Escándalo en Alicante: Las VPO de lujo de Playa de San Juan que han desatado la polémica

En el corazón de la cotizada Playa de San Juan de Alicante se alza un residencial que desafía la lógica de la vivienda social: Les Naus. A simple vista, nada hace pensar que se trate de una promoción de Viviendas de Protección Pública (VPP) destinada a las clases trabajadoras. Con piscina, gimnasio, pistas de pádel-tenis y club social, este complejo residencial se ha convertido en el epicentro de un escándalo mayúsculo que sacude los cimientos políticos de la ciudad.

La paradoja de la vivienda protegida

La paradoja es evidente y dolorosa: mientras 5.400 familias esperan en la lista de demandantes de vivienda pública en Alicante, este residencial ha sido calificado como un «asalto de la gente bien» al mercado protegido. Lo que debía ser un alivio habitacional se ha transformado en un foco de corrupción y especulación que cuestiona el propio sentido de la vivienda social.

El periodista Antonio Zardoya lo describe sin tapujos en su columna para Alicante Plaza: se habla de una «urba para gente pija» donde, en lugar de herramientas de trabajo, se escuchan los golpes de las raquetas de pádel. La realidad ha dibujado un escenario distinto al previsto, donde la «gente bien» ha encontrado una oportunidad de oro.

Los nombres propios que estallan el escándalo

El detonante del terremoto político ha sido la revelación de la lista de adjudicatarios de estos 140 pisos. Al menos cuatro de estas viviendas han acabado en manos de personas directamente vinculadas al Ayuntamiento de Alicante:

• La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez
• Los dos hijos y un sobrino de la directora general de Organización Interna y Contratación, María Pérez-Hickman
• El arquitecto municipal de Urbanismo, Francisco Nieto

Todos ellos adquirieron y escrituraron inmuebles en este residencial, como han señalado en El Información. El escándalo ha provocado dimisiones inmediatas. Rocío Gómez, que se encontraba de baja por maternidad, ha renunciado a su acta de concejal para, según fuentes municipales, permitir que la investigación «pueda seguir su curso sin interferencias». Gómez alega que se inscribió en la cooperativa en 2018, cinco años antes de entrar en política.

Pero la lista de vecinos «VIP» no termina ahí. Entre los residentes hay una notable coincidencia de apellidos: los López Godoy, los Arenas Lorente, los Sánchez Belmonte… Se ha detectado a hijos del notario que escrituró la constitución de la cooperativa, agentes de la Policía Local, funcionarios de la Generalitat y familiares del propio administrador de la gestora, Francisco Ordiñana.

El precio de la polémica

El núcleo del problema reside en el precio y el acceso. Estas viviendas costaron a sus adjudicatarios entre 200.000 y 230.000 euros (garaje y trastero incluidos), mientras que una vivienda de obra nueva y características similares en el mercado libre de esa zona oscila entre los 350.000 y 450.000 euros. Es decir, gracias al suelo público, se han ahorrado casi la mitad del precio.

La indignación social crece al conocerse las presuntas prácticas irregulares para acceder a estos pisos. Testimonios de interesados que intentaron comprar revelan que se les exigieron cantidades desorbitadas en dinero negro. Una mujer relata en El Información que la inmobiliaria le pidió «227.000 euros declarados y el resto, hasta 450.000, en negro». Es decir, 223.000 euros en «B».

Además, se ha detectado el incumplimiento de la función social de la vivienda. Apenas entregadas las llaves, varios pisos aparecieron en portales como Idealista para alquilarse por 1.600 euros al mes, algo prohibido por la normativa, que obliga a destinar estas casas a residencia habitual.

El origen de la promoción

La historia se remonta a julio de 2018, bajo el mandato del actual alcalde Luis Barcala (PP). El Ayuntamiento sacó a subasta esta parcela de 8.618 metros cuadrados en La Condomina para obtener liquidez y pagar una indemnización millonaria a Hansa Urbana. El precio de venta se fijó en 6,6 millones de euros.

