El juez de la Audiencia Nacional archiva la denuncia contra Laporta por falta de competencia territorial

Barcelona, 2 de marzo de 2026 – En un giro judicial que sacude el mundo del fútbol y la política catalana, el juez Santiago Pedraz ha inadmitido a trámite la denuncia presentada contra Joan Laporta y varios miembros de su directiva del FC Barcelona por presuntos delitos de blanqueo de capitales y comisiones indebidas. La decisión, fundamentada en criterios de competencia territorial, deja sin efecto una denuncia que prometía sacudir los cimientos del club azulgrana en pleno proceso electoral.

El magistrado, titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instrucción 5, ha argumentado su decisión basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que para que la Audiencia Nacional pueda investigar delitos presuntamente cometidos en el extranjero, estos deben haberse cometido «en su integridad fuera de España». Este criterio, que parecía pasar desapercibido en un primer momento, se ha revelado como la piedra angular sobre la que se sustenta la inadmisión.

La Fiscalía había solicitado previamente la derivación de la causa a los juzgados de Barcelona, argumentando que los hechos denunciados tenían su origen en operaciones presuntamente fraudulentas cometidas en la capital catalana. El juez Pedraz ha acogido este criterio, añadiendo que los delitos continuados o complejos, cuando se cometen parcialmente en España y parcialmente en el extranjero, deben ser enjuiciados por el órgano judicial del territorio español donde, «aunque no totalmente, hayan sido perpetrados».

La denuncia, presentada por el socio Isidro Navarro, natural de Pulgar (Toledo), apenas días después de haber recuperado su condición de socio del FC Barcelona, incluía acusaciones graves: blanqueo de capitales, administración desleal, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y organización criminal. La oportunidad temporal de la denuncia, coincidiendo con el inicio del proceso electoral para elegir a la nueva directiva, levantó desde el primer momento sospechas sobre sus verdaderas intenciones.

El FC Barcelona, a través de un comunicado oficial, calificó de «total y absolutamente falsa» la documentación en la que se basaba el escrito de denuncia. La entidad azulgrana sugirió que detrás de la maniobra judicial se ocultaba un intento de desestabilizar la candidatura de Laporta a la reelección, una tesis que ha cobrado fuerza tras conocerse la decisión del juez Pedraz.

El caso ha puesto de manifiesto las complejidades de la jurisdicción penal española cuando se trata de delitos con componente internacional. La doctrina que exige la comisión íntegra en el extranjero para que la Audiencia Nacional pueda asumir la competencia contrasta con la realidad de las investigaciones sobre corrupción, donde los hechos suelen tener ramificaciones en múltiples territorios y jurisdicciones.

La decisión judicial ha generado reacciones encontradas. Mientras los abogados de Laporta y su directiva celebran la resolución como una victoria legal y política, los críticos con la gestión del actual presidente azulgrana lamentan que la justicia se haya cerrado en banda ante una denuncia que, en su opinión, merecía ser investigada a fondo.

La pelota ahora está en el tejado de los juzgados de Barcelona, que deberán decidir si admiten a trámite la denuncia y, en caso afirmativo, cómo abordar una investigación que promete ser compleja y potencialmente explosiva para el FC Barcelona. La decisión de Pedraz no implica el archivo de la causa, sino simplemente su derivación a otra jurisdicción, lo que deja abierta la puerta a que la investigación continúe en otro escenario.

El momento político no podría ser más delicado. Joan Laporta aspira a la reelección al frente del FC Barcelona en unas elecciones que se presentan como las más reñidas de los últimos años. La denuncia, aunque finalmente inadmitida por la Audiencia Nacional, ha logrado ya su objetivo de colocar en el centro del debate público las prácticas financieras del club y las sospechas sobre la gestión de su directiva.

La resolución judicial plantea además una reflexión más amplia sobre el papel de la justicia en el deporte profesional. En una época donde los clubes de fútbol mueven cifras multimillonarias y sus directivos adquieren un protagonismo político que trasciende lo meramente deportivo, la línea que separa la gestión empresarial de la posible actividad delictiva se vuelve cada vez más difusa.

Para Isidro Navarro, el socio que presentó la denuncia, la decisión del juez Pedraz representa un varapalo judicial y personal. Su rápida admisión como socio del FC Barcelona, seguida al día siguiente por la presentación de la denuncia, había levantado suspicacias desde el primer momento. Ahora, con la inadmisión de la Audiencia Nacional, Navarro deberá decidir si persiste en su denuncia ante los juzgados de Barcelona o si abandona una batalla legal que se presenta cuesta arriba.

El caso ha evidenciado también las tensiones entre la justicia ordinaria y la justicia deportiva. Mientras los tribunales ordinarios se ocupan de los presuntos delitos de corrupción, las instancias deportivas podrían tener que pronunciarse sobre posibles infracciones a la normativa de la Liga y de la UEFA, creando un escenario de doble investigación que podría resultar agotador para todos los implicados.

La decisión del juez Pedraz, aunque técnica y fundamentada en criterios jurisprudenciales, no deja de tener un fuerte componente político. En un club como el FC Barcelona, donde las rivalidades internas y las luchas por el poder alcanzan cotas que escapan a lo meramente deportivo, cada decisión judicial se convierte en un golpe de efecto que puede decantar unas elecciones o hundir una candidatura.

Lo que parece claro es que el asunto está lejos de cerrarse. La derivación a los juzgados de Barcelona no implica el archivo de la causa, y la investigación podría reanudarse en otro escenario con otras reglas de juego. Mientras tanto, Joan Laporta puede respirar aliviado, al menos temporalmente, tras una amenaza judicial que prometía convertirse en su peor pesadilla a pocas semanas de las elecciones.

El FC Barcelona, por su parte, deberá gestionar las consecuencias internas de este episodio. La confianza de sus socios en la gestión de la directiva, ya debilitada por años de crisis deportivas y económicas, podría verse aún más erosionada si la investigación, aunque en otra jurisdicción, termina destapando prácticas irregulares. En el mundo del fútbol, como en tantos otros ámbitos, la justicia puede tardar, pero cuando llega, suele hacerlo con efectos demoledores.

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