El Govern de la Generalitat de Cataluña ha tenido que hacer una importante concesión política para lograr el apoyo de los comuns y sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2026. La medida, que ha generado un intenso debate en el ámbito sanitario y sindical, consistía en ofrecer incentivos económicos a los centros de atención primaria (CAP) que lograsen reducir la duración de las bajas laborales por enfermedades osteoarticulares y mentales. Sin embargo, la propuesta fue retirada tras la fuerte oposición de sindicatos, profesionales sanitarios y formaciones políticas como ERC, la CUP y los propios comuns.

La iniciativa, impulsada por el Departamento de Salud que dirige Olga Pané, pretendía mejorar la eficiencia en la gestión de las bajas laborales, evitando retrasos en diagnósticos y pruebas que prolongasen innecesariamente las incapacidades temporales. No obstante, la medida fue interpretada por muchos como una presión sobre el criterio médico, generando críticas que la acusaban de «coaccionar» a los profesionales y de «señalar» a los trabajadores con bajas prolongadas.

En el acuerdo presupuestario entre el PSC y los comuns, el Govern se compromete a garantizar que ningún médico ni equipo directivo de los CAP verá reducidas sus condiciones económicas por la duración o cuantía de las incapacidades temporales, prevaleciendo siempre el criterio profesional. Además, se establece que el departamento abordará la mejora del acceso y el tiempo de espera a las pruebas diagnósticas a través de acuerdos ya firmados con los agentes sociales.

Organizaciones como La Capçalera y el Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP) han celebrado la retirada de la medida, subrayando que el objetivo debe ser agilizar los diagnósticos con más recursos para la atención primaria, no recortar bajas. Esta polémica refleja la tensión entre la presión empresarial para reducir el absentismo laboral y la defensa del derecho a la salud y la autonomía profesional en el sistema sanitario catalán.

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