El comisario José Ángel González rompe su silencio: «Renuncié para no ensuciar el buen nombre de la Policía Nacional»

El escándalo que sacude los cimientos de la Policía Nacional ha dado un nuevo giro con las primeras declaraciones del comisario José Ángel González, hasta hace unas horas director operativo del cuerpo, tras admitirse a trámite la querella por presunta agresión sexual presentada por una agente.

En una entrevista concedida al programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, González ha asegurado que su decisión de dimitir se produjo antes incluso de que el Ministerio del Interior le comunicara su cese. «En el momento en que me enteré de la querella, pues automáticamente, puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional y además para poder defenderme en condiciones», declaró el comisario, visiblemente afectado por la situación.

El hasta ahora máximo responsable operativo del cuerpo uniformado ha insistido en que su renuncia fue voluntaria y previa a cualquier decisión ministerial. «No, no… yo renuncié antes de que… Ahora me tienen que cesar ellos. Yo renuncié nada más conocer la querella. Y además lo hice por escrito. Yo renuncié y además […] por no ensuciar el buen nombre de la Policía», subrayó González, tratando de clarificar la cronología de los hechos.

El impacto en las filas policiales

La noticia cayó como un jarro de agua fría entre los 76.700 agentes que conforman la Policía Nacional. Fuentes internas del cuerpo describen un ambiente de «shock» y «sorpresa absoluta» que ha dejado a toda la institución consternada. «Estamos en estado de shock«, «nadie se podía esperar esto», «ha sido una auténtica sorpresa», respondían algunos agentes consultados, que pedían tiempo para asimilar la gravedad de la situación.

Conforme avanzaba la tarde del martes, se fueron conociendo detalles cada vez más comprometedores de la querella presentada por la inspectora. Según fuentes cercanas al caso, la mujer, con la que González mantuvo una relación sentimental, asegura haber sido víctima de una agresión sexual «con penetración» y haber sufrido coacciones «de forma directa e indirecta por otros altos cargos policiales para que no denunciara».

Una dimisión exprés

El comisario principal José Ángel González firmó su dimisión a las nueve y media de la noche del martes, apenas dos horas después de que el sindicato mayoritario JUPOL reclamara con un mensaje en redes sociales que no continuara «ni un minuto más» al frente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el cargo uniformado de mayor relevancia del cuerpo, justo por debajo del director de la Policía.

La rapidez con la que se produjo la dimisión refleja la gravedad de la situación y el deseo de preservar la imagen institucional de la Policía Nacional, una de las más valoradas por los ciudadanos españoles.

La prudente reacción sindical

Tras el impacto inicial, los representantes sindicales de los agentes han comenzado a hacer valoraciones en las que impera la prudencia, ya que el caso apenas se ha admitido a trámite y todavía tienen que prestar declaración en el juzgado tanto la inspectora como González.

Los agentes consultados temen que se juzgue al cuerpo policial por una «actuación individual» y hacen equilibrios para proteger a la inspectora que ha presentado la querella, sin perder el respeto a la presunción de inocencia del mando recién destituido.

«Si la dimisión se produce para preservar la institución y facilitar cualquier investigación, entendemos que es una decisión coherente con la responsabilidad del cargo», ha manifestado este miércoles Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), con la misma representación que JUPOL en el Consejo de la Policía, órgano de participación de los funcionarios y la Administración.

«La ejemplaridad en los puestos de alta dirección [en la Policía] no es una opción, es una obligación. Si hay una investigación judicial en marcha, debe desarrollarse con total transparencia y sin interferencias», ha añadido Alarcón, reflejando la posición institucionalista de los sindicatos policiales.

Respeto al procedimiento judicial

El Sindicato Profesional de Policía (SPP), que representa a los mandos policiales, también ha reclamado «respeto absoluto al procedimiento judicial». «Cualquier juicio paralelo es prematuro e improcedente», han señalado la formación, presidida por Daniel López, en un comunicado.

El SPP ha apelado a la «prudencia y a la serenidad»: «La presunción de inocencia no es la justificación de ningún hecho, sino un derecho fundamental para proteger a los ciudadanos, incluidos los policías. Si se demuestran los hechos, seremos los primeros en pedir que se depuren responsabilidades, pero nunca antes», han añadido.

Sin embargo, el SPP ha criticado el «daño reputacional» de manifestaciones sindicales que «buscando protagonismo» han reclamado «dimisiones anticipadas sin el menor rigor ni espera procesal».

La defensa de la institución policial

Los representantes de los agentes coinciden en defender al cuerpo policial al que pertenecen, especialmente para que este caso no dañe a una de las instituciones más valoradas por los españoles.

«Para nosotros es muy importante la imagen de la Policía, tenemos que garantizar el respeto a la institución y hacia el trabajo de los policías», ha añadido el portavoz de Unión Federal de Policía (UFP), Carlos Quero, en un mensaje en el que también ha incidido en la protección de la víctima, la presunción de inocencia y el respeto al procedimiento judicial.

La situación ha generado un debate interno sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y prevención dentro del cuerpo, así como sobre la importancia de mantener la separación entre la institución y las acciones individuales de sus miembros.

El camino judicial por delante

Con la querella ya admitida a trámite, el caso entrará ahora en su fase instructora, donde tanto la inspectora como el comisario González tendrán que prestar declaración ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid.

La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos denunciados y, en su caso, establecerá las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, la Policía Nacional intenta superar este golpe institucional y mantener la confianza de la ciudadanía en un cuerpo que, pese a este caso particular, sigue siendo uno de los más valorados por los españoles.

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