Almería, 29 de diciembre de 2025. Veinte años después de que un juez paralizara las obras del que se ha convertido en el símbolo más representativo de la especulación urbanística en España, el «hotel fantasma» de El Algarrobico sigue en pie, convertido en un monumento al enredo burocrático y judicial. Situado en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, este inmueble de 32.654 metros cuadrados nunca llegó a abrir sus puertas ni a recibir a un solo cliente, pero su sombra continúa sobre Carboneras, esperando una resolución definitiva que parece eternizarse.

La historia de este controvertido edificio comenzó con una licencia concedida el 13 de enero de 2003 por el Ayuntamiento de Carboneras a la promotora Azata del Sol. Lo que parecía un proyecto turístico más en la costa almeriense pronto se convirtió en un escándalo nacional cuando organizaciones como Salvemos Mojácar, Greenpeace y Ecologistas en Acción denunciaron que la construcción invadía la servidumbre de protección de 100 metros del dominio público marítimo-terrestre y se asentaba sobre suelos protegidos del parque natural.

El 29 de diciembre de 2005, el juez Jesús Rivera dictó una medida cautelar que paralizó las obras, marcando el inicio de una larga batalla legal que se extiende hasta nuestros días. Desde entonces, distintas resoluciones judiciales han respaldado los argumentos ecologistas, pero el laberinto administrativo y judicial ha impedido cualquier solución definitiva.

En febrero de 2025, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció desde las mismas instalaciones del hotel el inicio de los trámites para su expropiación parcial. El Gobierno central pretende expropiar aproximadamente 16.432 metros cuadrados de suelo que ocupan el edificio sobre el dominio público marítimo-terrestre, un paso previo al derribo que podría costar entre 12 y 15 millones de euros.

Sin embargo, el proceso se ha visto entorpecido por cuestiones técnicas y procedimentales. El Ayuntamiento de Carboneras inició el expediente de revisión de la licencia el 11 de julio de 2025, pero lo remitió incompleto al Consejo Consultivo de Andalucía el 7 de diciembre, lo que paralizó la tramitación. Greenpeace sostiene que el expediente habría caducado tras más de seis meses desde su inicio, lo que obligaría a reiniciar los trámites administrativos.

Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado sentencias clave. En una de ellas, declaró cumplida la sentencia que obligaba al Ayuntamiento a modificar su planeamiento para reconocer los terrenos como no urbanizables de especial protección. El Consistorio publicó el acuerdo correspondiente el 12 de enero en el Boletín Oficial de la Provincia, y el 16 de febrero el TSJA decretó el archivo definitivo de esta parte del procedimiento.

A pesar de estos avances, otra sentencia crucial sigue abierta: la que obliga al Ayuntamiento a revisar la licencia de obras concedida en 2003 por su posible ilegalidad. La complejidad del caso se ve agravada por el hecho de que la otra mitad del edificio se asienta sobre suelos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, competencia de la Junta de Andalucía, donde no se ha iniciado por ahora un procedimiento expropiatorio.

El Gobierno andaluz, por su parte, ya ha incluido en varios presupuestos una partida específica para el derribo del hotel, pero hasta que no se ejecute la expropiación por parte del Estado no podrán hacerse efectivas las intenciones anunciadas en varias ocasiones por el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Lo que comenzó como un proyecto turístico se ha convertido en un símbolo de la corrupción urbanística y la ineficacia administrativa. Durante más de 3.700 días de litigios, el hotel ha permanecido vacío, sin abrir sus puertas ni recibir a un solo cliente, pero su presencia continúa siendo un recordatorio de los excesos urbanísticos que marcaron la primera década del siglo XXI en España.

La historia de El Algarrobico es también la historia de una comunidad dividida, de ecologistas que luchan por preservar un parque natural único y de empresarios que ven cómo su inversión se esfuma en un limbo legal. Es la historia de un edificio que debería haber sido un hotel de lujo y que hoy es un monumento al fracaso urbanístico, esperando que alguien decida finalmente qué hacer con él.

Mientras tanto, el «hotel fantasma» continúa su vigilia sobre la playa de Carboneras, testigo mudo de dos décadas de litigios, de promesas incumplidas y de una costa que, a pesar de todo, sigue resistiendo los embates de la especulación inmobiliaria.

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