir las prácticas de conversión. Aunque no es jurídicamente vinculante, esta resolución representa una forma poderosa de presión política sobre los 46 Estados miembros del Consejo.

La resolución exige que estas prácticas estén claramente definidas en la legislación nacional y sean objeto de sanciones penales, además de establecer mecanismos de supervisión e información. También propone medidas para el apoyo y protección de las víctimas, la evaluación de la legislación aplicada y el fomento de la investigación sobre la prevalencia y el impacto de estas prácticas.

Helena Dalli, ex comisaria europea de igualdad, fue contundente durante el debate sobre la resolución: «Estas prácticas se basan en una mentira, la mentira de que la diversidad es un defecto. Se sustentan en el estigma, y persisten sólo porque las instituciones y los Estados han permitido que persistan».

El camino hacia la protección en la UE

La propia Unión Europea está tomando medidas concretas para combatir la discriminación. A finales de 2025, la Comisión Europea adoptó una estrategia para enfrentar los crecientes ataques contra los miembros de la comunidad LGBTQ+. Esta estrategia llega en un momento crítico, especialmente considerando que la violencia contra personas LGBTQ+ en España se duplicó en un año, según informes recientes.

Actualmente, la mitad de los países de la UE cuentan con una estrategia nacional de igualdad LGBTQ+, y al menos ocho Estados miembros han prohibido explícitamente las prácticas de conversión: Alemania, Bélgica, Chipre, España, Francia, Grecia, Malta y Portugal. Este progreso legislativo, aunque significativo, aún deja a muchos ciudadanos europeos sin protección legal contra estas prácticas dañinas.

Un llamado urgente a la acción

El informe de ILGA Europe no es solo una recopilación de datos; es un llamado urgente a la acción para toda la Unión Europea. Mientras algunos países avanzan en la protección de los derechos LGBTQ+, la persistencia de estas prácticas en una cuarta parte de la población revela que aún queda un largo camino por recorrer.

La intersección de factores como la identidad de género, la situación económica y la edad en la exposición a estas prácticas demuestra que las soluciones deben ser integrales y adaptadas a las necesidades específicas de diferentes comunidades. La protección legal debe ir acompañada de educación, apoyo psicológico y campañas de sensibilización que desafíen las creencias que sustentan estas prácticas dañinas.

Europa se encuentra en una encrucijada: puede continuar permitiendo que estas prácticas persistan bajo el pretexto de la libertad individual y la diversidad cultural, o puede dar un paso audaz hacia la protección real de todos sus ciudadanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. La elección que haga no solo afectará a millones de vidas, sino que también definirá los valores fundamentales que la Unión Europea representa en el mundo.

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