Caso Koldo: El juez sospecha que Acciona y otras constructoras usaban empresas pantalla para desviar fondos públicos

En una nueva y explosiva revelación dentro del denominado caso Koldo, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado ampliar la investigación sobre un presunto entramado de corrupción en contratos de obra pública que habría permitido desviar fondos millonarios mediante la participación de empresas constructoras como Acciona, Ferrovial, Tecade y Freyssinet. Según fuentes judiciales, el magistrado considera que estas compañías podrían haber sido utilizadas como vehículos para canalizar dinero que, presuntamente, habría terminado en los bolsillos de los investigados.

La orden judicial, a la que ha tenido acceso este diario, solicita información bancaria de más de treinta entidades sobre cuentas vinculadas a las mercantiles Aquaterra Servicios Infraestructuras SL, Ferrovial Construcción SA, Tecade SA y Freyssinet SA. El juez argumenta que el objetivo de la trama era obtener un beneficio económico ilícito mediante la adjudicación de contratos públicos a empresas seleccionadas de forma concertada.

Según el escrito, existe la «posibilidad de que se hubiera hecho uso de las UTE (Unidades Temporales de Empresas) constituidas con Acciona, así como de las empresas que formaban parte de éstas, para canalizar fondos que pudieran haber tenido como destinatarios a los investigados». Esta sospecha se basa en el análisis de cuatro proyectos de infraestructura cuyas adjudicaciones están siendo objeto de escrutinio:

• El tramo de la autovía A-68 en La Rioja, concedido a la UTE Acciona-Aquaterra.
• El proyecto de construcción de tirantes del Puente Centenario de Sevilla, a cargo de Acciona-Tecade-Freyssinet.
• El soterramiento de la red arterial ferroviaria de Murcia, adjudicado a Acciona-Ferrovial.
• La construcción de plataforma del corredor de alta velocidad Murcia-Almería, para Acciona-Ferrovial Agroman.

La investigación también ha puesto el foco en la figura de Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, quien fue nombrado en septiembre de 2019, justo antes de la adjudicación de uno de estos proyectos. Según la Fiscalía Anticorrupción, Herrero recibió en febrero de este año una transferencia de 25.440 euros desde la sociedad Aquaterra, una de las adjudicatarias. Tras recibir ese importe, el exdirigente transfirió 12.500 euros a otra cuenta suya en la misma entidad, un movimiento que levantó sospechas en el Servicio de Prevención de Blanqueo (SEPBLAC).

El fiscal recuerda, además, las «relaciones económicas» entre Acciona Construcción y la empresa navarra Servinabar, que determinaron que «al menos el 75,33%» de los ingresos de esta última tenían su origen en transferencias emitidas desde Acciona, desde UTE en las que participaba o desde mercantiles vinculadas. Este dato refuerza la hipótesis de que el entramado funcionaba como una red de empresas interconectadas para ocultar el flujo real de los fondos.

Entre los investigados en esta pieza separada de la causa figuran el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exdirigente socialista Santos Cerdán, ambos por presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública. La trama, que ya ha sacudido el mundo político y empresarial español, podría tener ramificaciones mucho más amplias de lo que se pensaba en un principio.

La UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han solicitado esta ampliación de la investigación, que ahora el juez ha admitido. Los investigadores buscan rastrear el destino final de los fondos y determinar si existió un mecanismo sistemático de corrupción que involucró a altos cargos de la Administración y a grandes constructoras.

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Viralízate con este escándalo que sacude los cimientos de la política y la empresa en España. ¿Hasta dónde llegará esta trama? Comparte y comenta tu opinión.

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