El Mundo – Comunidad Valenciana
Valencia, 4 de marzo de 2026

Directivo del Instituto Cartográfico Valenciano se adjudica vivienda pública pese a superar los límites de renta

El director del Instituto Cartográfico Valenciano, organismo dependiente de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, ha sido objeto de una investigación interna tras conocerse que escrituró una vivienda de protección pública en la pedanía valenciana de La Torre en un momento en el que su salario ya superaba los umbrales máximos exigidos para acceder a este tipo de inmuebles.

Según fuentes consultadas por este diario, la adjudicación se produjo en el año 2022, cuando el directivo ya percibía un sueldo bruto anual que superaba en más de un 20% el límite establecido por la normativa vigente para optar a vivienda de precio tasado. La vivienda, situada en una promoción de VPO gestionada por la Entidad Pública de Suelo y Vivienda de la Comunitat Valenciana (EPSAR), fue escriturada con un descuento significativo sobre el precio de mercado, beneficiándose de las condiciones especiales previstas para este tipo de viviendas.

El caso ha saltado a la luz tras una denuncia anónima remitida a la Sindicatura de Greuges, que ha abierto una investigación para determinar si existió alguna irregularidad en el proceso de adjudicación. Fuentes del EPSAR han confirmado que el directivo cumplimentó toda la documentación requerida en su momento, aunque no consta que se le exigiera acreditar su situación laboral y económica en el momento de la firma de la escritura.

El Instituto Cartográfico Valenciano, encargado de la elaboración y actualización de la cartografía oficial de la Comunitat, ha declinado realizar valoraciones sobre el caso, alegando que se trata de un asunto personal de su director. Sin embargo, fuentes próximas al departamento han confirmado que el alto cargo ha sido apartado cautelarmente de sus funciones mientras se clarifican los hechos.

El suceso ha generado un intenso debate en las redes sociales, donde numerosos usuarios han criticado lo que consideran un abuso de posición y una vulneración del principio de igualdad en el acceso a la vivienda pública. «Si el sueldo supera el límite, no debería haber optado a una VPO», ha señalado un internauta en Twitter, mientras que otro ha añadido: «Esto es lo que pasa cuando no se controlan bien los requisitos».

La Conselleria de Vivienda ha anunciado que solicitará a la EPSAR un informe detallado sobre el procedimiento seguido en este caso y las comprobaciones realizadas sobre la situación económica del adjudicatario. En paralelo, la Fiscalía Provincial de Valencia ha sido informada de los hechos y estudia si existen indicios de prevaricación o malversación en la gestión del proceso.

Este caso se produce en un contexto de escasez de vivienda protegida en la Comunitat Valenciana, donde la demanda supera con creces la oferta disponible. Organizaciones sociales y plataformas ciudadanas han reclamado mayor transparencia en los procedimientos de adjudicación y controles más estrictos para evitar situaciones como la descrita.

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