La Policía Nacional en crisis: dimite el número dos tras una querella por acoso sexual

La Dirección General de la Policía Nacional ha convocado este miércoles a todos sus mandos en una reunión de urgencia que ha tenido lugar en la sede central de la institución, en la madrileña calle de Guzmán el Bueno. El motivo: la crisis institucional desatada tras la renuncia del director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, después de conocerse que la Audiencia Provincial de Madrid había admitido a trámite una querella por presuntos delitos de acoso sexual y abuso de superioridad contra una subordinada.

La convocatoria, que ha reunido a la junta de gobierno al completo, se ha celebrado en un clima de tensión institucional y apenas 24 horas después de que la noticia saltara a la opinión pública. Fuentes cercanas al encuentro han confirmado que el director general, Francisco Pardo Piqueras, ha liderado una reunión maratoniana en la que se ha analizado el impacto de la situación y se han diseñado los pasos a seguir para garantizar la normalidad operativa del cuerpo.

Una dimisión que sacude los cimientos de la institución

José Ángel González ocupaba el cargo de director adjunto operativo desde 2018, nombrado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en los primeros compases de la primera legislatura del Gobierno de coalición. Su salida deja un vacío significativo en la cúpula policial, ya que el DAO es el número dos de la institución y el encargado de supervisar todas las operaciones y unidades operativas del cuerpo.

La dimisión, que González habría presentado de manera voluntaria, se produce después de que el juzgado de instrucción número 51 de Madrid le citara a declarar como investigado por los presuntos delitos. Según fuentes jurídicas, los hechos denunciados se remontan a abril de 2023, cuando la víctima, una agente que desempeñaba funciones bajo el mando directo del DAO, habría presentado una denuncia interna que, al parecer, no habría prosperado en su momento.

Marlaska: «Estoy decepcionado y asumo responsabilidades»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para abordar la crisis. Visiblemente afectado, el titular de Interior ha reconocido sentirse «decepcionado» por los hechos y ha asegurado que, de ser necesario, asumiría su responsabilidad política.

«Si la víctima considera que no ha estado suficientemente protegida o que yo personalmente le he fallado, dimitiré», ha declarado Marlaska, en una de las frases más contundentes de su comparecencia. El ministro ha negado rotundamente que se haya intentado tapar la denuncia en su momento y ha defendido que, desde Interior, se han tomado todas las medidas legales oportunas en cuanto se tuvo constancia de la querella.

«La Justicia actuará con total independencia y nosotros colaboraremos con ella en todo lo que sea necesario», ha añadido Marlaska, quien ha insistido en que la prioridad ahora es «garantizar la integridad de la víctima y la plena confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones».

Una crisis que expone tensiones internas

La marcha de González no solo deja un hueco en la estructura orgánica de la Policía, sino que también expone las tensiones internas de un cuerpo acostumbrado a funcionar con una disciplina férrea. El DAO era una figura clave en la toma de decisiones operativas y su salida deja un vacío de poder que, según analistas, podría afectar al día a día de miles de agentes desplegados por todo el territorio nacional.

El director general Francisco Pardo Piqueras, que también fue nombrado por Marlaska y permanece en el cargo desde 2018, tendrá ahora la difícil tarea de recomponer la cúpula y mantener la cohesión interna. Fuentes de la Policía Nacional han apuntado que, de manera inminente, se anunciará un plan de choque para cubrir la vacante y garantizar la continuidad operativa.

El antes y el después de una denuncia que tardó en ver la luz

Lo que resulta especialmente llamativo en este caso es que los hechos denunciados se remontan a hace más de un año y medio, y que la querella no ha visto la luz hasta ahora. Esta circunstancia ha generado dudas sobre el funcionamiento de los mecanismos internos de denuncia y protección de la víctima dentro de la Policía Nacional.

Organizaciones sindicales y colectivos de mujeres policía han exigido este miércoles una investigación exhaustiva y transparente, así como la adopción de medidas para garantizar que este tipo de situaciones no queden impunes. «No podemos permitir que el miedo o la presión jerárquica silencien a quienes sufren acoso en el seno de nuestras instituciones», ha declarado la portavoz de un importante sindicato policial.

Una cúpula en entredicho

La crisis también ha puesto en entredicho la gestión de la cúpula policial y del Ministerio del Interior. La continuidad de Marlaska al frente de la cartera se ha convertido en un tema de debate político, con la oposición pidiendo explicaciones y exigiendo responsabilidades.

No obstante, fuentes gubernamentales han apuntado que, de momento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respalda al ministro y confía en que la Justicia esclarezca los hechos. «La prioridad es la víctima y la transparencia del proceso», han subrayado desde La Moncloa.

El futuro inmediato de la Policía Nacional

En las próximas horas, se espera que la Dirección General de la Policía anuncie un plan de choque para cubrir la vacante dejada por González y reforzar los protocolos de prevención del acoso y protección de la víctima. Además, se estudia la posibilidad de crear una comisión independiente que revise los mecanismos internos de denuncia y garantice su eficacia.

Mientras tanto, la Audiencia Provincial de Madrid ya ha fijado la fecha para la declaración del investigado, que tendrá lugar en las próximas semanas. El desenlace judicial de este caso podría marcar un antes y un después en la lucha contra el acoso en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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