Gobierno libera 11,5 millones de barriles de reservas estratégicas de petróleo para frenar la subida de precios

El Ejecutivo español ha anunciado este martes la liberación por fases de 11,5 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo, una medida coordinada con la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para contener la escalada de precios que ya está afectando a consumidores y empresas. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha detallado que este proceso se realizará en al menos dos etapas, comenzando con la liberación de 3,75 millones de barriles equivalentes a cuatro días de consumo nacional.

El proceso de liberación, que afectará a las reservas privadas que superan los 50 días de consumo, se iniciará con una primera fase de 15 días. Posteriormente, el Ministerio de Transición Ecológica evaluará la evolución del mercado para determinar la cadencia de liberación del resto de las reservas. Aagesen ha asegurado que esta medida no afectará a las 42 días de reservas que mantiene el organismo público Cores, garantizando así el cumplimiento de los 92 días totales de excedente que España debe mantener para situaciones de emergencia.

En paralelo, el Gobierno ha confirmado que el próximo viernes aprobará un paquete de medidas extraordinarias para mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha detallado que estas medidas se dividirán en dos bloques: acciones coyunturales para compensar los encarecimientos de la luz y los carburantes, y medidas estructurales orientadas a acelerar la descarbonización de la economía española.

«El sol y el viento nunca van a ser bloqueados en el estrecho de Ormuz», ha afirmado Aagesen con contundencia, subrayando la apuesta del Gobierno por la electrificación y las energías renovables como vía para proteger a la economía española de futuros impactos geopolíticos. Esta estrategia se enmarca en la política de seguridad energética que España ha venido desarrollando desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Las medidas extraordinarias que se aprobarán el viernes se centrarán en sectores especialmente sensibles a la subida de precios, como el transporte y la logística, el campo, la pesca y las industrias más intensivas en consumo energético. El objetivo es evitar que el incremento de costes en estos sectores se traslade a los precios finales de los productos, protegiendo así la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

Entre las medidas específicas que se están considerando, fuentes gubernamentales han adelantado la posibilidad de bonificaciones en la adquisición de gasóleo agrícola (el B) y fertilizantes para el sector primario, así como una rebaja extraordinaria en el combustible para profesionales de vehículos pesados por carretera. Se descarta, sin embargo, la generalización de la bonificación de 20 céntimos por litro en el precio del carburante o la reducción del IVA de los alimentos, medidas que fueron criticadas por su carácter regresivo y su mayor beneficio a las rentas altas.

El Gobierno apuesta así por un paquete focalizado y más eficaz, dirigido específicamente a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables. Esta estrategia se complementa con el impulso a las energías renovables y la eficiencia energética como vías para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y fortalecer la resiliencia de la economía española frente a futuros choques externos.

La liberación de las reservas estratégicas de petróleo se produce en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica, con el conflicto en Oriente Medio amenazando con perturbar aún más los mercados energéticos globales. La decisión de España de sumarse a la iniciativa coordinada por la AIE refleja la preocupación de los países consumidores por garantizar el suministro y contener los precios en un momento de especial volatilidad.

Con estas medidas, el Gobierno español busca no solo paliar los efectos inmediatos de la subida de precios, sino también sentar las bases para una transición energética más rápida y profunda. El desafío consiste en combinar la protección de la economía y los ciudadanos frente a los impactos a corto plazo con la apuesta decidida por un modelo energético más sostenible y resiliente a largo plazo.

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