Cristóbal Montoro, el político que durante más de una década fue el hombre fuerte de las finanzas públicas de España bajo los Gobiernos de Mariano Rajoy, se enfrenta ahora a un escándalo que amenaza con empañar su trayectoria. El exministro de Hacienda está imputado en una causa que investiga una presunta trama de tráfico de influencias, una red de presiones y supuestas mordidas para conseguir que la legislación española se amoldara a los intereses de empresas gasistas y de otros sectores estratégicos.

La trama, según la investigación, habría tenido su epicentro en Equipo Económico, el despacho de consultoría que Montoro fundó antes de entrar en el Ejecutivo en 2011. El juez instructor de Tarragona ha ampliado las pesquisas por otros seis meses, una decisión que el exministro ha recurrido con un alegato de 14 páginas en el que carga duramente contra el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción. En su escrito, Montoro insiste en que «han transcurrido siete años de investigación sin haber descubierto ni un solo indicio que apunte a una sola conducta criminal», y denuncia que el resultado ha sido «la más absoluta nada».

La Fiscalía, sin embargo, sostiene que distintas empresas habrían pagado al despacho vinculado a Montoro para que el Gobierno del PP modificara la ley en favor de sus intereses. En este sentido, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y los Mossos d’Esquadra han intervenido en la investigación, pero, según la defensa, no han logrado encontrar pruebas que impliquen al exministro en la supuesta «red» de tráfico de influencias.

En su recurso, Montoro insiste en que desconocía que Equipo Económico propuso reformas al Ministerio de Hacienda, aunque añade que, aunque lo hubiera sabido, «los hechos seguirían careciendo de toda relevancia penal». Según su abogado, constituye «práctica habitual en gobiernos de cualquier signo político» que asociaciones, grupos empresariales o colectivos afectados trasladen a miembros del Gobierno sugerencias de reformas normativas que resultan de interés para sus representados. Además, el exministro defiende que él «desconocía» que Equipo Económico propuso «dichas reformas» al Ministerio de Hacienda. Pero añade que, aunque lo hubiera sabido, «los hechos seguirían careciendo de toda relevancia penal».

La defensa de Montoro alega que él «desconocía» que Equipo Económico propuso «dichas reformas» al Ministerio de Hacienda. Pero añade que, aunque lo hubiera sabido, «los hechos seguirían careciendo de toda relevancia penal». «Constituye práctica habitual en gobiernos de cualquier signo político que asociaciones, grupos empresariales, ciudadanos o colectivos afectados por circunstancias de diversa índole trasladen a miembros del Gobierno sugerencias de reformas normativas que resultan de interés para sus representados», expone el escrito de alegaciones.

El recurso del responsable de Hacienda de Rajoy añade que «jamás» se ha planteado que esa «práctica constituya una conducta corrupta o criminal; ni, en los términos empleados por el Ministerio Fiscal, una privatización del poder legislativo». Montoro insiste en que salió de Equipo Económico antes de la llegada de Rajoy a La Moncloa y que la instrucción «pivota exclusivamente sobre unos hechos que carecen de relevancia penal, y en los que mi representado no tuvo más participación que la de ostentar el cargo de Ministro de Hacienda en el momento de su producción».

El caso ha despertado un gran interés mediático, no solo por la relevancia del imputado, sino también por la complejidad de la trama y la duración de la investigación. Mientras la Fiscalía mantiene sus sospechas y sigue adelante con la causa, Montoro y su equipo legal se afanan en desmontar las acusaciones y demostrar su inocencia. La batalla legal, sin embargo, promete alargarse, y el exministro tendrá que seguir defendiéndose en los tribunales de unas acusaciones que, de prosperar, podrían dejar una mancha imborrable en su carrera política.

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