España prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años: la medida que divide a la industria y une a la sociedad

Este miércoles, en un movimiento que ya genera ruido en supermercados, gasolineras y redes sociales, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció desde Barcelona un cambio radical en la regulación de las bebidas energéticas. A partir de ahora, ningún menor de 16 años podrá comprar estos productos en todo el territorio español. Pero hay más: aquellas bebidas que superen los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros quedarán vetadas también para los menores de 18 años.

La medida, que se enmarca en una ofensiva más amplia contra la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores, ha sido presentada como una respuesta directa al «clamor social» que reclama mayor protección para niños, niñas y adolescentes. Y los números parecen darle la razón al ministro: nueve de cada diez españoles respaldan esta prohibición, según el último barómetro de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Incluso entre la población más joven (18-35 años), el apoyo alcanza un 88,3%.

El consumo preocupa: casi la mitad de los jóvenes toma una al día

Los datos que maneja Consumo no dejan lugar a dudas. Un 25% de los encuestados reconoce consumir bebidas energéticas, con una frecuencia media de dos veces por semana. Pero lo más alarmante es que casi la mitad de quienes las toman ingiere al menos una al día, y un 47% las combina habitualmente con alcohol. Ante este panorama, la percepción de riesgo entre la ciudadanía es evidente.

Esta nueva normativa se apoya también en trabajos científicos previos. En 2021, el Comité Científico de la AESAN ya advirtió de que un consumo excesivo de cafeína puede desencadenar efectos fisiológicos no deseados, como alteraciones del sueño, trastornos cardiovasculares y consecuencias psicológicas que afectan al comportamiento. No se trata, por tanto, de una alarma nueva. La regulación llega después de años de evidencia acumulada.

España se alinea con Europa y presiona a la industria

La medida sitúa a España en la estela de países como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania, que ya han adoptado restricciones similares. Dentro del país, algunas comunidades autónomas como Galicia y Asturias han avanzado en la misma dirección, lo que, según Consumo, refuerza la necesidad de armonizar la legislación a escala estatal y garantizar así la unidad de mercado.

Pero Bustinduy no se ha limitado a las bebidas energéticas. En paralelo, su ministerio impulsará también una regulación sobre la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores. «Son anuncios nocivos para su salud», afirmó el ministro, quien defendió ambas medidas como respuesta a ese mismo clamor ciudadano. Y los números también respaldan esta segunda línea de acción: cerca del 80% de la población cree que debería prohibirse la publicidad de alimentos poco saludables dirigida a niños y adolescentes.

30 impactos publicitarios al día: la guerra invisible por la salud infantil

Cada menor en España recibe más de 4.000 anuncios de comida no saludable al año solo a través de la televisión. Si se suman otros canales de comunicación, la cifra escala hasta los 30 impactos publicitarios diarios. Organismos como la Organización Mundial de la Salud alertan de que esta exposición incrementa la ingesta calórica, fomenta hábitos poco nutritivos y deja una huella perjudicial y duradera en la salud infantil. Además, advierten de que estas campañas recurren a técnicas persuasivas difíciles de detectar para los más jóvenes, usando influencers e ídolos del deporte para asociar sus productos a la diversión.

Bustinduy fue tajante al respecto. Defender la salud infantil implica, según sus palabras, «poner coto a los poderosos». Un 80% de niños y adolescentes en España consume alimentos y bebidas no saludables, según datos de la Gasol Foundation. Para el ministro, actuar es una «cuestión de salud pública» y una forma de «garantizar los derechos de la infancia».

La industria responde: «Medida populista y sin base científica»

La Asociación Española de Refrescos (AER) ha calificado la medida de «populista» y ha asegurado que «no hay evidencia científica que justifique una restricción tan drástica». Marcas como Red Bull, Monster o Burn, que copan el mercado, han advertido de que esta norma podría suponer una merma importante en sus ventidas, especialmente en el canal de conveniencia (gasolineras, tiendas de barrio, máquinas expendedoras).

En redes sociales, el debate está servido. Mientras organizaciones de consumidores y pediatras celebran la medida, hay voces que la critican por «infantilizar» a los jóvenes y por «criminalizar» un producto que, en su versión light o zero, no contiene azúcar. También se debate si la edad límite debería ser 16 o 18 años, o si la restricción debería extenderse a otros productos con alto contenido en estimulantes, como el café o el té.

¿Y ahora qué? El calendario de la norma y su impacto real

La norma, que deberá ser aprobada en Consejo de Ministros y luego tramitada en las Cortes, no entrará en vigor de la noche a la mañana. Fuentes de Consumo apuntan a un período de adaptación de al menos seis meses, tiempo en el que se prevé una campaña informativa y una supervisión por parte de Sanidad y las comunidades autónomas.

El impacto real, sin embargo, podría ser mayor de lo esperado. No solo por la caída en ventas, sino por el efecto llamada que puede tener en otros países de la UE. Si España logra imponer esta restricción sin grandes sobresaltos, es probable que otros Estados miembros se planteen medidas similares, lo que podría reconfigurar el mapa del mercado de bebidas energéticas en Europa.

El futuro de la salud infantil: más allá de las bebidas energéticas

Para Bustinduy, esta es solo la primera piedra de un edificio más ambicioso. «No se trata solo de quitar un producto de la mano de un menor, sino de cambiar la cultura del consumo», ha afirmado. El ministerio prepara también un plan de fomento de la actividad física en centros escolares, una regulación más estricta de la publicidad de alimentos en horario infantil, y un impulso a la etiquetado frontal de alimentos, similar al modelo chileno de «semáforo nutricional».

En un contexto en el que uno de cada tres niños en España tiene sobrepeso u obesidad, y en el que la OMS alerta de que la generación actual podría ser la primera en vivir menos años que sus padres por causas relacionadas con la dieta, la batalla por la salud infantil se ha convertido en un asunto de Estado. Y, al menos por ahora, la mayoría de la sociedad parece estar de parte del ministro.

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