El proceso fue tortuoso. El Ayuntamiento intentó anular el concurso inicial debido a problemas con las cláusulas de desempate, pero la cooperativa Residencial Les Naus llevó el caso a los tribunales. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio la razón a la cooperativa y obligó al consistorio a adjudicarles el suelo, proceso que se culminó en 2022.

Aquí radica una de las claves que utiliza el gobierno municipal para defenderse: argumentan que ellos «se limitan a vender el suelo a un precio tasado» y que «no tienen competencias» en la adjudicación de los pisos. Según el vicealcalde Manuel Villar, es la cooperativa privada la que elige a los socios «y no hay norma que establezca un control municipal».

La guerra política y judicial

El escándalo ha desatado una guerra política y judicial en múltiples frentes. Por un lado, el propio Ayuntamiento de Alicante ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue si algún funcionario cometió irregularidades, aunque su investigación interna exime a los cargos políticos y técnicos de haber influido en el proceso.

El PSOE ha ido más allá y ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción la presunta comisión de hasta cinco del delitos: prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, conflicto de intereses, estafa y fraude a la Administración. Denuncian una «trama» para beneficiar a afines al PP.

Por otro lado, la Generalitat Valenciana, presidida actualmente por Juanfran Pérez Llorca, ha ordenado revisar «uno a uno» los expedientes de los 140 adjudicatarios. Aunque inicialmente el Presidente aseguró que los técnicos le habían certificado que «todas las personas cumplían los requisitos», la segunda revisión destapó el caso del funcionario que benefició a su esposa.

El contexto legal que favorece el «pelotazo»

Las consecuencias ya se están notando en el sector. La empresa gestora, Fraorgi, ha anunciado que renuncia a participar en el ‘Plan Vive’ de la Generalitat para construir vivienda pública. Su administrador, Francisco Ordiñana, asegura estar «hundido» por el daño reputacional y ha declarado: «Que se monten una cooperativa los políticos y la adjudiquen a quien quieran».

A nivel administrativo, la Generalitat va a endurecer los controles. Se cambiará el sistema de visados para que no dependa de un solo funcionario; en su lugar, se implementará una «mesa de verificación» o un órgano colegiado para evitar fraudes internos como el detectado.

Sobre los adjudicatarios actuales, la ley contempla sanciones de hasta 30.000 euros para infracciones muy graves, como falsear condiciones económicas o no destinar el piso a vivienda habitual. Si se demuestran las irregularidades, la Generalitat podría ejercer el derecho de tanteo y retracto para recuperar las viviendas.

El marco legislativo que permite la especulación

Es crucial entender el marco legislativo que envuelve este caso y que sienta las bases para futuras especulaciones. Un cambio reciente en la normativa valenciana ha facilitado que este tipo de operaciones sean más atractivas para rentas altas.

El gobierno anterior, presidido por Carlos Mazón, aprobó en diciembre de 2024 un decreto que elimina la protección permanente de las viviendas. Mientras que con el gobierno del Botànic la protección era indefinida, la nueva norma establece un plazo máximo de protección de entre 15 y 30 años para la promoción privada. Esto significa que, pasado ese tiempo, los propietarios podrán vender estos pisos a precio libre de mercado, consumando la revalorización.

Además, este mismo decreto elevó el límite de renta para acceder a las ayudas. Ahora, unidades familiares con ingresos de hasta 66.000 euros anuales pueden optar a una vivienda protegida (antes el límite era más bajo), lo que abre la puerta a perfiles con «sueldazos» o cargos directivos, desplazando a las rentas más bajas.

El símbolo de un sistema fallido

Mientras 5.400 familias esperan en la lista de demandantes de vivienda pública en Alicante, la urbanización de Les Naus se erige como un símbolo de un sistema que parece haber fallado en su misión más básica.

La sensación de impunidad y cinismo queda resumida en la respuesta que recibió aquella ciudadana que, al intentar comprar uno de estos pisos protegidos, se negó a pagar los 223.000 euros en dinero negro que le exigían. Al cuestionar la legalidad de la operación, la respuesta de la inmobiliaria fue lapidaria: «¿Sabes dónde vivimos? Esto es España».

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