JUSTICIA ESPAÑOLA PROCESA A HIJO DE DICTADOR AFRICANO POR SECUESTRO, TORTURA Y LESA HUMANIDAD

La Audiencia Nacional da un golpe histórico contra la impunidad: Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, y dos altos cargos de Inteligencia, se sientan en el banquillo por crímenes de lesa humanidad cometidos contra opositores

En una decisión judicial que ha sacudido los cimientos de las relaciones diplomáticas entre España y Guinea Ecuatorial, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado el procesamiento de Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de Seguridad Exterior y vástago del presidente Teodoro Obiang, junto a Nicolás Obama, ministro de Seguridad Nacional, e Issac Nguema Ondo, director general de la Seguridad Presidencial. Los tres altos cargos del régimen ecuatoguineano están acusados de delitos de secuestro con finalidad terrorista, torturas y lesa humanidad por la desaparición forzada y muerte de cuatro opositores, dos de ellos de nacionalidad española, en 2019.

EL CRIMEN PERFECTO QUE SALIÓ MAL

El caso, que permaneció en la sombra durante años, ha salido a la luz pública gracias a la tenacidad del magistrado Pedraz, quien ha tenido que enfrentarse a presiones políticas y diplomáticas para mantener viva la investigación. Según el auto judicial, Feliciano Efa Mangue, Julio Obama Mefuman, Bienvenido Ndong Ondo y Martín Obiang Ondo fueron atraídos a Sudán del Sur con la promesa de una invitación de un amigo, pero todo fue una trampa meticulosamente planeada.

«Las víctimas fueron trasladadas forzosamente y contra su voluntad a Guinea Ecuatorial e ingresaron en una prisión de Malabo, donde presuntamente fueron torturados, imputándoles su participación en un golpe de Estado contra el Gobierno guineano», señala el auto de Pedraz. El más grave de todos los casos es el de Julio Obama, de 61 años, quien falleció presuntamente víctima de las torturas infligidas durante su cautiverio.

UN PROCESO JUDICIAL CONTRA LA IMPUNIDAD

El magistrado ha calificado los hechos como constitutivos de delitos de secuestro con finalidad terrorista, según la calificación del fiscal Vicente González Mota, además de torturas y contra la integridad moral. Las acusaciones representadas por el letrado Aitor Martínez también sostienen que se trata de un delito de desaparición forzada de personas conectado con la finalidad de extender el terror entre la población como medio de control político, y alternativamente, un delito de lesa humanidad por el ataque generalizado contra la población.

Lo más sorprendente del caso es que Pedraz tuvo que superar numerosos obstáculos para mantener viva la investigación. El magistrado intentó sin éxito archivar la causa y ceder la jurisdicción a Guinea Ecuatorial, pero los autos de la Sala de lo Penal y una resolución del Tribunal Supremo lo obligaron a dictar el procesamiento de los tres investigados.

LA NEGATIVA DEL RÉGIMEN Y LOS PLANTONES AL JUEZ

La tensión entre la Justicia española y el régimen de Obiang ha llegado a niveles sin precedentes. El pasado 5 de febrero, los tres procesados dieron un nuevo plantón al juez Pedraz, quien los había citado a declarar por videoconferencia atendiendo a una petición de su abogado, el exjuez Javier Gómez Bermúdez. Teodorín Nguema Obiang, vicepresidente y hermanastro del principal investigado, anunció públicamente que «ningún miembro de su Gobierno pasará ante la justicia española».

Esta fue la segunda vez que el hijo del dictador y los dos altos cargos imputados burlaban al magistrado y se negaban a declarar. De cualquier forma, la comparecencia por videoconferencia habría sido imposible ya que la Sala de lo Penal había aceptado el recurso de los querellantes y horas antes revocó la decisión del magistrado.

LA MANIOBRA DIPLOMÁTICA DEL RÉGIMEN

El Gobierno de Guinea Ecuatorial siempre ha manifestado su oposición a reconocer a la Justicia española. En este caso, intentó sin éxito simular la apertura de una investigación sobre los mismos hechos en su país para que España le cediera la jurisdicción del caso. Se trata de una maniobra similar a la que puso en marcha cuando el propio Teodorín fue investigado y condenado por blanqueo de capitales en Francia por el denominado caso de «los bienes mal adquiridos».

Pese a que Pedraz reconoció la existencia de esa supuesta investigación, tanto la Sala de lo Penal como una resolución del Tribunal Supremo le obligaron a continuar con el caso y ahora a dictar el procesamiento de los tres investigados.

EL FUTURO DEL PROCESO

En su auto, Pedraz señala que si se practicaran nuevas diligencias, entre ellas la declaración de los investigados y víctimas, «se pudieran concretar más los hechos y calificación jurídica o modificar el procesamiento». Asimismo, acuerda mantener su situación personal ratificando los autos que decretaron la prisión provisional dictada anteriormente.

El caso ha generado una gran expectación en el ámbito jurídico internacional, ya que representa un desafío sin precedentes a la impunidad de los dictadores y sus familias. La Justicia española ha demostrado que ningún cargo, por alto que sea, está por encima de la ley, y que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, sin importar dónde se hayan cometido.

El juez Pedraz procesa al hijo de Obiang por secuestro y torturas de cuatro opositores | España