Gobierno aprueba plan de choque de 5.000 millones para frenar la crisis energética

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha aprobado un paquete de medidas valorado en 5.000 millones de euros para mitigar los efectos de la escalada de tensión en Oriente Próximo sobre la economía española. El presidente Pedro Sánchez ha presentado el plan tras una intensa jornada de negociaciones con Sumar, que finalmente ha permitido aprobar dos decretos: uno general y otro específico sobre vivienda.

Medidas fiscales: el corazón del plan

El núcleo del paquete se articula a través de rebajas fiscales sobre carburantes, luz y gas. El IVA de la gasolina y el diésel se reduce del 21% al 10%, una medida que, sumada a la disminución del impuesto especial sobre hidrocarburos, debería abaratar el precio en los surtidores. El Gobierno también ha aprobado la reducción del IVA de la electricidad y el gas, pasando del 21% al 10%, y la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.

Estas medidas fiscales buscan contener la subida de precios en un momento en que la gasolina se ha situado en 1,709 euros por litro y el diésel en 1,837 euros, según el Boletín Petrolero de la UE.

Protección laboral y control de márgenes

Una de las medidas más destacadas es la prohibición a las empresas que reciban ayudas públicas de despedir trabajadores por razones económicas durante la vigencia de la crisis. Esta medida reproduce el modelo aplicado tras la invasión rusa de Ucrania. Además, el plan incluye un control de márgenes empresariales para evitar subidas abusivas de precios.

Vivienda: decreto específico ante la oposición

Ante la previsible oposición parlamentaria, el Gobierno ha optado por aprobar un decreto específico sobre vivienda que incluye la prórroga de contratos de alquiler a punto de vencer y otras medidas de protección para inquilinos. Esta decisión responde a las demandas de Sumar, que había amenazado con no apoyar el plan sin estas medidas.

Medidas complementarias y perspectivas

El paquete también incluye el adelanto de los planes de movilidad sostenible, que permitirán a las empresas impulsar transporte colectivo para sus trabajadores, y la prórroga de incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos y la rehabilitación energética.

El Gobierno ha dejado claro que estas medidas entrarán en vigor tras su publicación en el BOE y estarán vigentes «durante el tiempo que sea necesario», manteniendo la puerta abierta a ampliaciones si la situación lo requiere.

Contexto y diferencias con 2022

La respuesta actual es más comedida que la aprobada tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Según fuentes gubernamentales, esto se debe tanto al menor impacto macroeconómico inicial del conflicto actual como a la necesidad de obtener el máximo apoyo parlamentario dada la debilidad de la coalición.

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