El Gobierno prepara penalizaciones fiscales para propietarios que suban el alquiler: un nuevo terremoto en el mercado

El Gobierno español ha dado un paso más en su ofensiva contra la escalada de precios en el mercado del alquiler y prepara una batería de medidas que, de aprobarse, podrían sacudir de nuevo el sector. Entre ellas, destaca la propuesta de imponer penalizaciones fiscales a los propietarios que suban los precios en los nuevos contratos de alquiler, una iniciativa que se negocia actualmente entre los Ministerios de Vivienda y Hacienda y que busca desatascar las bonificaciones del 100% en el IRPF para quienes bajen las rentas.

Esta medida, adelantada por El País y confirmada por este periódico, llega en un momento crítico: más de 300.000 contratos de alquiler caducan este año y los inquilinos se enfrentan a subidas de precios que en algunos casos superan el 30%. La iniciativa, sin embargo, ha generado un fuerte debate dentro del propio Gobierno, ya que sus socios de coalición —Sumar, ERC y Podemos— se oponen frontalmente a los incentivos fiscales y abogan por medidas más intervencionistas, como la congelación obligatoria de las rentas.

Un doble filo: incentivos para bajar y penalizaciones para subir

Según fuentes del Ministerio de Vivienda, la propuesta combina «incentivos de hasta el 100% para quien baje el precio del alquiler y desincentivos para quien lo suba». Concretamente, se plantea modular la deducción general del 50% de las rentas en el IRPF para quienes suban el precio, aunque en ningún caso llegando al 0%, ya que se mantendría un trato diferenciado entre el alquiler residencial de largo plazo (contratos de cinco años) y el turístico o de temporada.

El objetivo es «incentivar los comportamientos que redundan en el interés general y desincentivar los que no», según las mismas fuentes. Sin embargo, la medida supone contradecir el esquema de incentivos fiscales que la ley de Vivienda estableció para propietarios con viviendas en zonas tensionadas, donde el tope de bonificación al IRPF llega al 90%.

La oposición interna: ¿congelación o incentivos?

El anuncio de las bonificaciones fiscales por parte del presidente Pedro Sánchez en enero pasado fue bien recibido por parte del sector residencial, pero la propuesta se topó con la oposición frontal de sus socios de coalición. ERC y Podemos, en particular, consideran que la solución no pasa por incentivos, sino por intervenir directamente el mercado con la congelación de los contratos y prórrogas obligatorias.

Este enfrentamiento interno ha llevado al Gobierno a buscar fórmulas intermedias, como las penalizaciones fiscales, para intentar desbloquear la situación. No obstante, la medida también ha generado críticas desde el sector, que teme que la combinación de incentivos y sanciones acabe distorsionando aún más el mercado y disuadiendo a los propietarios de ofrecer sus viviendas en alquiler.

Un mercado en crisis: más de 300.000 contratos en juego

El contexto en el que se mueven estas propuestas es especialmente delicado. El mercado del alquiler español vive una situación de tensión extrema, con precios disparados en las principales ciudades y una oferta cada vez más escasa. Solo este año, más de 300.000 contratos caducarán y sus inquilinos se enfrentan a subidas de precios que en algunos casos superan el 30%, según datos del sector.

El Gobierno justifica su intervención en la necesidad de proteger a los inquilinos y evitar la especulación, pero el debate sobre las mejores herramientas para lograrlo está lejos de cerrarse. Mientras unos abogan por la congelación de rentas y la intervención directa, otros apuestan por los incentivos fiscales y la liberalización del mercado.

El sector residencial, en alerta

La medida también ha generado preocupación en el sector residencial, que valora positivamente los incentivos fiscales pero teme las consecuencias de las penalizaciones. «Nuestras ciudades, por desgracia, se están llenando de contratos de temporada que obligan a las personas a renegociar y a vivir en la incertidumbre permanente sin un motivo realmente justificado, salvo el de la especulación y el de la codicia, y por tanto no vamos a permitirlo», defendió Sánchez el pasado 12 de enero durante una visita a los trabajos de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento en Madrid.

Sin embargo, el sector teme que la combinación de medidas acabe provocando un efecto contrario al deseado: que los propietarios retiren sus viviendas del mercado o las destinen al alquiler turístico, agravando aún más la escasez de oferta.

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