La Policía registró el debate interno en el PCE y en el PSOE, que respaldaron la actuación de Don Juan Carlos en febrero de 1981

En una revelación que ha sacudido el panorama político y social de España, documentos desclasificados han puesto al descubierto que el Cuerpo Nacional de Policía realizó un seguimiento exhaustivo de las conversaciones y debates internos que se produjeron en el Partido Comunista de España (PCE) y en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tras la intentona golpista del 23 de febrero de 1981. Esta operación de vigilancia, hasta ahora desconocida, revela hasta qué punto las instituciones del Estado monitorizaban las posturas de los principales partidos políticos en un momento clave para la consolidación de la democracia en el país.

Según los informes policiales a los que ha tenido acceso este diario, los agentes destinados a labores de inteligencia interna registraron detalladamente las posturas que ambos partidos adoptaron en relación con el papel del entonces Rey Juan Carlos I durante los acontecimientos del 23-F. Mientras el país vivía horas de incertidumbre y tensión, con el Congreso de los Diputados tomado por guardias civiles y el país pendiente de la televisión, la figura del monarca emergió como un factor clave para frenar el golpe y preservar el orden constitucional.

Los documentos desclasificados muestran que, tras el fracaso de la intentona, tanto el PCE como el PSOE emitieron comunicados oficiales en los que expresaban su respaldo a la actuación del Rey. Sin embargo, la Policía no se limitó a recopilar estas declaraciones públicas, sino que profundizó en el debate interno de ambas formaciones, registrando las discrepancias, las presiones internas y las posiciones de sus dirigentes más relevantes.

En el caso del PSOE, los informes detallan que, aunque la dirección del partido liderada por Felipe González respaldó públicamente la intervención de Don Juan Carlos, existieron voces críticas dentro de la formación. Algunos sectores, especialmente entre las juventudes socialistas y diputados de base, expresaron su preocupación por el papel del monarca en un sistema que aún se debatía entre la monarquía parlamentaria y la república. No obstante, la línea oficial del partido se impuso y se mantuvo un discurso unitario en defensa de la acción del Rey como garante de la Constitución.

En el PCE, la situación fue aún más compleja. El partido, que históricamente había mantenido una posición republicana, se vio obligado a matizar su discurso ante la gravedad de los hechos. Los informes policiales reflejan que, aunque el secretario general Santiago Carrillo y la mayoría de la dirección apoyaron la intervención del Rey como un mal menor frente al golpe militar, hubo debates intensos en los comités provinciales y en la militancia más joven. Algunos sectores consideraban que el golpe había sido una consecuencia directa de la monarquía como institución, y que no se podía separar la figura de Juan Carlos I del sistema que la sustentaba.

La Policía, a través de sus servicios de información, logró infiltrar a informantes en reuniones internas de ambos partidos, lo que le permitió acceder a discusiones que nunca trascendieron al ámbito público. Estos informes incluían transcripciones de conversaciones, análisis de la correspondencia interna y seguimiento de las reuniones de los comités ejecutivos. Todo este material fue remitido a instancias superiores del Ministerio del Interior y, en algunos casos, a la propia Moncloa.

La revelación de estas prácticas de vigilancia ha generado un intenso debate en la sociedad española. Organizaciones de defensa de las libertades civiles han criticado duramente la actuación de la Policía, argumentando que se vulneraron derechos fundamentales como la libertad de expresión y la privacidad de los partidos políticos. Por su parte, historiadores y expertos en la Transición española han subrayado la complejidad del contexto político de la época, en el que la estabilidad democrática se consideraba un bien frágil y prioritario.

El Gobierno, consultado al respecto, ha evitado pronunciarse de forma categórica. Fuentes oficiales han señalado que los hechos ocurrieron hace más de cuatro décadas y que, en aquel momento, las prácticas de vigilancia estaban normalizadas dentro de las instituciones del Estado. No obstante, han reconocido que hoy en día tales métodos serían considerados inaceptables y contrarios a los principios democráticos.

Por su parte, tanto el PSOE como el PCE han reaccionado con prudencia. El PSOE ha recordado que, en aquel momento, el país vivía una situación de extrema gravedad y que la unidad frente al golpe fue fundamental para preservar la democracia. El PCE, por su parte, ha lamentado que se espiaran las deliberaciones internas de los partidos, pero ha subrayado que su postura histórica sobre la monarquía no ha variado y que el 23-F fue un punto de inflexión en la consolidación del régimen.

Esta revelación llega en un momento en el que el debate sobre el papel de la monarquía en España vuelve a estar sobre la mesa. Con la reciente abdicación de Juan Carlos I y la entronización de Felipe VI, así como con las crecientes críticas desde sectores republicanos, el 23-F sigue siendo un referente simbólico en la historia contemporánea del país.

Los documentos desclasificados, que incluyen informes policiales, transcripciones de reuniones y análisis de la prensa de la época, han sido incorporados a un fondo documental que será consultado por investigadores y académicos. Se espera que esta nueva información aporte luz sobre uno de los episodios más decisivos de la reciente historia de España y sobre las tensiones internas que se vivieron en los partidos políticos durante la Transición.

En resumen, la operación de vigilancia desvelada demuestra hasta qué punto el Estado monitorizó las reacciones políticas al 23-F, registrando no solo las posturas públicas, sino también los debates internos de los partidos. Este episodio, hasta ahora desconocido, plantea nuevas preguntas sobre el equilibrio entre seguridad y libertades en momentos de crisis institucional, y sobre cómo se construyó el consenso político que permitió consolidar la democracia en España.

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